Un estudio publicado en noviembre de 2025 por el
Servicio Público de Empleo Estatal —elaborado por economistas de Analistas
Financieros Internacionales— cifra en 11,2 millones los trabajadores españoles
empleados en ocupaciones altamente expuestas a la automatización por
inteligencia artificial. Casi el 45% de los ocupados. En Aragón, el porcentaje
ronda el 40%, lo que equivale a unos 250.000 puestos de trabajo. El dato
ha aparecido hoy mismo en las páginas del Periódico de Aragón. No es una
proyección apocalíptica: es la estimación oficial del organismo público
responsable del empleo en España, con metodología académica contrastada y
respaldo bibliográfico del FMI, la OCDE y el Banco Central Europeo.
La cifra merece atención, desde luego. Pero más atención
merece aún la pregunta que rara vez forma parte del debate público: ¿quién se
queda con el excedente que genera esta transformación?
Ante cada oleada tecnológica, el argumento
compensatorio reaparece con puntualidad. La electricidad destruyó unos empleos y creó otros. La informática destruyó unos empleos y creó otros. La robótica
industrial destruyó empleos y creó otros. La inteligencia artificial, se dice, no será diferente: destruirá algunos empleos y creará otros que aún no
somos capaces de imaginar. El mercado lo resolverá. La formación lo resolverá.
La adaptación lo resolverá.
