¿Qué significa “deberá presentar”? Pues precisamente eso. No
hay matices. El gobierno debe presentar la Ley de Presupuestos y si no la
presenta estará incumpliendo la Constitución. La “prórroga” está prevista para
el caso de que los presupuestos “presentados” por el gobierno sean rechazados
por las Cortes. Los constituyentes no contemplaron el supuesto de que el
ejecutivo pudiese eludir la presentación del proyecto de ley, menos aún por periodos tan
extensos, que en este caso abarcarán de dos a cuatro años.
El gobierno, por lo tanto, lleva dos años recaudando impuestos y
aprobando gastos en virtud de una ley aprobada por una legislatura previa, un
acto que, por su naturaleza, se sitúa al margen de la legalidad
constitucional. Este uso prolongado de una ley presupuestaria caducada
implica, de facto, la inobservancia del principio democrático que exige
la renovación del consentimiento parlamentario para el ejercicio de la
potestad tributaria. Dado el actual clima de polarización y el consecuente deterioro
de la primacía de la ley, los ciudadanos se ven compelidos a afrontar estas
exacciones fiscales, aun sabiendo que su legitimidad constitucional es
cuestionable, bajo el riesgo de incurrir en sanciones por parte de la Hacienda
Pública.
Siglos después de la aprobación de la Carta Magna que
restringía el poder del Rey de recaudar impuestos sin el consentimiento del
Parlamento, de que las cortes castellanas y aragonesas limitaran la capacidad
recaudatoria del Rey y de que las colonias americanas se levantaran contra el
parlamento británico al grito de ‘no taxation without representation’, el
gobierno español recauda impuestos sin ni siquiera presentar una ley que los
respalde.
¿Por qué pasa esto? Porque los mecanismos correctores
previstos están desactivados. El Tribunal Constitucional, en su actual
composición, no va a desautorizar al gobierno y la moción de censura
constructiva requiere una mayoría imposible de alcanzar en estos momentos. La
disolución automática, única salida posible a la actual situación, no fue
prevista por los constituyentes, de manera que nos encontramos ante un bloqueo institucional
que permite al gobierno incumplir la Constitución, pero que no exime a los
ciudadanos de la obligación de pagar unos impuestos acordados por un parlamento que ya no existe.
Pero todo esto no le importa a casi nadie. Mucha gente cree que
lo importante es que gobiernen los ‘suyos’ y no van a poner eso en riesgo por
unos presupuestos que no saben para que sirven o por una Constitución de la que la mayoría no ha oído hablar y muy
pocos podrían citar algún artículo. El razonamiento anterior es aparentemente inatacable, pero eso da igual. Los partidarios del gobierno y sus
detractores encontrarán argumentos en contra o a favor sin ningún problema. Y
si no los encuentran pueden preguntar a alguna inteligencia artificial, que les dará una respuesta, impecablemente redactada, y con las citas y referencias que sean necesarias para sostener cualquier postura. Pero eso también dará igual porque, naturalmente, tampoco le interesará a casi nadie.
