Un estudio publicado en noviembre de 2025 por el
Servicio Público de Empleo Estatal —elaborado por economistas de Analistas
Financieros Internacionales— cifra en 11,2 millones los trabajadores españoles
empleados en ocupaciones altamente expuestas a la automatización por
inteligencia artificial. Casi el 45% de los ocupados. En Aragón, el porcentaje
ronda el 40%, lo que equivale a unos 250.000 puestos de trabajo. El dato
ha aparecido hoy mismo en las páginas de El Periódico de Aragón. Puede parecer una
proyección apocalíptica, pero es la estimación oficial del organismo público
responsable del empleo en España, con metodología académica contrastada y
respaldo bibliográfico del FMI, la OCDE y el Banco Central Europeo.
La cifra requiere atención, desde luego, pero no menos que la cuestión, que rara vez se plantea explícitamente, de quién se
queda con el excedente que genera esta transformación.
Cada novedad tecnológica lleva implícita la promesa de compensar con otros nuevos los puestos de trabajo que elimina: la electricidad destruyó unos empleos y creó otros; la informática destruyó unos empleos y creó otros; la robótica
industrial destruyó empleos y creó otros. La inteligencia artificial, se dice, no será diferente: destruirá algunos empleos y creará otros que aún no
somos capaces de imaginar. El mercado lo resolverá. La formación lo resolverá.
La adaptación lo resolverá.
