Las grandes crisis no suelen tener dirección postal. Se
anuncian en informes que pocos leen y en gráficos que viajan entre capitales.
Pero sus consecuencias sí tienen una dirección y un efecto concretos: la
persiana que baja en la calle Mayor; el alquiler imposible para un joven sin
renunciar a todo; la cita médica que se aplaza hasta rozar la burla; el oficio
que se extingue porque nadie recoge el testigo. Barbastro es uno de esos
lugares donde lo abstracto se vuelve cotidiano y, por eso mismo, legible.
Con algo más de 17.700 habitantes, según el padrón del INE a
enero de 2025, Barbastro es capital comarcal del Somontano y tercera ciudad de
la provincia de Huesca. Durante siglos fue un nudo comercial del Aragón
interior. Ignacio de Asso ya describía en el siglo XVIII una ciudad sostenida
por el intercambio, con vida mercantil conectada con Francia y con un mundo
colonial hoy desaparecido. Trescientos años después el perceptible deterioro no llega
como consecuencia de una guerra o una catástrofe: llega como desgaste: obsolescencia
económica, centralización de servicios y cambio de hábitos asociado a la era
digital. No se oye, pero se nota.
Rufián, un pintoresco diputado del Congreso, antes furibundo y deslenguado independentista catalán y hoy sedicente paladín de la unidad de la izquierda española, se postula como referente de una parte del paisanaje que, según él, está desamparada por un PSOE en crisis terminal y por una constelación de partidos cuyas querellas y trifulcas los alejan de su electorado natural. Un electorado que, ante semejante desamparo, podría inclinarse por el PP o incluso por la ultraderecha. O abstenerse. Pero si esas siglas, hoy separadas y en gresca permanente, se unen, sus partidarios por pocos que sean, votarán juntos por esa coalición que alcanzará, con tan original procedimiento, las alturas del Olimpo gubernamental. Pudiera ser, sin embargo, que el efecto fuera exactamente el contrario. Es decir, que electores que darían su voto a Sumar, por ejemplo, se dejaran cortar la mano antes que votar una coalición en la que estuviera Podemos. Pero, como de costumbre, aquí de lo que se trata es de conseguir una lista que encabezar, por pocas posibilidades electorales que tenga, siempre y cuando esté garantizada la salida para el cabeza de la lista y aquellos que hayan contribuido a hacer viable el invento. Y eso no es difícil. Como tampoco lo es que, en un escenario tan polarizado como el actual, esos pocos escaños sean decisivos a la hora de formar gobierno y permitan, a los cabecillas de la coalición, ejercer una influencia y disfrutar de unos privilegios que de otra manera nunca les hubiera correspondido. No sería la primera vez.
El debate sobre la
financiación autonómica se ha convertido en un campo de batalla ideológico
donde algunos territorios invocan constantemente la "ordinalidad"
como si fuera un principio sagrado e incuestionable. Pero desde las comunidades
con menor renta per cápita, necesitamos desmontar este argumento porque oculta
una profunda injusticia estructural.
Hablar de
"ordinalidad" —que ninguna comunidad quede peor en el ranking tras
las transferencias— suena técnico y neutral, pero es profundamente político. Lo
que realmente significa es: "las desigualdades actuales son legítimas y
deben preservarse". Como si la distribución actual de la riqueza
territorial fuera resultado del mérito o el esfuerzo, y no de siglos de
decisiones políticas sobre dónde ubicar puertos, aeropuertos, ministerios,
sedes empresariales, inversión en I+D, infraestructuras estratégicas.
(Claude AI) Vivimos un momento histórico donde la evidencia
audiovisual ha perdido su condición de prueba irrefutable. Durante décadas, una
grabación de voz o un vídeo funcionaron como ancla de verdad en conflictos
judiciales, financieros o políticos: "está grabado" equivalía a
"es innegable". Pero la IAG ha roto ese pacto epistémico. Hoy
cualquiera puede generar un vídeo donde un CEO admite fraude, un testigo cambia
su versión o un político promete lo contrario de lo que dijo. El problema no es
solo técnico sino estructural: incluso las grabaciones auténticas quedan
contaminadas por la duda razonable. Si todo puede ser falso, nada es
definitivamente verdadero. Esto altera radicalmente el equilibrio de poder en
disputas legales y comerciales: quien antes temía una grabación comprometedora
ahora puede alegar deepfake; quien antes confiaba en documentar abusos descubre
que su prueba es impugnable. ¿Cómo crees que deberíamos recalibrar nuestros
sistemas de verificación y confianza ante esta nueva realidad? ¿Qué mecanismos
pueden sustituir la autoridad perdida de la imagen y el sonido?
(ChatGpt) Tu reflexión es muy certera y da en un punto clave: hemos
perdido la “fe” en la evidencia audiovisual como ancla de verdad, y eso tiene
consecuencias profundas, no solo técnicas, sino éticas, legales y sociales.
Lo que antes era una prueba casi incontestable
("está en vídeo, se acabó el debate") ahora está sujeto a sospecha, y
eso trastoca los cimientos sobre los que construimos confianza en los procesos
judiciales, mediáticos y políticos. Si todo puede ser falsificado, entonces
nada es fiable por sí solo, ni siquiera lo auténtico. Eso es una bomba
epistemológica.
Hay gente, sobre todo entre los mayores de 60 años, que
considera necesario comparar, desfavorablemente, lo que pasa ahora con lo que
pasaba en ‘sus’ tiempos. Y es verdad que las cosas han cambiado, seguramente
más de lo que en ‘sus’ tiempos habían cambiado las cosas en relación con los
tiempos de sus padres o de sus abuelos. El cambio, tal como lo experimentamos
en la actualidad, tiene, sin embargo, características propias. Es un cambio con
un componente claramente antropogénica, no viene impuesto por una civilización
extraña en busca de recursos, como les pasó a los pueblos colonizados por
europeos en el resto del mundo en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, sino por
un progreso científico, acelerado a partir del siglo XVII, cuyos efectos
—sanidad, tecnología, energía— se manifestaron con claridad en el siglo XX.
Este progreso permitió, entre otras cosas, un extraordinario crecimiento de la
población, a pesar de ser el siglo con mayores pérdidas humanas a causa de las
guerras. Por otra parte, los cambios experimentados por nuestros padres y
abuelos eran generacionales. Ahora el cambio es frenético, hasta el punto de
que resulta difícil reconocer el mundo de hoy en el de hace solo diez o veinte
años.
El empobrecimiento del debate público en España ha alcanzado
tal grado que parece que el único problema político relevante es si el actual
presidente del gobierno continúa o no en el poder. Como si el país entero
estuviera suspendido de una biografía. Como si la decadencia o la prosperidad
nacionales dependieran exclusivamente de la permanencia de un hombre y no de la
estructura misma del sistema político, económico y territorial.
Y no digo que la continuidad del Sr. Sánchez no importe —le
importa, desde luego, a él, a una parte de la clase política y seguramente a
mucha gente más—, pero elevar esa cuestión a eje casi exclusivo del debate es
una forma de irresponsabilidad colectiva. Se discute el relevo con pasión, pero
se evita cuidadosamente la discusión sobre el rumbo. Y eso no es casual: hablar
de nombres es mucho más cómodo que hablar de modelos.
Pero claro, mientras tanto los problemas de fondo
permanecen. No se resuelven, no se afrontan y ni siquiera se formulan con
claridad. Se ocultan bajo cifras espectaculares, anuncios grandilocuentes y una
sucesión de parches que permiten ganar tiempo político a costa de perder un tiempo
histórico que difícilmente se recuperará.
Pues mira por dónde el final de año nos ha traído un nuevo
ciclo electoral. Hace años que no soy un entusiasta de las elecciones. No me
gusta el procedimiento y, además, soy plenamente consciente de la nula
influencia que mi voto tendría en el resultado final.
Dicho así, esta afirmación suele provocar incomodidad e
incluso reacciones adversas. Los creyentes en la liturgia democrática la
interpretan como cinismo o, peor aún, como irresponsabilidad cívica. Pero no es
ni una cosa ni la otra: es simple aritmética electoral combinada con años de
observación empírica de cómo funcionan realmente las cosas.
En marzo de 2012 escribí un texto sobre el Peak
Oil cuando el Brent cotizaba a 125 dólares el barril. Desde la
UNED y también en dos congresos en 2011 y 2014, advertimos sobre la caída de existencias
en Europa, la insostenibilidad del modelo energético y la ceguera política
deliberada. El diagnóstico entonces era sombrío, pero aparentemente claro: la
contracción de la oferta de petróleo convencional dispararía los precios y
colapsaría el sistema. Trece años después, en diciembre de 2025, el Brent
cotizaba en torno a los 59 dólares. Menos de la mitad.
El error no estuvo en el diagnóstico estructural—el petróleo
convencional efectivamente entró en declive terminal—sino en asumir rigidez
donde hubo elasticidad. El sistema respondió de tres formas que no fuimos capaces
de anticipar:
Primero, el fracking estadounidense actuó como
colchón temporal, inundando el mercado con petróleo no convencional, carísimo
pero funcional mientras los precios se mantuvieron altos. Es insostenible —los
pozos se agotan en 2-3 años frente a los 20-30 de yacimientos convencionales—,
pero retrasó la crisis.
Segundo, la demanda no creció como se esperaba. China
desaceleró estructuralmente, Europa se empobreció y la electrificación del
transporte avanzó más rápido de lo previsto. El colapso vino por el lado de la
demanda, no de la oferta.
Tercero, la OPEP perdió disciplina. La supresión
de las cuotas que hasta entonces limitaban la producción, entre otros factores,
generó una carrera a la baja suicida que aún mantiene los precios deprimidos
pese a la previsible escasez estructural.
El Peak Oil llegó, efectivamente, pero su manifestación no
fue la espiral inflacionaria anticipada sino algo aún más peligroso: una
economía tan debilitada que no puede pagar ni siquiera el petróleo abundante.
Precios bajos en un contexto de decadencia, no de colapso súbito. El cadáver
sigue caminando.
En su ensayo de 1962 Hazards of Prophecy: The Failure of
Imagination, Arthur C. Clarke formuló una ley que ha sido citada hasta la
saciedad:
«Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es
indistinguible de la magia».
La frase apareció el sábado pasado en la tertulia del Viejo Café, cuando hablábamos
de inteligencia artificial, algoritmos generativos, chatbots, sistemas de
recomendación, y de cómo lo que antes requería una infraestructura industrial
hoy cabe en el bolsillo. Fue entonces cuando conté una anécdota doméstica,
quizá insignificante, pero también reveladora.
En el viejo caserón de mi abuela la iluminación de la
escalera era un pequeño rompecabezas. Tres interruptores —uno en el patio, dos
en los primeros pisos— regulaban la luz. Para encenderla, todos debían estar en
posición de encendido y uno solo, en la posición contraria, bastaba para apagarla. Durante años vivimos
el problema sin buscar una solución, con la resignación con la que se aceptan las cosas que "siempre han
sido así".
Hasta que, hojeando un manual de tecnología en el Instituto, descubrí los conmutadores:
una solución sencilla para una instalación con todo el cableado al descubierto. Compré el material, hice el cambio y por
fin se pudo encender o apagar la luz, desde cualquier punto. La reacción de mi
abuela compensó el trabajo que me había tomado: “Esto es cosa de brujas”, dijo.
Magia.
No es casual que algo tan simple, al alterar el
funcionamiento habitual, se viviera como hechizo. En realidad, ese tipo de
experiencias revela cómo la tecnología, más que una herramienta neutral, es una
forma cultural, un dispositivo simbólico.
Walter Benjamin, en La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica, señalaba que el desarrollo técnico disuelve el
“aura” de lo tradicional, pero también produce nuevos rituales. En este caso,
el ritual era encender la luz a través de una coreografía compartida. Una
pequeña intervención técnica rompió el rito, y lo sustituyó por algo más
racional, pero también más frío. Lo nuevo no solo resolvía un problema:
también modificaba un hábito.
He visto un fragmento de la entrevista concedida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una televisión catalana. En ella reconocía, con aire visiblemente compungido, haber incumplido parte de los acuerdos alcanzados con Junts para asegurar su investidura. Prometía enmendarse y cumplirlos todos a partir de ahora.
¿Era necesaria la humillación pública del presidente del gobierno para mantener los votos de Puigdemont? ¿No hubiera bastado con una llamada o con enviar un mensajero que transmitiera en privado el arrepentimiento y el propósito de enmienda? Por lo visto, sí y no. Sí, la confesión pública, la penitencia, era necesaria. Por lo tanto no, no bastaba con una comunicación discreta.
Porque aquí no se trata solo del señor Sánchez. Es el Gobierno de España el que reconoce ante las cámaras y ante todo el país haber faltado a sus compromisos —algunos de dudoso encaje en las leyes españolas— con un fugado de la justicia, prometiendo no volver a hacerlo. No es simplemente un político haciendo el ridículo, cosa que a estas alturas tendría escasa o ninguna importancia. Es el Estado español arrodillándose a cambio de unos votos que permitan al gobierno actual llegar al final de la legislatura.
Pero Puigdemont y los siete votos de Junts que controla no son todo lo que necesita el gobierno para mantenerse en el poder. Se necesitan también los votos de ERC, Sumar, PNV y Podemos, cuyos intereses políticos están, en principio, bastante alejados de los de Junts, aunque coinciden todos en algo esencial: un gobierno débil y plenamente consciente de que perderá cualquier elección que convoque es un regalo caído del cielo. Algo de lo que no se puede prescindir, al menos no antes de haberle extraído todo el jugo posible. Y en eso están.
Lo que estamos viendo no es una negociación compleja entre formaciones diversas ni el ejercicio normal del parlamentarismo de coalición. Es una forma de gobernabilidad sostenida sobre el chantaje explícito, la cesión sin límite y una dependencia absoluta de actores que no comparten visión alguna del Estado salvo la de su utilidad como fuente de recursos y palanca de poder. La humillación pública del presidente no es un detalle anecdótico: es el protocolo que exige el sistema. La subordinación debe ser visible porque el espectáculo forma parte del precio.
Esto plantea interrogantes que van mucho más allá de la estabilidad de un gobierno concreto. Cuando la política se convierte en la gestión diaria de extorsiones múltiples, cuando quien gobierna no es quien gana elecciones sino quien mejor negocia su propia humillación, cuando el Estado se ve obligado a negociar con quienes lo desafían desde una posición de fuerza sin legitimidad, algo se ha roto en la arquitectura institucional.
No sabemos cuánto tiempo puede sostenerse esta ficción ni qué quedará cuando colapse. Pero lo que sí sabemos es que cada concesión arrancada mediante chantaje, cada humillación pública normalizada, cada límite legal difuminado en nombre de la "estabilidad", degrada un poco más la confianza en las instituciones y ensancha el espacio para soluciones que, llegado el momento, no tendrán nada que ver con la madurez democrática.
He recibido una foto en la que aparecen el ministro de la Presidencia,
Sr. Bolaños, y el líder de la oposición, Sr. Feijóo, en agradable y distendida
conversación. Aparentemente la foto ha causado el escándalo de algunas buenas
gentes que creen ver en ella la imagen de una connivencia intolerable o de un
compadreo falaz. Algo que desmiente el pretendido rigor y la aparente hostilidad de sus enfrentamientos
públicos.
Pero es que los políticos no se enfrentan entre ellos porque
se odien realmente —aunque es probable que, en muchos casos, no se soporten,
especialmente dentro del mismo partido—, sino porque interpretan el espectáculo
que la ciudadanía espera ver. En el fondo, actúan como si ese enfrentamiento
formara parte de sus obligaciones: una coreografía de la confrontación que da
sentido a su rol público.
A pesar de las acusaciones cruzadas —en las que se imputan
mutuamente ineptitud, malas intenciones e incluso delitos que llevarían a
cualquier ciudadano común a prisión durante años—, todos ellos son plenamente
conscientes de que se necesitan los unos a los otros. Saben que forman parte de
la misma troupe, y que la representación solo resulta creíble si
participan todos los actores, y se cubren todos los papeles previstos en el
guion.
Por eso, cuando organizan comisiones de investigación o
formulan denuncias desde la tribuna parlamentaria o los medios de comunicación —normalmente
escritas por otros y como parte del mismo guion—, no lo hacen tanto en busca de
la verdad como para ofrecer a sus respectivos públicos la dosis de enfrentamiento que necesitan. Una audiencia que finge escandalizarse cuando el denostado es del
bando contrario, pero que guarda silencio —o lo justifica todo— cuando el
señalado pertenece a los suyos. Porque todos, en definitiva, participan en un
juego cuyas reglas fingen ignorar.
El problema, con esta escenografía, es que finalmente
terminen todos, actores y público, por creerse los papeles que les han tocado
en suerte, tomen la parte por el todo y confundan el escenario con el mundo
real. Que el fin último de la política, que es, o debería ser, la organización
justa y eficaz de la vida en común, se transmute en un interminable conflicto
para conseguir y mantener el poder. Un conflicto que tiene el potencial
necesario para acabar mal, muy mal o, no sería la primera vez, a bofetadas. O a
tiros.
¿Por qué hay tanta gente que cree ahora que todo se está
desmoronando? ¿Por qué la incompetencia en política es hoy la norma y no la
excepción? ¿Por qué este clima de cierre, de final de ciclo, cuando apenas
cruzamos el primer cuarto de un siglo que parecía tan prometedor? ¿Y por qué,
si en realidad nunca se ha vivido mejor se extiende la idea de que esto no
puede durar mucho más? Y, sobre todo, ¿Por qué tantos gobiernos europeos
consideran ahora plausible una guerra generalizada en un futuro inmediato?
Hay, al menos, dos hipótesis posibles —y no necesariamente
excluyentes— para interpretar el momento presente. La primera es que esta
civilización ha entrado en una fase avanzada de colapso sistémico. La segunda
que nos encontramos en medio de una transformación estructural acelerada,
gestionada por formas de poder difusas y reforzada por desigualdades crecientes
en el acceso a la información, los recursos y la toma de decisiones.
En junio de 2022 compré un triciclo motorizado que tenía, y
tiene, las características que exige el reglamento general de vehículos para
ser considerado un vehículo para personas con movilidad reducida. La DGT
emitió, a petición mía, un informe en el que se dice que el vehículo en
cuestión 'puede' ser considerado un ciclomotor de tres ruedas o un vehículo
para personas con movilidad reducida. El jefe de la policía municipal en el
momento de la compra vio el vehículo y no apreció ningún problema en que recibiera
tratamiento similar a una silla de ruedas a pesar de que su aspecto, no su
velocidad ni su peso, era el de un ciclomotor de tres ruedas, similar, por otra
parte, a los Scooter de tres y cuatro ruedas que utilizan las personas con
problemas de movilidad.
Después de un año utilizándolo sin problemas, y ya con un
nuevo jefe en la policía municipal, un agente me impuso una sanción de 500€ por
circular sin ‘autorización administrativa’. Todos los intentos de solucionar el
problema por vía administrativa, —a través del alcalde y el delegado del
gobierno en Aragón, que inicialmente parecieron escandalizarse, de la
subdelegación del gobierno en Huesca, de la DGT central y del defensor del
pueblo—, se sustanciaron sin éxito: todos acabaron en la jefatura de Huesca de
la DGT, poniendo de manifiesto la absurda circularidad y tautología de un sistema
diseñado para protegerse a sí mismo. No quedó otra salida que interponer un
recurso contencioso administrativo, formalmente contra la imposición de sanción,
pero, sobre todo, para intentar aclarar la situación del vehículo.
La última vez que vi la grabación de un pleno municipal,
hace unos meses, el alcalde estaba reprendiendo a una concejala de la oposición
por no atenerse al orden del día. De hecho, llegó a expulsarla por insistir en
su desbarre discursivo y la concejala no tuvo más remedio que abandonar la
sala, aunque la situación se recondujo poco después.
Ayer vi el fragmento de una sesión reciente en el que, mira
que casualidad, el alcalde volvía a dirigirse a la misma concejala para
rogarle que se ciñera a la cuestión que
se estaba debatiendo. En esta ocasión la concejala en cuestión desistió de
llevar la polémica más lejos y terminó su intervención, pero eso no evitó que
la portavoz del partido popular le acusara de ‘falta de respeto’, ‘provocación’
y algo más que no recuerdo. Tanto la portavoz como el alcalde insistieron en
que se atuviera al procedimiento que, por lo que me pareció entender, incluye
solicitar audiencia al concejal afectado por las críticas de la edil, dirigirse
a la comisión de gobierno o pedir la inclusión de su tema en el siguiente
pleno. Cualquier cosa, por lo visto, antes que apartarse del objeto del debate o interpelar directamente al alcalde en el pleno.
Utilizar el reglamento, o una interpretación sui generis del
reglamento, como instrumento de control político no es una buena idea. En mi
opinión, un concejal en el uso de la palabra no debería ser interrumpido,
mientras intervenga con el tono y la corrección adecuados, salvo que se exceda
en el tiempo establecido o utilice técnicas de filibusterismo parlamentario
para impedir o dificultar el normal desarrollo de una sesión. Si se aparta del
tema o utiliza argumentos débiles o equivocados en defensa de su postura es su
problema, no el del alcalde o su equipo, La política local ya tiene bastantes
problemas de amateurismo e improvisación como para restringir el uso de la
palabra en el lugar establecido, precisamente, para hacer uso de ella.
Enriquecer el debate no pasa, desde luego, por coartarlo.
Una revisión actualizada de la entrada del jueves, 14 de enero de 2010: Reflexiones, desordenadas, sobre el ¿final? de la crisis. Formato y fuentes con la colaboración de Claude.ai.
Abstract
En esta entrada se analiza la crisis financiera global iniciada en 2008 como el inicio de una fase de dislocación estructural del capitalismo tardío. Se argumenta que, lejos de ser superada, esta crisis ha mutado en un proceso multidimensional de carácter sistémico que se ha manifestado en los ámbitos financiero, energético, climático y político. A través de una lectura intersistémica, se examinan las lógicas de acumulación financiera, los límites biofísicos de la transición energética, el papel de los Estados en la gestión del riesgo y la progresiva erosín de la legitimidad institucional. El artículo se inscribe en el debate contemporáneo sobre la sostenibilidad del orden económico global y la posibilidad de un giro civilizatorio.
Según el artículo 134 apartados 3 y 4 de la Constitución
Española, el gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados
los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la
expiración de los del año anterior. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara
antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán
automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la
aprobación de los nuevos.
¿Qué significa “deberá presentar”? Pues precisamente eso. No
hay matices. El gobierno debe presentar la Ley de Presupuestos y si no la
presenta estará incumpliendo la Constitución. La “prórroga” está prevista para
el caso de que los presupuestos “presentados” por el gobierno sean rechazados
por las Cortes. Los constituyentes no contemplaron el supuesto de que el
ejecutivo pudiese eludir la presentación del proyecto de ley, menos aún por periodos tan
extensos, que en este caso abarcarán de dos a cuatro años.
El gobierno, por lo tanto, lleva dos años recaudando impuestos y
aprobando gastos en virtud de una ley aprobada por una legislatura previa, un
acto que, por su naturaleza, se sitúa al margen de la legalidad
constitucional. Este uso prolongado de una ley presupuestaria caducada
implica, de facto, la inobservancia del principio democrático que exige
la renovación del consentimiento parlamentario para el ejercicio de la
potestad tributaria. Dado el actual clima de polarización y el consecuente deterioro
de la primacía de la ley, los ciudadanos se ven compelidos a afrontar estas
exacciones fiscales, aun sabiendo que su legitimidad constitucional es
cuestionable, bajo el riesgo de incurrir en sanciones por parte de la Hacienda
Pública.
Siglos después de la aprobación de la Carta Magna que
restringía el poder del Rey de recaudar impuestos sin el consentimiento del
Parlamento, de que las cortes castellanas y aragonesas limitaran la capacidad
recaudatoria del Rey y de que las colonias americanas se levantaran contra el
parlamento británico al grito de ‘no taxation without representation’, el
gobierno español recauda impuestos sin ni siquiera presentar una ley que los
respalde.
¿Por qué pasa esto? Porque los mecanismos correctores
previstos están desactivados. El Tribunal Constitucional, en su actual
composición, no va a desautorizar al gobierno y la moción de censura
constructiva requiere una mayoría imposible de alcanzar en estos momentos. La
disolución automática, única salida posible a la actual situación, no fue
prevista por los constituyentes, de manera que nos encontramos ante un bloqueo institucional
que permite al gobierno incumplir la Constitución, pero que no exime a los
ciudadanos de la obligación de pagar unos impuestos acordados por un parlamento que ya no existe.
Pero todo esto no le importa a casi nadie. Mucha gente cree que
lo importante es que gobiernen los ‘suyos’ y no van a poner eso en riesgo por
unos presupuestos que no saben para que sirven o por una Constitución de la que la mayoría no ha oído hablar y muy
pocos podrían citar algún artículo. El razonamiento anterior es aparentemente inatacable, pero eso da igual. Los partidarios del gobierno y sus
detractores encontrarán argumentos en contra o a favor sin ningún problema. Y
si no los encuentran pueden preguntar a alguna inteligencia artificial, que les dará una respuesta, impecablemente redactada, y con las citas y referencias que sean necesarias para sostener cualquier postura. Pero eso también dará igual porque, naturalmente, tampoco le interesará a casi nadie.
En la mesa más apartada del viejo café discutíamos acerca
de la viabilidad del modelo capitalista de sociedad, el único, dije al
introducir el tema, que ha sobrevivido al convulso siglo XX. Alguien aventuró
que el modelo chino también lo había hecho y de forma espectacular, para
admitir, después de una breve disputa, que China es un país tan capitalista
como Estados Unidos. Su economía funciona con lógica de mercado, aunque el país
esté gobernado por un régimen de partido único que mantiene, por conveniencia
política, la etiqueta comunista.
Un elemento clave del modelo en la actualidad es la
omnipresencia de las redes sociales, cuya influencia podría matizarse —o
intensificarse— con la eclosión de la inteligencia artificial generativa (IAG)
que, se quiera o no, ya forma parte del debate. Además, dijo otro, las redes
sociales, aunque hay quien las considera una alternativa política a los
actuales sistemas de representación, son sobre todo recursos del sistema. Tanto
es así, convine, que su supervivencia está condicionada a su rentabilidad
económica y, en el caso de la IAG, a su consolidación como herramienta insustituible
mediante la creación y mantenimiento de un público cautivo.
A alguien le pareció sorprendente la velocidad con
la que se está produciendo la penetración de la IA, que no tiene comparación,
dijo, con la de cualquier otra herramienta informática desplegada hasta la
fecha. Eso puede atribuirse, convinimos, a que se trata de una tecnología cuya
principal característica no es la inteligencia —algo que ya exhibían, desde
hace tiempo, los sistemas dedicados al análisis de datos y la toma de
decisiones en el ámbito industrial— sino el hecho de que habla y es, por
tanto, capaz de comunicarse, en lenguaje natural y con fluidez, con cualquiera,
independientemente de su formación, ideología o idioma.
Después se mencionó que hoy compiten más de veinte modelos
de IAG por la captación de ese mercado cautivo. El procedimiento para imponerse,
salvo por cuestiones de escala, accesibilidad y precio, podría ser similar al
que utilizó Microsoft en los 80 y 90 para imponer primero DOS y luego Windows:
una suscripción gratuita, complementada con mejoras considerables para los
usuarios de pago, que acaba generando una dependencia creciente, capaz de
enganchar y moldear el pensamiento de un público cada vez más amplio.
Claro que, se dijo, Windows y DOS eran,
comparativamente, inofensivos. Su precio y su costo operacional eran muy
inferiores y siempre existía la posibilidad —más bien la obligación— de tener
una copia local a la que recurrir. Con la IA eso no existe. La infraestructura
necesaria para entrenar y ejecutar un modelo está al alcance de unas pocas
grandes empresas. Las excepciones —como Llama o Mistral— existen, pero sus
resultados son limitados. Con Windows uno tenía la aplicación. Ahora sólo tiene
el acceso y no hay copia local a la que volver si tu proveedor corta el acceso
al sistema. Windows era, en alguna medida, prescindible. En los años 80 una
máquina de escribir y una calculadora podían salvarte el día. La IA generativa no
tendrá alternativa en un futuro previsible y está contribuyendo, como pocas
antes, a la expansión del poder corporativo de algunas empresas tecnológicas.
Finalmente convinimos en que la combinación de las
redes sociales con la posibilidad que ofrece la IAG de asumir el papel de un
erudito siendo un imbécil, o de crear con poco esfuerzo imágenes y sonidos que
representen situaciones creíbles ha llevado nuestro gastado sistema y su
representación virtual a los límites de la realidad. Posiblemente los haya
sobrepasado con creces, y la ficción domine ya el escenario, pero el poder del
dinero —el capital— real o imaginario, sigue siendo la clave de bóveda de todo
el sistema.
Hablando, hablando, nos dieron las ocho de la
tarde. Al salir pagamos con el móvil.
Durante los siglos XVIII y XIX, la ciencia fue, ante todo, una empresa del espíritu. Su meta no era
inmediata ni comercial, sino intelectual y moral: comprender el orden del mundo
y con ello mejorar la condición humana. Los científicos de la Ilustración se
movían entre el laboratorio y la filosofía; querían entender antes que explotar.
La ciencia, en aquel contexto, era una forma de emancipación: un modo de
liberar a la razón del dogma y a la sociedad de la ignorancia.
Newton, Lavoisier, Faraday o Darwin no
trabajaban ajenos al poder económico. Muy al contrario, dependían de él. Los
príncipes ilustrados, las academias reales o las sociedades científicas fueron mecanismos de mecenazgo que canalizaban
riqueza hacia el conocimiento. Pero lo hacían con una finalidad distinta de la
actual: buscaban prestigio, progreso y orden, no rentabilidad directa. El
dinero servía al saber; no lo gobernaba. La utilidad era una consecuencia
natural de la comprensión, no su condición previa.
Con el siglo XX se produjo una inflexión
silenciosa. La ciencia se profesionalizó y se integró en los grandes sistemas
industriales, militares y estatales. La Segunda Guerra Mundial, la carrera
nuclear y la expansión tecnológica transformaron el ideal del sabio en el del
ingeniero del poder. El laboratorio pasó a ser parte de la infraestructura
nacional, y el científico, un especialista al servicio de objetivos
estratégicos. Desde entonces, el saber
comenzó a medirse en términos de eficacia, y el progreso dejó de ser
una convicción moral para convertirse en un cálculo económico.
Hoy esa tendencia alcanza su culminación. La
ciencia contemporánea, absorbida por la lógica del mercado, ya no se mide por su verdad, sino por su
rendimiento. Los proyectos deben justificar su existencia mediante
retornos previsibles; los laboratorios compiten por financiación; las
universidades adoptan métricas empresariales; y las grandes corporaciones
tecnológicas monopolizan los medios y los fines de la investigación. En este
contexto, la curiosidad libre —motor clásico del descubrimiento— se ve
sustituida por la exigencia de aplicabilidad inmediata.
La Inteligencia
Artificial y la Computación
Cuántica son símbolos perfectos de esta metamorfosis. La primera
progresa a una velocidad dictada por el capital de riesgo, más que por el rigor
epistemológico; la segunda se celebra como promesa de un poder de cálculo
todavía inexistente, pero financieramente rentable en su sola expectativa.
Ambas encarnan el paso de la ciencia como búsqueda de razones a la ciencia como
instrumento de inversión.
Esto no significa que el conocimiento actual
carezca de mérito: nunca se ha investigado con tanto talento ni con
herramientas tan formidables. Pero el orden de las finalidades se ha invertido.
El dinero, que antes sostenía la ciencia,
hoy la dirige. El resultado es un saber más poderoso, pero también más
dependiente y menos consciente de su propio sentido. La pregunta fundamental —¿por qué? — ha
sido reemplazada por otra más inmediata —¿para
qué sirve? —.
En esa deriva, la ciencia corre el riesgo
de perder no solo su inocencia, sino su legitimidad moral. Cuando la verdad
deja de ser un fin y se convierte en un subproducto del beneficio, el
conocimiento se degrada en herramienta. Y el asombro, que era su origen, se
sustituye por la estrategia.
Quizá haya llegado el momento de reconciliar
la ciencia con el espíritu que la hizo nacer: una curiosidad guiada por la
razón y no por el rédito, consciente de sus límites, pero libre en sus
preguntas. Porque si la ciencia deja de buscar las razones de las cosas para
perseguir únicamente el rendimiento, habrá
renunciado, no solo a la verdad, sino a su propia razón de ser.
El viernes pasado, más de un millar de personas se congregaron frente al
Hospital de Barbastro en el marco de una plataforma ciudadana promovida por
profesionales de la sanidad pública. La finalidad de dicha plataforma era
manifestar su preocupación por la situación del centro hospitalario y reclamar
medidas estructurales que permitan revertir su progresivo deterioro. Entre los
asistentes se encontraban diversas autoridades locales y provinciales,
incluyendo los alcaldes de Barbastro y Monzón, este último también presidente
de la Diputación de Huesca. No obstante, la presencia de los responsables
políticos fue presentada por ellos mismos como una participación estrictamente
“ciudadana”, ajena a su papel institucional.
El reciente episodio de
intoxicación alimentaria en el Festival del Vino que ha afectado a cerca de 500
personas y ha interrumpido abruptamente una trayectoria de más de 25 años sin
incidentes puede interpretarse como un caso paradigmático de lo que en matemáticas
y física se conoce como teoría del caos.
La teoría del caos estudia
sistemas dinámicos no lineales en los que las trayectorias a largo plazo
dependen de manera muy sensible de las condiciones iniciales. A primera vista,
un festival enológico no parece comparable a un sistema meteorológico o a un
modelo poblacional; sin embargo, su funcionamiento también depende de un
entramado de variables interrelacionadas: la logística, la cadena alimentaria,
la climatología, el comportamiento de los asistentes y la percepción pública.
Durante un cuarto de siglo, estas variables se han mantenido dentro de un rango
de estabilidad que producía el mismo resultado: un festival de éxito y
aceptación creciente.
Edward Lorenz formuló en los
años sesenta la idea del efecto mariposa: una mínima variación en el
estado inicial de un sistema caótico puede producir una evolución radicalmente
distinta a largo plazo. En el caso del festival, el “aleteo” ha sido una
contaminación en un producto aparentemente secundario —el tomate— y en los
utensilios para manipularlo. Este detalle, insignificante frente a la magnitud
del evento, desencadenó un colapso puntual susceptible de minar la confianza
del público y de comprometer la continuidad del evento.
Los sistemas caóticos se
caracterizan por su no linealidad: el efecto no es proporcional a la
causa. La contaminación no afectó a todo el festival, pero es susceptible de producir
un daño notable a su imagen y funcionamiento. Matemáticamente, podríamos hablar
de un sistema que opera en el borde de la estabilidad: pequeñas perturbaciones
superan ciertos umbrales críticos y conducen a bifurcaciones que transforman la
dinámica global.
En el lenguaje del caos, el
festival había encontrado durante 25 años un atractor estable: un
conjunto de condiciones sociales, culturales y económicas que reproducían el
éxito año tras año. El incidente de 2025 puede interpretarse como una
perturbación que expulsa al sistema de ese atractor, obligándolo a buscar una
nueva trayectoria. Tal vez se recupere —con mayor control sanitario y
protocolos de confianza— o tal vez derive en una pérdida de reputación que
reduzca la asistencia en futuras ediciones. El punto crucial es que, a partir
de una mínima variación, el sistema ya no evoluciona de la misma manera.
El caso del Festival del Vino
no es solo anecdótico. Nos recuerda que la estabilidad social e institucional
es siempre provisional, y que los sistemas complejos —ya sean festivales,
economías o ecosistemas— están sujetos a una fragilidad estructural. Una
alteración mínima puede reconfigurar de manera profunda el devenir del
conjunto. La teoría del caos, en este sentido, ofrece un marco analítico para
comprender no solo fenómenos naturales, sino también acontecimientos sociales
aparentemente fortuitos y por supuesto para no dar nada por supuesto. Ni
siquiera la continuidad a medio plazo de lo que, en un claro abuso de lenguaje,
hemos venido en llamar ‘civilización’.
Desde que cumplió los
setenta años vivía con la sensación de
estar haciendo cosas por última vez. Algunas ya habían quedado atrás para
siempre: charlar con amigos hasta altas horas de la mañana en torno a una botella de vino; pasear por la playa; visitar alguna de sus ciudades fetiche, como
Barcelona, Londres o París, que —pensaba con una mezcla de nostalgia y desdén—
ya no son lo que fueron; o enredarse en discusiones políticas sin sentido. Esto
último, sobre todo, porque creía haber alcanzado algo parecido a la ataraxia
—así la llamaba él—, un estado en el que la opinión ajena, que nunca le había
interesado demasiado, había dejado de importarle casi por completo.
Las dificultades que
tenía para moverse, incluso con apoyo, eran cada vez más evidentes. Ciertos
desplazamientos, antes habituales, se habían convertido en excepcionales, y en
muchos casos estaban ya descartados. No siempre recordaba la última vez que
había hecho algo, pero podía precisar, por ejemplo, la última vez que estuvo
en una iglesia: el día del entierro de J; o la última vez que confió
ciegamente en alguien, o que vio de cerca el mar. Algunas de esas últimas veces
seguían el curso natural de la vida; otras nacían de decepciones; y otras —las
que más le inquietaban— tenían que ver con limitaciones físicas, más irritantes
todavía porque, por el momento, conservaba intactas, o eso creía él, sus facultades mentales. Ir
en bicicleta, por ejemplo, había dejado de ser posible hacía ya tiempo: faltaban la fuerza para superar las cuestas y, sobre todo, el equilibrio, cada vez más
precario, que podía perderse en cualquier momento.
Últimamente estaba obsesionado con una posible última vez relacionada con una de sus
pasiones: los libros. Su mujer y él habían reunido con los años una buena biblioteca. Más de 5.000 libros repartidos en
distintas ubicaciones, más o menos accesibles, aunque alcanzar los ejemplares de las baldas más altas empezara ya a ser
problemático.
El verdadero desafío
estaba en la biblioteca principal, instalada en una gran habitación abuhardillada, con
estanterías en dos niveles unidos por una estrecha escalera de madera. Cuando se construyó, hacía más de treinta años, el conjunto parecía útil y, sobre todo, espectacular. Esto último lo seguía siendo, pero la pendiente de la
escalera vista desde arriba resultaba ahora amenazadora. Sabía que llegaría el día en
que tendría que subirla y bajarla por última vez. La subida, y sobre todo la
bajada, eran ya un riesgo, pero admitir que no volvería a acceder a una parte de sus
libros le producía una sensación desagradable. Y eso que estaba convencido de que, cuando él
y su mujer no estuvieran, toda su biblioteca acabaría, sin ceremonias ni homenajes,
en uno de esos mercadillos de segunda mano que, no sin cierta sensación de lástima, habían visitado en alguna ocasión.
El caso es que pensaba seguir subiendo y bajando mientras pudiera y dejarlo solo cuando subir fuera imposible. La cuestión estaba en si la
constatación de esa imposibilidad llegaría antes o después de un accidente
grave. Y en eso, y en lo inexorable de la ley de la gravedad, estaba pensando cuando, tras perder el apoyo de la
barandilla, bajó -por última vez, con la cabeza por delante y a
una velocidad que le sorprendió- al nivel inferior de la vieja biblioteca.
Una característica de esta
sociedad es la práctica imposibilidad de llegar a conclusiones generalmente
aceptadas sobre un número cada vez mayor de cuestiones.
Consideremos, por ejemplo,
el caso de la financiación de la autonomía catalana, de acuerdo con el nuevo
sistema acordado por representantes del gobierno y del partido ERC. Estos
últimos sostienen, porque así conviene a sus intereses electorales, que se
trata de una singularidad que beneficiará a Cataluña y acabará con el crónico
déficit de ingresos de su hacienda. Una situación
popularizada con la consigna ‘España ens roba’, empleada frecuentemente en el
discurso independentista catalán para denunciar el déficit fiscal percibido.
Los representantes del
gobierno, en cambio, admiten que el cambio recaudatorio beneficiará a Cataluña,
pero sostienen que no se trata de una singularidad sino de un nuevo y
beneficioso modelo de cálculo, extensible a cualquier otra autonomía que lo
solicite sin que nadie resulte perjudicado y todos, se acojan a él o no, vean
mejorada su financiación.
Para los partidos de la
oposición, PP y Vox, y para la mayoría de las autonomías, exceptuadas Navarra y
el País Vasco que ya gozan de sistemas similares al que ahora se pretende
extender a Cataluña, el nuevo sistema perjudicará a la hacienda general y a la
mayoría de las haciendas autonómicas, generando una diferencia importante en
relación con la cantidad que perciben con el sistema actual.
Pero se trata, en principio,
de una cuestión computable. No debería ser difícil hacer números, cuantificar
la situación actual y evaluar la resultante de la aplicación del método
propuesto, algo que no parece que haya nadie interesado en hacer. No, al menos,
de manera consensuada. Cada cual exhibe sus números, que son los que le
conviene exhibir para sostener su particular visión. Una visión más política que económica ya que la cuestión se genera a
partir de la necesidad gubernamental de contar con el apoyo de los sectores
independentistas catalanes.
Doce jugadores. Doce
sillas. Empieza la música y los jugadores comienzan a moverse en torno a las
sillas. Cada vez más rápido. Alguien retira una silla. Son ahora doce jugadores
y solo once sillas. La música sigue sonando con una cadencia cada vez más
lenta. Cuando pare, los jugadores deberán localizar una silla en la que
sentarse. El que no lo consiga quedará excluido del juego.
La música ha parado. Los
once jugadores que se han sentado sonríen satisfechos y relajados. Pero la
orquesta está tocando en la cubierta del Titanic.
Hace no tanto —aunque
parezca que han pasado siglos— hubo un programa de televisión en el que los
políticos aparecían convertidos en muñecos de guiñol. Literalmente. Marionetas
de látex, con rasgos grotescos, voces impostadas y guiones afilados, que decían
verdades como puños mientras uno reía sin parar. Me refiero a 'las noticias del
guiñol' que emitía Canal+, en una época, finales de los 90, en que pagar por ver la tele aún parecía una excentricidad de urbanitas.
Recuerdo con cierta nostalgia aquellos programas. Por lo que decían, y por cómo lo decían.
Allí estaban Aznar, González, Anguita, Pujol, incluso Jesulín y algún
futbolista despistado, todos pasados por el tamiz de una sátira que conseguía
lo más difícil: hacernos reír con ellos y de ellos al mismo tiempo. Y nadie —o
casi nadie— se sentía insultado. La caricatura no era sinónimo de odio, sino
una forma de representación de la realidad.
Aquello se acabó. Los guiñoles desaparecieron, y con ellos se fue también una forma de ver
la política. Ya no se puede hacer humor de ese tipo. O, mejor dicho, ya no se
puede emitir. La televisión es ahora otra cosa. Canal+ dejó de existir, se
convirtió en Cuatro, y las marionetas fueron arrinconadas por realities, talent
shows y tertulias donde el guiñol es el invitado de turno.
La culpa no es solo de
la televisión. La política también ha cambiado. Se ha vuelto tan grotesca, tan
escandalosamente teatral, que resulta difícil parodiarla sin caer en lo obvio.
¿Cómo se hace una sátira de un ministro que ya habla como si estuviera en una
comedia bufa? ¿Qué se puede exagerar cuando los protagonistas hacen el ridículo
sin que nadie les obligue? La política se volvió imparodiable, y eso fue el
principio del fin del humor político.
Además ahora vivimos rodeados de prejuicios morales, de colectivos hipersensibles y de
censores a tiempo completo. Todo se analiza, todo se fiscaliza. Cualquier
chiste puede ser ofensivo y cualquier ironía tomada como una agresión.
La sátira, que consiste en provocar, en rozar el límite y en incomodar, ya no tiene
espacio. Nadie quiere ofender. Nadie quiere meterse en líos. Y así, uno a uno,
van cayendo todos los reductos donde el humor político aún resistía.
Alguien dirá que ahora está
Twitter, TikTok o los memes de WhatsApp y ahí hay sátira para rato. Y es
verdad: en Internet no parece que falte el ingenio. Pero es otra cosa. Es un humor tribal,
rápido, sin poso. Se ríe uno con los suyos, pero no se construye ninguna mirada
común. Cada bando tiene su propia risa, y ninguna sirve para comprender mejor
al otro. Es un humor de barricada, no de salón.
Quizá el problema de
fondo sea que ya no tenemos ganas de reírnos. Estamos demasiado
cansados, enfadados, y un poco resignados. Y la resignación es el estado ideal para que las cosas no cambien.
Echo de menos aquellos
guiñoles. Un poco por nostalgia, pero sobre todo por lo que representaban: una sociedad que aún
creía en la inteligencia, en la crítica y en la risa compartida. Una sociedad
que no había perdido del todo la capacidad de tomarse en serio lo importante…
sin dejar de tomarse a broma lo ridículo.
Es posible que recuperemos algún día la capacidad de reírnos sin miedo, incluso de nosotros mismos, pero, de momento, seguimos en esta tragicomedia sin
guion reconocible donde los títeres no tienen hilos. Tienen cargos que están decididos a
mantener.
