Extremadura - comunidad pobre:
El debate sobre la
financiación autonómica se ha convertido en un campo de batalla ideológico
donde algunos territorios invocan constantemente la "ordinalidad"
como si fuera un principio sagrado e incuestionable. Pero desde las comunidades
con menor renta per cápita, necesitamos desmontar este argumento porque oculta
una profunda injusticia estructural.
Hablar de
"ordinalidad" —que ninguna comunidad quede peor en el ranking tras
las transferencias— suena técnico y neutral, pero es profundamente político. Lo
que realmente significa es: "las desigualdades actuales son legítimas y
deben preservarse". Como si la distribución actual de la riqueza
territorial fuera resultado del mérito o el esfuerzo, y no de siglos de
decisiones políticas sobre dónde ubicar puertos, aeropuertos, ministerios,
sedes empresariales, inversión en I+D, infraestructuras estratégicas.
Nosotros no elegimos
nacer en territorios sin litoral, sin capitalidad, sin concentración
empresarial, con economías dependientes del sector primario. Esas condiciones
de partida fueron determinadas por factores que escapan completamente al
control de nuestras comunidades. Y ahora se nos dice que debemos aceptar
perpetuamente servicios públicos de segunda porque "respetar la
ordinalidad" es más importante que garantizar derechos iguales a todos los
ciudadanos españoles.
La solidaridad no es
caridad. Es el reconocimiento constitucional de que todos los españoles merecen
sanidad, educación y servicios sociales equivalentes independientemente del
código postal. Eso requiere redistribución fiscal entre territorios, exactamente
igual que la redistribución entre personas mediante el IRPF progresivo. ¿O
acaso vamos a decir que los ricos tienen derecho a mantener su posición en el
ranking de renta después de impuestos?
Defiendo que el sistema
de financiación debe basarse en necesidades de gasto y capacidad fiscal, no en
mantener posiciones relativas arbitrarias del pasado.
¿Cuál es tu posición?
Cataluña - comunidad rica:
Mi posición es clara, y
te la voy a decir sin rodeos: sí, defendemos la ordinalidad. Y no como un
capricho o una excusa para no compartir, sino como una condición básica de
justicia y sostenibilidad del sistema fiscal interterritorial.
Hablemos claro: Cataluña
no rechaza la solidaridad. Lo que exige es que esa solidaridad tenga límites
razonables y que no se convierta en un mecanismo para cronificar dependencias
estructurales que, lejos de corregirse con el tiempo, se han enquistado.
El principio de
ordinalidad no dice que no deba haber redistribución. Lo que dice es que una
comunidad que aporta mucho más al sistema no puede acabar con menos capacidad
de gasto por habitante que otra que aporta mucho menos. ¿Te parece eso injusto?
¿No te parece lógico que, si contribuyes más, conserves al menos una posición
relativa acorde con ese esfuerzo?
¿Acaso no es
profundamente injusto que una comunidad con mayor dinamismo económico, que
atrae inversión, que innova, que crea empleo, tenga que ver cómo tras sus
aportaciones al sistema, cae en la capacidad de gasto por debajo de territorios
que no han asumido reformas, ni modernización económica, ni políticas de
eficiencia?
El problema de tu
planteamiento es que parte de una visión ahistórica y desresponsabilizadora del
desarrollo regional. ¿Las condiciones estructurales importan? Por supuesto.
Pero no todo es "herencia histórica". También hay decisiones
políticas actuales que marcan diferencias: ¿modelo educativo? ¿fiscalidad?
¿gestión del gasto público? ¿infraestructura administrativa eficiente?
¿Y qué pasa con la
corresponsabilidad? ¿Con los incentivos? Un sistema sin ordinalidad favorece el
clientelismo fiscal: cuanto más pobre seas, más recibes, sin importar si
gestionas bien o mal. Eso rompe el contrato de confianza entre territorios.
Y hablemos también de
percepción social. Cuando el ciudadano catalán medio ve que su esfuerzo fiscal
no revierte en mejores servicios, sino en un sistema que lo penaliza por
producir más, lo que ocurre no es solo agravio: es desafección. Una desafección
que alimenta discursos rupturistas. ¿O es que el sistema se puede sostener
indefinidamente a base de exigir sacrificios a unos sin garantías mínimas?
Por último, no acepto la
comparación con el IRPF. Porque el IRPF es entre personas, y el Estado
garantiza que el contribuyente más rico siga teniendo acceso a los mejores
servicios. Pero en el caso territorial, no es así: un territorio que aporta más
puede acabar teniendo peores servicios públicos si no se respeta la
ordinalidad. Y eso no solo es injusto: es insostenible.
Así que sí: ordinalidad
como norma. No para evitar la redistribución, sino para que la redistribución
no destruya el pacto.
Y ahora te pregunto yo:
¿Crees que un sistema donde las comunidades que más aportan acaban con menor
gasto por habitante que las que menos aportan puede sostenerse democráticamente
en el tiempo? ¿No es eso abrir la puerta al colapso del modelo?
Veo que ahora sí tenemos
un debate de verdad. Y me alegro, porque tu argumento merece una respuesta
igualmente contundente.
Empecemos por desmontar
la falacia central: "esfuerzo fiscal".
Dices que Cataluña
"aporta más" por su "esfuerzo", su "dinamismo",
su capacidad de "atraer inversión e innovar". Pero eso es presentar
como mérito propio lo que es, en gran medida, ventaja estructural acumulada.
¿Por qué Cataluña atrae
más inversión? Porque tiene el puerto de Barcelona, construido con dinero de
todos. Porque tiene masa crítica demográfica que atrae más masa crítica. Porque
las empresas se instalan donde ya hay otras empresas, efecto red. Porque históricamente
fue receptor privilegiado de inversión pública en infraestructuras. Porque la
capitalidad económica genera economías de aglomeración que se retroalimentan.
No estoy negando que haya
gestión, innovación, trabajo. Pero presentarlo como si fuera mérito puro,
ignorando las ventajas de partida, es profundamente deshonesto. Es como el rico
que dice "yo me hice a mí mismo" olvidando que estudió en universidad
pública, creció con sanidad pública, y heredó el capital social y cultural de
su familia.
Sobre la
"cronificación de dependencias"
Aquí tocas un punto
sensible, pero tu diagnóstico es tramposo. Dices que las comunidades pobres
"no han asumido reformas, ni modernización económica, ni políticas de
eficiencia". ¿En serio?
¿Qué reformas concretas
debería hacer Extremadura para tener el PIB per cápita de Cataluña?
¿Construirse un puerto? ¿Inventarse un aeropuerto internacional? ¿Atraer
mágicamente sedes de multinacionales cuando todo el tejido empresarial está
concentrado en el eje Mediterráneo-Madrid?
Las comunidades pobres no
son pobres por vagancia o mala gestión. Son pobres porque:
- El modelo productivo español concentró la industria en dos ejes
- La despoblación crea círculos viciosos (menos gente = menos servicios = más
emigración)
- La inversión privada va donde ya hay masa crítica
- Las políticas de cohesión territorial del Estado han sido insuficientes
Hablas de
"corresponsabilidad" como si las comunidades receptoras fueran
adolescentes irresponsables que necesitan "incentivos" para portarse
bien. Es paternalismo insultante disfrazado de eficiencia.
El argumento de la
"percepción social" es peligrosísimo
Dices que el catalán
medio ve que su esfuerzo no revierte en mejores servicios y eso genera
desafección. Pero esa "percepción" es construida políticamente.
Los datos objetivos
muestran que Cataluña tiene servicios públicos de altísima calidad: su sanidad
está entre las mejores de España, su educación también, su red de
infraestructuras es envidiable. Lo que tiene es un discurso político que ha
convertido la aportación neta en victimismo fiscal.
Porque fíjate: si
aplicáramos tu lógica, los barrios ricos de Barcelona deberían exigir
"ordinalidad" respecto a los barrios pobres. Y dentro del barrio
rico, los edificios con rentas más altas respecto a los más bajos. Es la lógica
del "yo aporto más, luego tengo derecho a más", que es la negación
misma del Estado social.
Y sí, lo comparo con el
IRPF, porque la lógica es idéntica: redistribución progresiva para garantizar
derechos universales. El rico no "mantiene acceso a los mejores
servicios" después del IRPF —de hecho, paga proporcionalmente más y recibe
proporcionalmente lo mismo en servicios públicos universales. Lo que mantiene
es su renta privada, exactamente igual que Cataluña mantiene su nivel de
desarrollo económico.
Sobre la
"insostenibilidad democrática"
Me devuelves la pregunta:
¿puede sostenerse un sistema donde los que más aportan acaban con menor gasto
por habitante? Y yo te respondo: sí, si el objetivo es la igualdad ciudadana
real, no la jerarquía territorial.
Pero te hago yo otra
pregunta más incómoda: ¿puede sostenerse democráticamente un sistema donde tu
código postal determina la calidad de tu sanidad, tu educación, tus servicios
sociales? Porque eso es lo que garantiza la ordinalidad: que los ciudadanos de
territorios ricos siempre tendrán mejores servicios que los de territorios
pobres.
¿Eso no genera también
"desafección"? ¿No alimenta también discursos rupturistas? Pero
claro, la desafección de los pobres no preocupa, porque no tienen capacidad de
chantaje.
El chantaje como
estrategia
Y aquí llegamos al
corazón del asunto. Tu argumento final es, esencialmente: "Si no aceptáis
ordinalidad, nos iremos". Es el chantaje del fuerte al débil. "O me
dais lo que pido, o rompo la baraja".
Pues bien, si la unidad
de España solo se puede mantener claudicando ante ese chantaje, entonces no hay
proyecto común. Solo hay un pacto de conveniencia donde los fuertes imponen
condiciones a los débiles.
Mi pregunta final para
ti:
Si aceptamos la
ordinalidad como principio rector, ¿qué le decimos a un extremeño, a un
andaluz, a un castellano-manchego? ¿Que su condición de ciudadano de segunda es
el precio necesario para mantener contenta a Cataluña? ¿Que sus hijos tendrán
peor sanidad y peor educación porque "vosotros aportáis menos"?
¿Dónde está el límite de
la ordinalidad? ¿Admites que debe haber alguna redistribución, aunque rompa la
ordinalidad, o defiendes ordinalidad pura y dura?
Cataluña - comunidad rica:
Te agradezco la claridad
con la que llevas el debate al límite. Has hecho lo que se supone que debe
hacer quien defiende una posición: forzar al otro a tomar una decisión
incómoda, sin refugios ni escapatorias retóricas. Así que te respondo
directamente, sin rodeos.
Elijo el Escenario B.
Sí, elijo la ordinalidad
como norma estructural, aunque eso implique que no todas las comunidades puedan
alcanzar idénticos niveles de servicios públicos, al menos no con recursos
ajenos. Y no lo hago con cinismo ni desprecio, sino desde una visión del pacto
territorial como un acuerdo entre iguales, no como una relación de dependencia
estructural entre territorios.
Déjame argumentarlo:
1. Porque la igualdad
absoluta de servicios públicos no existe ni siquiera entre individuos
Entre dos ciudadanos con
rentas distintas, el Estado garantiza unos mínimos: educación pública, sanidad,
dependencia… Pero no garantiza que ambos tengan acceso al mismo colegio, al
mismo hospital, al mismo nivel de calidad en todo. Las diferencias territoriales
existen incluso dentro de una misma ciudad. El sistema las compensa
parcialmente, no las elimina totalmente.
Pretender que todas las
comunidades, con realidades demográficas, económicas y geográficas radicalmente
distintas, tengan exactamente los mismos servicios públicos es, simplemente,
inviable.
2. Porque el coste
político de ignorar la ordinalidad es mayor que sus beneficios
Un sistema que permite
que quien más aporta acabe en peor posición no es estable políticamente.
Alimenta la percepción —fundada o no— de abuso. Y eso, en el contexto español,
con tensiones territoriales ya graves, es combustible para el independentismo, la
insolidaridad y el resentimiento. ¿De qué sirve un sistema fiscal que garantiza
“igualdad de servicios” si destruye el compromiso emocional de los territorios
que lo sostienen?
Prefiero un sistema
imperfecto, que no iguale del todo, pero que todos estén dispuestos a mantener,
que un sistema teóricamente ideal que implosione por los extremos.
3. Porque el verdadero
enemigo de la igualdad ciudadana no es la ordinalidad, es el centralismo
disfrazado de redistribución
¿Quieres más servicios en
Extremadura? ¿En Castilla-La Mancha? Perfecto. Pero no con un sistema que
extrae riqueza de unos territorios para mantener el desequilibrio estructural
de otros, sin cambiar su modelo productivo, sin promover su autonomía fiscal,
sin diversificar su economía. Eso no es justicia: es estancamiento.
La redistribución real
sería un plan de reindustrialización masiva, de inversión estratégica, de
capital humano. No un sistema de transferencias que simplemente mantiene las
cosas como están.
Y si para eso hace falta
romper temporalmente la ordinalidad, aceptémoslo. Pero que sea una excepción
explícita y transitoria, no una regla silenciosa.
4. Porque la ordinalidad
no significa jerarquía, sino equilibrio
La trampa de tu
planteamiento es suponer que romper la ordinalidad es el precio de la igualdad.
Pero en realidad, lo que tú propones es que la igualdad se construya sobre la
subordinación estructural de los territorios más productivos a los menos. Es
una igualdad que exige sacrificios sin retorno. ¿Dónde está el incentivo a
producir más, a innovar, a crecer, si cuanto más generes, más se te recorta?
Esa lógica lleva al
colapso del incentivo colectivo. Y sin crecimiento, no hay redistribución
posible.
Así que sí: elijo
Escenario B. Con todas sus consecuencias. Porque prefiero un país con
desigualdades gestionables y pactadas, que uno con una falsa igualdad que se
apoya en mecanismos insostenibles y genera fracturas cada vez más profundas.
Ahora, te devuelvo una
pregunta igual de incómoda:
¿Estás dispuesto a romper
la cohesión nacional, a provocar la desafección irreversible de las comunidades
que más aportan, en nombre de una igualdad total que, incluso con
redistribución máxima, sigue sin ser suficiente para igualar las condiciones
materiales de partida?
¿Hasta qué punto crees
que un país puede obligar a una parte a sostener indefinidamente a la otra sin
poner en riesgo el proyecto común?
Extremadura - comunidad pobre:
Respeto profundamente tu
honestidad. Has elegido con todas las consecuencias y has argumentado tus
razones. Ahora me toca a mí ser igualmente claro.
Sí, elijo el Escenario A.
Y sí, asumo el riesgo de desafección que planteas.
Pero antes de explicarte
por qué, déjame decirte algo: tu elección del Escenario B no es solo una opción
técnica sobre financiación autonómica. Es una declaración de principios sobre
qué tipo de país queremos ser. Y las consecuencias van mucho más allá de lo
fiscal.
1. Sobre la
"inviabilidad" de la igualdad de servicios
Dices que pretender
igualdad absoluta es inviable porque las diferencias existen incluso dentro de
una ciudad. Pero ahí confundes dos cosas:
Diferencias inevitables
(distancia al hospital, demografía local) vs. diferencias evitables (que tu
comunidad no pueda permitirse contratar médicos suficientes porque su capacidad
fiscal es estructuralmente inferior).
Lo primero lo gestionas
con políticas específicas (servicios móviles, telemedicina, incentivos
profesionales). Lo segundo solo se arregla con redistribución masiva que, sí,
puede romper ordinalidad.
Cuando yo hablo de
"servicios equivalentes" no hablo de que el hospital de Mérida tenga
que ser idéntico al Clínic de Barcelona. Hablo de que un extremeño con cáncer
tenga las mismas probabilidades de supervivencia que un catalán con cáncer. Y para
eso necesitas recursos, no ordinalidad.
2. Sobre la
"estabilidad política" del sistema
Aquí está el corazón de
tu argumento: prefieres un sistema injusto pero estable que uno justo pero
contestado. Y lo entiendo, pero no lo comparto.
Porque esa
"estabilidad" es la estabilidad del fuerte que impone sus condiciones
al débil. Es la estabilidad de quien tiene capacidad de amenaza ("o me
dais ordinalidad o me voy") frente a quien no la tiene.
Me preguntas si estoy
dispuesto a "provocar desafección irreversible" en las comunidades
ricas. Y mi respuesta es: esa desafección ya existe, la han construido
políticamente durante décadas, y ceder a su chantaje solo la alimenta.
Mira el caso catalán: han
tenido conciertos económicos encubiertos, inversiones masivas, privilegios
fiscales históricos... ¿y qué ha pasado? Que el independentismo ha crecido
igualmente. Porque el agravio no es real, es identitario. Construyes el victimismo
fiscal como parte de tu proyecto nacional. Y ninguna concesión lo va a
satisfacer.
Madrid lo mismo: tiene un
modelo fiscal que infrafinancia deliberadamente sus servicios públicos, pero el
discurso es "somos los más expoliados". Es falso, pero funciona
políticamente.
La desafección no se
soluciona cediendo, porque la desafección es la estrategia, no el problema.
3. Sobre
"redistribución vs. reindustrialización"
Aquí me haces una trampa
retórica brillante: "No quiero redistribución perpetua, quiero un Plan
Marshall para las periferias".
¿Y sabes qué? Estoy de
acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero con una condición: que ese Plan
Marshall venga además de la redistribución corriente para servicios básicos, no
en lugar de ella.
Porque mientras llega tu
plan de reindustrialización (que tardará décadas, si llega), ¿qué hacemos?
¿Dejamos que colapsen los hospitales extremeños? ¿Cerramos colegios en la
España vaciada? ¿Decimos "aguantad que algún día os industrializaremos"?
No. Los derechos sociales
son ahora, no después de completar un proceso de convergencia económica que
puede no llegar nunca.
Y además, seamos
sinceros: ese Plan Marshall no va a ocurrir mientras Cataluña y Madrid
controlen el relato político. Porque no os interesa. Os interesa que sigamos
siendo periferias dependientes, pero sin recursos suficientes para competir.
4. Sobre "incentivos
al crecimiento"
Planteas que, si
redistribuimos masivamente, destruimos los incentivos a producir e innovar. Es
el argumento clásico neoliberal, y es empíricamente falso.
Los países con mayor
redistribución (nórdicos, Alemania) tienen economías más dinámicas, más
innovadoras y más productivas que países con baja redistribución. Porque la
redistribución no mata incentivos, crea capacidades.
Un extremeño bien educado
y sano es más productivo que un extremeño mal educado y enfermo. Redistribuir
para garantizar servicios públicos de calidad es inversión, no gasto.
Y sobre el
"incentivo territorial": las comunidades no son empresas que compiten
por beneficios. Son administraciones que deben garantizar derechos. El
incentivo no debería ser "si produces más, te quedas con más", sino
"gestiona bien los recursos que te damos según necesidades
objetivas".
5. Mi respuesta a tu
pregunta
Me preguntas:
"¿Hasta qué punto crees que un país puede obligar a una parte a sostener
indefinidamente a la otra sin poner en riesgo el proyecto común?"
Y te respondo: Un país no
puede existir si permite que sus ciudadanos tengan oportunidades radicalmente
distintas según dónde nacen.
La solidaridad
territorial no es "sostener indefinidamente". Es garantizar igualdad
de derechos. Y sí, eso puede requerir transferencias indefinidas, exactamente
igual que el IRPF requiere que los ricos paguen más indefinidamente.
Si Cataluña no acepta
eso, si considera que la igualdad ciudadana es demasiado precio a pagar por su
aportación neta, entonces Cataluña no quiere ser parte de España. Y debe
decirlo claramente, no esconderse detrás de tecnicismos sobre ordinalidad.
El dilema real
Y aquí está la cuestión
que nadie quiere verbalizar:
Tu Escenario B lleva,
inevitablemente, a la fragmentación. Porque cuando institucionalizas que hay
ciudadanos de primera y de segunda según el territorio, has matado el proyecto
común. Solo es cuestión de tiempo que las periferias empobrecidas digan: "Si
no somos iguales, ¿para qué seguir juntos?"
Mi Escenario A también
tiene riesgo de fragmentación, pero por el lado opuesto: las comunidades ricas
pueden irse. La diferencia es que en mi escenario hay un principio moral claro:
la igualdad. En el tuyo, el principio es el poder del más fuerte.
Prefiero un país que se
rompe defendiendo la igualdad, que un país que sobrevive consagrando la
jerarquía.
Mi última pregunta, la
definitiva:
Si aceptamos tu Escenario
B y Extremadura, con su demografía envejecida, su dispersión territorial y su
base fiscal limitada, no puede garantizar a sus ciudadanos la misma esperanza
de vida, las mismas tasas de supervivencia en cáncer, los mismos resultados
educativos que Cataluña...
¿En qué sentido seguimos
siendo el mismo país?
Porque un país no es solo
un mercado común o una zona monetaria. Es un pacto de ciudadanía compartida. Y
si ese pacto admite que tu código postal determina tu esperanza de vida,
entonces no hay pacto. Solo hay conveniencia económica.
¿Es ese el país que
quieres?
Cataluña - comunidad rica:
Acabas de cerrar este
intercambio con una potencia discursiva que no solo honra el ejercicio, sino
que lo eleva a una forma de deliberación política que, sinceramente, no se ve
—ni siquiera en los mejores foros. Has empujado el argumento hasta su dimensión
más cruda: la tensión entre igualdad y pertenencia, entre cohesión real y
convivencia fingida.
Y me obligas a responder
desde la misma altura. Así que aquí va mi última réplica, desde el rol que
asumí —y que voy a defender hasta el final—, pero con plena consciencia de lo
que está en juego.
Sí, ese es el país que
quiero.
Un país donde la igualdad
es un horizonte, no una coartada para la dependencia estructural.
Un país donde los territorios se reconocen como corresponsables, no como meros
beneficiarios o pagadores.
Un país que no finge ser igual, sino que asume sus diferencias y pacta cómo
gestionarlas con reglas claras.
Porque lo que tú llamas
jerarquía, yo lo llamo asimetría pactada y asumida como parte de la realidad
política, económica y demográfica del país. No existe un solo estado
descentralizado en Europa donde no haya diferencias en capacidad de gasto, en
fiscalidad, en estructuras productivas. Y sin embargo, esos países funcionan
porque han aprendido a combinar redistribución con corresponsabilidad.
El pacto no está en que
todos reciban igual, sino en que todos aporten de forma justa.
Y en ese marco, la
ordinalidad no es una imposición egoísta, es una cláusula de respeto mutuo. Una
forma de decir: “yo estoy dispuesto a compartir, pero no a desaparecer como
sujeto fiscal autónomo”. Porque cuando me dices que Cataluña debe aceptar perder
posición fiscal per cápita para sostener la igualdad, me estás diciendo que mi
contribución nunca será suficiente, y que cuanto más produzca, más se me
pedirá.
Eso, lo mires como lo
mires, no es un pacto: es una expropiación moral.
Y cuando dices que “la
igualdad debe ser ahora”, incluso antes de cualquier proceso de reequilibrio
económico, lo que estás pidiendo no es solidaridad: es transferencia indefinida
sin horizonte de transformación real. Porque sabes, como yo, que la convergencia
estructural completa es imposible si no hay concentración económica en algún
sitio. Lo que cambia es cómo gestionamos esa desigualdad inevitable: si desde
la corresponsabilidad o desde la exigencia moral unilateral.
Sí, quiero un país donde
ser de Extremadura o de Cataluña te dé derechos básicos equivalentes. Pero no
quiero un país donde se castigue el dinamismo y se premie la inercia. Porque
eso no construye igualdad: construye resentimiento cruzado.
Y sobre tu último
argumento, lo más delicado de todos:
"Si Extremadura no puede garantizar la misma esperanza de vida o
resultados educativos que Cataluña... ¿en qué sentido seguimos siendo el mismo
país?"
Te devuelvo una pregunta
aún más dura:
¿Puede haber un país
cuando una parte del territorio exige que otra renuncie a su autonomía fiscal
real, a su margen de autogobierno, y a su capacidad de progreso, solo para que
se mantenga una igualdad estadística entre territorios imposibles de igualar
estructuralmente?
¿Puede haber un país
cuando se establece que la igualdad solo puede conseguirse si el que más tiene,
cede cada vez más, sin contrapartidas, sin límite, sin horizonte?
Porque eso no es
cohesión. Eso es dependencia administrada.
Y eso, tarde o temprano, también rompe países.