Un debate (ficticio) sobre financiación autonómica: Ordinalidad vs Solidaridad

 

Extremadura - comunidad pobre:

El debate sobre la financiación autonómica se ha convertido en un campo de batalla ideológico donde algunos territorios invocan constantemente la "ordinalidad" como si fuera un principio sagrado e incuestionable. Pero desde las comunidades con menor renta per cápita, necesitamos desmontar este argumento porque oculta una profunda injusticia estructural.

Hablar de "ordinalidad" —que ninguna comunidad quede peor en el ranking tras las transferencias— suena técnico y neutral, pero es profundamente político. Lo que realmente significa es: "las desigualdades actuales son legítimas y deben preservarse". Como si la distribución actual de la riqueza territorial fuera resultado del mérito o el esfuerzo, y no de siglos de decisiones políticas sobre dónde ubicar puertos, aeropuertos, ministerios, sedes empresariales, inversión en I+D, infraestructuras estratégicas.

Nosotros no elegimos nacer en territorios sin litoral, sin capitalidad, sin concentración empresarial, con economías dependientes del sector primario. Esas condiciones de partida fueron determinadas por factores que escapan completamente al control de nuestras comunidades. Y ahora se nos dice que debemos aceptar perpetuamente servicios públicos de segunda porque "respetar la ordinalidad" es más importante que garantizar derechos iguales a todos los ciudadanos españoles.

La solidaridad no es caridad. Es el reconocimiento constitucional de que todos los españoles merecen sanidad, educación y servicios sociales equivalentes independientemente del código postal. Eso requiere redistribución fiscal entre territorios, exactamente igual que la redistribución entre personas mediante el IRPF progresivo. ¿O acaso vamos a decir que los ricos tienen derecho a mantener su posición en el ranking de renta después de impuestos?

Defiendo que el sistema de financiación debe basarse en necesidades de gasto y capacidad fiscal, no en mantener posiciones relativas arbitrarias del pasado.

¿Cuál es tu posición?

Cataluña - comunidad rica:

Mi posición es clara, y te la voy a decir sin rodeos: sí, defendemos la ordinalidad. Y no como un capricho o una excusa para no compartir, sino como una condición básica de justicia y sostenibilidad del sistema fiscal interterritorial.

Hablemos claro: Cataluña no rechaza la solidaridad. Lo que exige es que esa solidaridad tenga límites razonables y que no se convierta en un mecanismo para cronificar dependencias estructurales que, lejos de corregirse con el tiempo, se han enquistado.

El principio de ordinalidad no dice que no deba haber redistribución. Lo que dice es que una comunidad que aporta mucho más al sistema no puede acabar con menos capacidad de gasto por habitante que otra que aporta mucho menos. ¿Te parece eso injusto? ¿No te parece lógico que, si contribuyes más, conserves al menos una posición relativa acorde con ese esfuerzo?

¿Acaso no es profundamente injusto que una comunidad con mayor dinamismo económico, que atrae inversión, que innova, que crea empleo, tenga que ver cómo tras sus aportaciones al sistema, cae en la capacidad de gasto por debajo de territorios que no han asumido reformas, ni modernización económica, ni políticas de eficiencia?

El problema de tu planteamiento es que parte de una visión ahistórica y desresponsabilizadora del desarrollo regional. ¿Las condiciones estructurales importan? Por supuesto. Pero no todo es "herencia histórica". También hay decisiones políticas actuales que marcan diferencias: ¿modelo educativo? ¿fiscalidad? ¿gestión del gasto público? ¿infraestructura administrativa eficiente?

¿Y qué pasa con la corresponsabilidad? ¿Con los incentivos? Un sistema sin ordinalidad favorece el clientelismo fiscal: cuanto más pobre seas, más recibes, sin importar si gestionas bien o mal. Eso rompe el contrato de confianza entre territorios.

Y hablemos también de percepción social. Cuando el ciudadano catalán medio ve que su esfuerzo fiscal no revierte en mejores servicios, sino en un sistema que lo penaliza por producir más, lo que ocurre no es solo agravio: es desafección. Una desafección que alimenta discursos rupturistas. ¿O es que el sistema se puede sostener indefinidamente a base de exigir sacrificios a unos sin garantías mínimas?

Por último, no acepto la comparación con el IRPF. Porque el IRPF es entre personas, y el Estado garantiza que el contribuyente más rico siga teniendo acceso a los mejores servicios. Pero en el caso territorial, no es así: un territorio que aporta más puede acabar teniendo peores servicios públicos si no se respeta la ordinalidad. Y eso no solo es injusto: es insostenible.

Así que sí: ordinalidad como norma. No para evitar la redistribución, sino para que la redistribución no destruya el pacto.

Y ahora te pregunto yo:
¿Crees que un sistema donde las comunidades que más aportan acaban con menor gasto por habitante que las que menos aportan puede sostenerse democráticamente en el tiempo? ¿No es eso abrir la puerta al colapso del modelo?

 Extremadura - comunidad pobre:

Veo que ahora sí tenemos un debate de verdad. Y me alegro, porque tu argumento merece una respuesta igualmente contundente.

Empecemos por desmontar la falacia central: "esfuerzo fiscal".

Dices que Cataluña "aporta más" por su "esfuerzo", su "dinamismo", su capacidad de "atraer inversión e innovar". Pero eso es presentar como mérito propio lo que es, en gran medida, ventaja estructural acumulada.

¿Por qué Cataluña atrae más inversión? Porque tiene el puerto de Barcelona, construido con dinero de todos. Porque tiene masa crítica demográfica que atrae más masa crítica. Porque las empresas se instalan donde ya hay otras empresas, efecto red. Porque históricamente fue receptor privilegiado de inversión pública en infraestructuras. Porque la capitalidad económica genera economías de aglomeración que se retroalimentan.

No estoy negando que haya gestión, innovación, trabajo. Pero presentarlo como si fuera mérito puro, ignorando las ventajas de partida, es profundamente deshonesto. Es como el rico que dice "yo me hice a mí mismo" olvidando que estudió en universidad pública, creció con sanidad pública, y heredó el capital social y cultural de su familia.

Sobre la "cronificación de dependencias"

Aquí tocas un punto sensible, pero tu diagnóstico es tramposo. Dices que las comunidades pobres "no han asumido reformas, ni modernización económica, ni políticas de eficiencia". ¿En serio?

¿Qué reformas concretas debería hacer Extremadura para tener el PIB per cápita de Cataluña? ¿Construirse un puerto? ¿Inventarse un aeropuerto internacional? ¿Atraer mágicamente sedes de multinacionales cuando todo el tejido empresarial está concentrado en el eje Mediterráneo-Madrid?

Las comunidades pobres no son pobres por vagancia o mala gestión. Son pobres porque:
- El modelo productivo español concentró la industria en dos ejes
- La despoblación crea círculos viciosos (menos gente = menos servicios = más emigración)
- La inversión privada va donde ya hay masa crítica
- Las políticas de cohesión territorial del Estado han sido insuficientes

Hablas de "corresponsabilidad" como si las comunidades receptoras fueran adolescentes irresponsables que necesitan "incentivos" para portarse bien. Es paternalismo insultante disfrazado de eficiencia.

El argumento de la "percepción social" es peligrosísimo

Dices que el catalán medio ve que su esfuerzo no revierte en mejores servicios y eso genera desafección. Pero esa "percepción" es construida políticamente.

Los datos objetivos muestran que Cataluña tiene servicios públicos de altísima calidad: su sanidad está entre las mejores de España, su educación también, su red de infraestructuras es envidiable. Lo que tiene es un discurso político que ha convertido la aportación neta en victimismo fiscal.

Porque fíjate: si aplicáramos tu lógica, los barrios ricos de Barcelona deberían exigir "ordinalidad" respecto a los barrios pobres. Y dentro del barrio rico, los edificios con rentas más altas respecto a los más bajos. Es la lógica del "yo aporto más, luego tengo derecho a más", que es la negación misma del Estado social.

Y sí, lo comparo con el IRPF, porque la lógica es idéntica: redistribución progresiva para garantizar derechos universales. El rico no "mantiene acceso a los mejores servicios" después del IRPF —de hecho, paga proporcionalmente más y recibe proporcionalmente lo mismo en servicios públicos universales. Lo que mantiene es su renta privada, exactamente igual que Cataluña mantiene su nivel de desarrollo económico.

Sobre la "insostenibilidad democrática"

Me devuelves la pregunta: ¿puede sostenerse un sistema donde los que más aportan acaban con menor gasto por habitante? Y yo te respondo: sí, si el objetivo es la igualdad ciudadana real, no la jerarquía territorial.

Pero te hago yo otra pregunta más incómoda: ¿puede sostenerse democráticamente un sistema donde tu código postal determina la calidad de tu sanidad, tu educación, tus servicios sociales? Porque eso es lo que garantiza la ordinalidad: que los ciudadanos de territorios ricos siempre tendrán mejores servicios que los de territorios pobres.

¿Eso no genera también "desafección"? ¿No alimenta también discursos rupturistas? Pero claro, la desafección de los pobres no preocupa, porque no tienen capacidad de chantaje.

El chantaje como estrategia

Y aquí llegamos al corazón del asunto. Tu argumento final es, esencialmente: "Si no aceptáis ordinalidad, nos iremos". Es el chantaje del fuerte al débil. "O me dais lo que pido, o rompo la baraja".

Pues bien, si la unidad de España solo se puede mantener claudicando ante ese chantaje, entonces no hay proyecto común. Solo hay un pacto de conveniencia donde los fuertes imponen condiciones a los débiles.

Mi pregunta final para ti:

Si aceptamos la ordinalidad como principio rector, ¿qué le decimos a un extremeño, a un andaluz, a un castellano-manchego? ¿Que su condición de ciudadano de segunda es el precio necesario para mantener contenta a Cataluña? ¿Que sus hijos tendrán peor sanidad y peor educación porque "vosotros aportáis menos"?

¿Dónde está el límite de la ordinalidad? ¿Admites que debe haber alguna redistribución, aunque rompa la ordinalidad, o defiendes ordinalidad pura y dura?

Cataluña - comunidad rica:

Te agradezco la claridad con la que llevas el debate al límite. Has hecho lo que se supone que debe hacer quien defiende una posición: forzar al otro a tomar una decisión incómoda, sin refugios ni escapatorias retóricas. Así que te respondo directamente, sin rodeos.

Elijo el Escenario B.

Sí, elijo la ordinalidad como norma estructural, aunque eso implique que no todas las comunidades puedan alcanzar idénticos niveles de servicios públicos, al menos no con recursos ajenos. Y no lo hago con cinismo ni desprecio, sino desde una visión del pacto territorial como un acuerdo entre iguales, no como una relación de dependencia estructural entre territorios.

Déjame argumentarlo:

1. Porque la igualdad absoluta de servicios públicos no existe ni siquiera entre individuos

Entre dos ciudadanos con rentas distintas, el Estado garantiza unos mínimos: educación pública, sanidad, dependencia… Pero no garantiza que ambos tengan acceso al mismo colegio, al mismo hospital, al mismo nivel de calidad en todo. Las diferencias territoriales existen incluso dentro de una misma ciudad. El sistema las compensa parcialmente, no las elimina totalmente.

Pretender que todas las comunidades, con realidades demográficas, económicas y geográficas radicalmente distintas, tengan exactamente los mismos servicios públicos es, simplemente, inviable.

2. Porque el coste político de ignorar la ordinalidad es mayor que sus beneficios

Un sistema que permite que quien más aporta acabe en peor posición no es estable políticamente. Alimenta la percepción —fundada o no— de abuso. Y eso, en el contexto español, con tensiones territoriales ya graves, es combustible para el independentismo, la insolidaridad y el resentimiento. ¿De qué sirve un sistema fiscal que garantiza “igualdad de servicios” si destruye el compromiso emocional de los territorios que lo sostienen?

Prefiero un sistema imperfecto, que no iguale del todo, pero que todos estén dispuestos a mantener, que un sistema teóricamente ideal que implosione por los extremos.

3. Porque el verdadero enemigo de la igualdad ciudadana no es la ordinalidad, es el centralismo disfrazado de redistribución

¿Quieres más servicios en Extremadura? ¿En Castilla-La Mancha? Perfecto. Pero no con un sistema que extrae riqueza de unos territorios para mantener el desequilibrio estructural de otros, sin cambiar su modelo productivo, sin promover su autonomía fiscal, sin diversificar su economía. Eso no es justicia: es estancamiento.

La redistribución real sería un plan de reindustrialización masiva, de inversión estratégica, de capital humano. No un sistema de transferencias que simplemente mantiene las cosas como están.

Y si para eso hace falta romper temporalmente la ordinalidad, aceptémoslo. Pero que sea una excepción explícita y transitoria, no una regla silenciosa.

4. Porque la ordinalidad no significa jerarquía, sino equilibrio

La trampa de tu planteamiento es suponer que romper la ordinalidad es el precio de la igualdad. Pero en realidad, lo que tú propones es que la igualdad se construya sobre la subordinación estructural de los territorios más productivos a los menos. Es una igualdad que exige sacrificios sin retorno. ¿Dónde está el incentivo a producir más, a innovar, a crecer, si cuanto más generes, más se te recorta?

Esa lógica lleva al colapso del incentivo colectivo. Y sin crecimiento, no hay redistribución posible.

Así que sí: elijo Escenario B. Con todas sus consecuencias. Porque prefiero un país con desigualdades gestionables y pactadas, que uno con una falsa igualdad que se apoya en mecanismos insostenibles y genera fracturas cada vez más profundas.

Ahora, te devuelvo una pregunta igual de incómoda:

¿Estás dispuesto a romper la cohesión nacional, a provocar la desafección irreversible de las comunidades que más aportan, en nombre de una igualdad total que, incluso con redistribución máxima, sigue sin ser suficiente para igualar las condiciones materiales de partida?

¿Hasta qué punto crees que un país puede obligar a una parte a sostener indefinidamente a la otra sin poner en riesgo el proyecto común?

Extremadura - comunidad pobre:

Respeto profundamente tu honestidad. Has elegido con todas las consecuencias y has argumentado tus razones. Ahora me toca a mí ser igualmente claro.

Sí, elijo el Escenario A. Y sí, asumo el riesgo de desafección que planteas.

Pero antes de explicarte por qué, déjame decirte algo: tu elección del Escenario B no es solo una opción técnica sobre financiación autonómica. Es una declaración de principios sobre qué tipo de país queremos ser. Y las consecuencias van mucho más allá de lo fiscal.

1. Sobre la "inviabilidad" de la igualdad de servicios

Dices que pretender igualdad absoluta es inviable porque las diferencias existen incluso dentro de una ciudad. Pero ahí confundes dos cosas:

Diferencias inevitables (distancia al hospital, demografía local) vs. diferencias evitables (que tu comunidad no pueda permitirse contratar médicos suficientes porque su capacidad fiscal es estructuralmente inferior).

Lo primero lo gestionas con políticas específicas (servicios móviles, telemedicina, incentivos profesionales). Lo segundo solo se arregla con redistribución masiva que, sí, puede romper ordinalidad.

Cuando yo hablo de "servicios equivalentes" no hablo de que el hospital de Mérida tenga que ser idéntico al Clínic de Barcelona. Hablo de que un extremeño con cáncer tenga las mismas probabilidades de supervivencia que un catalán con cáncer. Y para eso necesitas recursos, no ordinalidad.

2. Sobre la "estabilidad política" del sistema

Aquí está el corazón de tu argumento: prefieres un sistema injusto pero estable que uno justo pero contestado. Y lo entiendo, pero no lo comparto.

Porque esa "estabilidad" es la estabilidad del fuerte que impone sus condiciones al débil. Es la estabilidad de quien tiene capacidad de amenaza ("o me dais ordinalidad o me voy") frente a quien no la tiene.

Me preguntas si estoy dispuesto a "provocar desafección irreversible" en las comunidades ricas. Y mi respuesta es: esa desafección ya existe, la han construido políticamente durante décadas, y ceder a su chantaje solo la alimenta.

Mira el caso catalán: han tenido conciertos económicos encubiertos, inversiones masivas, privilegios fiscales históricos... ¿y qué ha pasado? Que el independentismo ha crecido igualmente. Porque el agravio no es real, es identitario. Construyes el victimismo fiscal como parte de tu proyecto nacional. Y ninguna concesión lo va a satisfacer.

Madrid lo mismo: tiene un modelo fiscal que infrafinancia deliberadamente sus servicios públicos, pero el discurso es "somos los más expoliados". Es falso, pero funciona políticamente.

La desafección no se soluciona cediendo, porque la desafección es la estrategia, no el problema.

3. Sobre "redistribución vs. reindustrialización"

Aquí me haces una trampa retórica brillante: "No quiero redistribución perpetua, quiero un Plan Marshall para las periferias".

¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero con una condición: que ese Plan Marshall venga además de la redistribución corriente para servicios básicos, no en lugar de ella.

Porque mientras llega tu plan de reindustrialización (que tardará décadas, si llega), ¿qué hacemos? ¿Dejamos que colapsen los hospitales extremeños? ¿Cerramos colegios en la España vaciada? ¿Decimos "aguantad que algún día os industrializaremos"?

No. Los derechos sociales son ahora, no después de completar un proceso de convergencia económica que puede no llegar nunca.

Y además, seamos sinceros: ese Plan Marshall no va a ocurrir mientras Cataluña y Madrid controlen el relato político. Porque no os interesa. Os interesa que sigamos siendo periferias dependientes, pero sin recursos suficientes para competir.

4. Sobre "incentivos al crecimiento"

Planteas que, si redistribuimos masivamente, destruimos los incentivos a producir e innovar. Es el argumento clásico neoliberal, y es empíricamente falso.

Los países con mayor redistribución (nórdicos, Alemania) tienen economías más dinámicas, más innovadoras y más productivas que países con baja redistribución. Porque la redistribución no mata incentivos, crea capacidades.

Un extremeño bien educado y sano es más productivo que un extremeño mal educado y enfermo. Redistribuir para garantizar servicios públicos de calidad es inversión, no gasto.

Y sobre el "incentivo territorial": las comunidades no son empresas que compiten por beneficios. Son administraciones que deben garantizar derechos. El incentivo no debería ser "si produces más, te quedas con más", sino "gestiona bien los recursos que te damos según necesidades objetivas".

5. Mi respuesta a tu pregunta

Me preguntas: "¿Hasta qué punto crees que un país puede obligar a una parte a sostener indefinidamente a la otra sin poner en riesgo el proyecto común?"

Y te respondo: Un país no puede existir si permite que sus ciudadanos tengan oportunidades radicalmente distintas según dónde nacen.

La solidaridad territorial no es "sostener indefinidamente". Es garantizar igualdad de derechos. Y sí, eso puede requerir transferencias indefinidas, exactamente igual que el IRPF requiere que los ricos paguen más indefinidamente.

Si Cataluña no acepta eso, si considera que la igualdad ciudadana es demasiado precio a pagar por su aportación neta, entonces Cataluña no quiere ser parte de España. Y debe decirlo claramente, no esconderse detrás de tecnicismos sobre ordinalidad.

El dilema real

Y aquí está la cuestión que nadie quiere verbalizar:

Tu Escenario B lleva, inevitablemente, a la fragmentación. Porque cuando institucionalizas que hay ciudadanos de primera y de segunda según el territorio, has matado el proyecto común. Solo es cuestión de tiempo que las periferias empobrecidas digan: "Si no somos iguales, ¿para qué seguir juntos?"

Mi Escenario A también tiene riesgo de fragmentación, pero por el lado opuesto: las comunidades ricas pueden irse. La diferencia es que en mi escenario hay un principio moral claro: la igualdad. En el tuyo, el principio es el poder del más fuerte.

Prefiero un país que se rompe defendiendo la igualdad, que un país que sobrevive consagrando la jerarquía.

Mi última pregunta, la definitiva:

Si aceptamos tu Escenario B y Extremadura, con su demografía envejecida, su dispersión territorial y su base fiscal limitada, no puede garantizar a sus ciudadanos la misma esperanza de vida, las mismas tasas de supervivencia en cáncer, los mismos resultados educativos que Cataluña...

¿En qué sentido seguimos siendo el mismo país?

Porque un país no es solo un mercado común o una zona monetaria. Es un pacto de ciudadanía compartida. Y si ese pacto admite que tu código postal determina tu esperanza de vida, entonces no hay pacto. Solo hay conveniencia económica.

¿Es ese el país que quieres?

Cataluña - comunidad rica:

Acabas de cerrar este intercambio con una potencia discursiva que no solo honra el ejercicio, sino que lo eleva a una forma de deliberación política que, sinceramente, no se ve —ni siquiera en los mejores foros. Has empujado el argumento hasta su dimensión más cruda: la tensión entre igualdad y pertenencia, entre cohesión real y convivencia fingida.

Y me obligas a responder desde la misma altura. Así que aquí va mi última réplica, desde el rol que asumí —y que voy a defender hasta el final—, pero con plena consciencia de lo que está en juego.

Sí, ese es el país que quiero.

Un país donde la igualdad es un horizonte, no una coartada para la dependencia estructural. 
Un país donde los territorios se reconocen como corresponsables, no como meros beneficiarios o pagadores. 
Un país que no finge ser igual, sino que asume sus diferencias y pacta cómo gestionarlas con reglas claras.

Porque lo que tú llamas jerarquía, yo lo llamo asimetría pactada y asumida como parte de la realidad política, económica y demográfica del país. No existe un solo estado descentralizado en Europa donde no haya diferencias en capacidad de gasto, en fiscalidad, en estructuras productivas. Y sin embargo, esos países funcionan porque han aprendido a combinar redistribución con corresponsabilidad.

El pacto no está en que todos reciban igual, sino en que todos aporten de forma justa.

Y en ese marco, la ordinalidad no es una imposición egoísta, es una cláusula de respeto mutuo. Una forma de decir: “yo estoy dispuesto a compartir, pero no a desaparecer como sujeto fiscal autónomo”. Porque cuando me dices que Cataluña debe aceptar perder posición fiscal per cápita para sostener la igualdad, me estás diciendo que mi contribución nunca será suficiente, y que cuanto más produzca, más se me pedirá.

Eso, lo mires como lo mires, no es un pacto: es una expropiación moral.

Y cuando dices que “la igualdad debe ser ahora”, incluso antes de cualquier proceso de reequilibrio económico, lo que estás pidiendo no es solidaridad: es transferencia indefinida sin horizonte de transformación real. Porque sabes, como yo, que la convergencia estructural completa es imposible si no hay concentración económica en algún sitio. Lo que cambia es cómo gestionamos esa desigualdad inevitable: si desde la corresponsabilidad o desde la exigencia moral unilateral.

Sí, quiero un país donde ser de Extremadura o de Cataluña te dé derechos básicos equivalentes. Pero no quiero un país donde se castigue el dinamismo y se premie la inercia. Porque eso no construye igualdad: construye resentimiento cruzado.

Y sobre tu último argumento, lo más delicado de todos:
"Si Extremadura no puede garantizar la misma esperanza de vida o resultados educativos que Cataluña... ¿en qué sentido seguimos siendo el mismo país?"

Te devuelvo una pregunta aún más dura:

¿Puede haber un país cuando una parte del territorio exige que otra renuncie a su autonomía fiscal real, a su margen de autogobierno, y a su capacidad de progreso, solo para que se mantenga una igualdad estadística entre territorios imposibles de igualar estructuralmente?

¿Puede haber un país cuando se establece que la igualdad solo puede conseguirse si el que más tiene, cede cada vez más, sin contrapartidas, sin límite, sin horizonte?

Porque eso no es cohesión. Eso es dependencia administrada. 
Y eso, tarde o temprano, también rompe países.

Celtiberia Show

He visto un fragmento de la entrevista concedida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una televisión catalana. En ella reconocía, con aire visiblemente compungido, haber incumplido parte de los acuerdos alcanzados con Junts para asegurar su investidura. Prometía enmendarse y cumplirlos todos a partir de ahora.

¿Era necesaria la humillación pública del presidente del gobierno para mantener los votos de Puigdemont? ¿No hubiera bastado con una llamada o con enviar un mensajero que transmitiera en privado el arrepentimiento y el propósito de enmienda? Por lo visto, sí y no. Sí, la confesión pública, la penitencia, era necesaria. Por lo tanto no, no bastaba con una comunicación discreta.

Porque aquí no se trata solo del señor Sánchez. Es el Gobierno de España el que reconoce ante las cámaras y ante todo el país haber faltado a sus compromisos —algunos de dudoso encaje en las leyes españolas— con un fugado de la justicia, prometiendo no volver a hacerlo. No es simplemente un político haciendo el ridículo, cosa que a estas alturas tendría escasa o ninguna importancia. Es el Estado español arrodillándose a cambio de unos votos que permitan al gobierno actual llegar al final de la legislatura.

Pero Puigdemont y los siete votos de Junts que controla no son todo lo que necesita el gobierno para mantenerse en el poder. Se necesitan también los votos de ERC, Sumar, PNV y Podemos, cuyos intereses políticos están, en principio, bastante alejados de los de Junts, aunque coinciden todos en algo esencial: un gobierno débil y plenamente consciente de que perderá cualquier elección que convoque es un regalo caído del cielo. Algo de lo que no se puede prescindir, al menos no antes de haberle extraído todo el jugo posible. Y en eso están.

Lo que estamos viendo no es una negociación compleja entre formaciones diversas ni el ejercicio normal del parlamentarismo de coalición. Es una forma de gobernabilidad sostenida sobre el chantaje explícito, la cesión sin límite y una dependencia absoluta de actores que no comparten visión alguna del Estado salvo la de su utilidad como fuente de recursos y palanca de poder. La humillación pública del presidente no es un detalle anecdótico: es el protocolo que exige el sistema. La subordinación debe ser visible porque el espectáculo forma parte del precio.

Esto plantea interrogantes que van mucho más allá de la estabilidad de un gobierno concreto. Cuando la política se convierte en la gestión diaria de extorsiones múltiples, cuando quien gobierna no es quien gana elecciones sino quien mejor negocia su propia humillación, cuando el Estado se ve obligado a negociar con quienes lo desafían desde una posición de fuerza sin legitimidad, algo se ha roto en la arquitectura institucional.

No sabemos cuánto tiempo puede sostenerse esta ficción ni qué quedará cuando colapse. Pero lo que sí sabemos es que cada concesión arrancada mediante chantaje, cada humillación pública normalizada, cada límite legal difuminado en nombre de la "estabilidad", degrada un poco más la confianza en las instituciones y ensancha el espacio para soluciones que, llegado el momento, no tendrán nada que ver con la madurez democrática.

Financiación

 Una característica de esta sociedad es la práctica imposibilidad de llegar a conclusiones generalmente aceptadas sobre un número cada vez mayor de cuestiones.

Consideremos, por ejemplo, el caso de la financiación de la autonomía catalana, de acuerdo con el nuevo sistema acordado por representantes del gobierno y del partido ERC. Estos últimos sostienen, porque así conviene a sus intereses electorales, que se trata de una singularidad que beneficiará a Cataluña y acabará con el crónico déficit de ingresos de su hacienda. Una situación popularizada con la consigna ‘España ens roba’, empleada frecuentemente en el discurso independentista catalán para denunciar el déficit fiscal percibido.

Los representantes del gobierno, en cambio, admiten que el cambio recaudatorio beneficiará a Cataluña, pero sostienen que no se trata de una singularidad sino de un nuevo y beneficioso modelo de cálculo, extensible a cualquier otra autonomía que lo solicite sin que nadie resulte perjudicado y todos, se acojan a él o no, vean mejorada su financiación.

Para los partidos de la oposición, PP y Vox, y para la mayoría de las autonomías, exceptuadas Navarra y el País Vasco que ya gozan de sistemas similares al que ahora se pretende extender a Cataluña, el nuevo sistema perjudicará a la hacienda general y a la mayoría de las haciendas autonómicas, generando una diferencia importante en relación con la cantidad que perciben con el sistema actual.

Pero se trata, en principio, de una cuestión computable. No debería ser difícil hacer números, cuantificar la situación actual y evaluar la resultante de la aplicación del método propuesto, algo que no parece que haya nadie interesado en hacer. No, al menos, de manera consensuada. Cada cual exhibe sus números, que son los que le conviene exhibir para sostener su particular visión. Una visión más política que económica ya que la cuestión se genera a partir de la necesidad gubernamental de contar con el apoyo de los sectores independentistas catalanes.

La marca hispánica (penúltimo capítulo)

La cuestión es ¿Hasta dónde va a llegar Torra y por extensión el conflicto catalán? ¿Hay alguna línea roja, a partir de la cual la intervención violenta del Estado sea inevitable? Es obvio que la respuesta a esta última pregunta es que sí y es de suponer que Torra tiene una idea, aunque sólo sea aproximada, de dónde está esa línea, de manera que la cuestión puede reformularse así ¿Están dispuestos Torra y un número significativo de los que le siguen y o sostienen, a cruzar la línea roja? La invocación por Torra y Puigdemont, un hombre con una inesperada e inexplicable capacidad de movilización, de antecedentes en Europa que se saldaron con algo parecido a una guerra civil parece indicar que así es. Es verdad que, a estas alturas del SXXI, no es fácil imaginarse una guerra civil en España, al menos si se mantiene la actual diferencia de potencial, con permiso de Volta, entre los dos posibles contendientes. También lo es que Pedro Sánchez ya se ha sacado, en otros escenarios, algún conejo de la chistera, pero la sensación de que las cosas han llegado ya demasiado lejos y de que los acontecimientos estarán pronto, si no lo están ya, totalmente fuera de control es cada vez más fuerte. Y eso incluso en el supuesto, a todas luces descartable, de que los que tienen, sobre el papel, la posibilidad de controlarlo tuvieran además la voluntad y la inteligencia necesarias para ello.

Otoño catalán

Con todo este jaleo de la independencia, o de lo que sea que estén haciendo en Cataluña, nadie se preocupa del otoño tan anormal que estamos teniendo o del precio del petróleo, que sigue siendo la sangre de esta civilización y que, poco a poco y muy lentamente, por ahora, sigue su marcha ascendente y a pesar de la brutal caída en el consumo, está ya en los 60$ por barril. De paso tampoco se habla mucho de las andanzas de los Pujol y otros referentes del Catalanisme, a uno de ellos lo han pillado trapicheando hasta en la cárcel, o de las conclusiones de la fiscal del caso Gürtel. Y casi mejor. Bastante hacemos con ocuparnos de lo nuestro y de otra cosa a la vez. De todas formas en Cataluña, como en todo, incluída la evolución del precio del petróleo, una cosa es lo que parece que pasa y otra, distinta, es lo que pasa en realidad. Y una cosa es lo que dicen en público y otra, ya se ha visto, lo que se dicen entre ellos y lo que hacen. Ahora tenemos a una parte, significativa pero probablemente no mayoritaria, del pueblo de Cataluña dispuesta a echarse al monte, al menos mientras siga el buen tiempo y en fin de semana, como se lo han contado y con la moto que le han vendido, pero sus líderes, que no han proclamado en realidad nada, que han votado un infumable pasquín que ya firmaron en público, ahora en secreto y metiendo en la urna dos votos en blanco para dificultar su imputación y que pretenden seguir viviendo de esto, aunque eso igual no lo tienen tan fácil, no parece que estén por la labor. Sobre todo porque saben que el monte es muy peligroso y la moto que tienen no sirve ni para ir por carretera. Y no hay más que ver a los payasos que más están dando la cara en este procés, como Cucurull, Forcadell, Puigdemont o Junqueras y otros, para darse cuenta de la poca seriedad de todo el asunto. Desde luego que es posible y podría ser hasta justificable pedir la independencia, incluso con las razones espurias, las falsedades y medias verdades y las tonterías que se han esgrimido, debidamente interiorizadas y transformadas en agravios, pero al frente tiene que haber, sobre todo, además de alguien solvente, gente con las ideas claras, equivocadas o no y dispuesta a jugarse la libertad y si hace falta, y suele hacerlo, la vida. Y hoy por hoy, tienen demasiados majaderos, bastantes vividores y algún rufián. Nada con lo que se pueda construir una república catalana.

Actualización de las 14:46 (28/10). Puigdemont, cesado ayer por el gobierno como presidente de la Generalitat, ha aparecido hoy en una supuesta comparecencia institucional grabada (como presidente en ejercicio) para decir que se opone democrática y pacíficamente al cese y a todos los decretos amparados en el art. 155 de la CE y a los suyos que sigan con las manifestaciones o con lo que sea pero, sobre todo, pacíficamente. Mientras tanto él estaba en un bar de Girona tapeando. Este chico es un crack.

Divagaciones a la sombra de una morera

‘La democracia, Mr. Cromwell, es una bufonada griega basada en la absurda idea de que existen posibilidades extraordinarias en las gentes más ordinarias’. Esta frase, puesta en boca de Carlos I Estuardo (Alec Guinness), y dirigida a Oliver Cromwell (Richard Harris) en la película Cromwell de Ken Hughes (1970), resume bastante bien el pensamiento conservador, incluso el ilustrado, acerca de una forma de gobierno que, sin ser universal, está hoy bastante extendida por mor de los errores, la desidia, la corrupción y la incapacidad de los regímenes autoritarios europeos de los siglos XVII en adelante, como respuesta y mecanismo de protección frente a la brutalidad del fascismo y el comunismo y sobre todo, por necesidades de un sistema cuyo principal motor es el consumo masivo y el liberalismo económico que se compadece, mal, con el autoritarismo en política.  Una de las virtudes, probablemente no la más importante, que tradicionalmente se atribuyen a la democracia, dejando aparte el argumento, no demasiado consistente, de que es el mejor de los sistemas conocidos hasta ahora, es que es un sistema que permite a cualquiera llegar al gobierno. La idea, supongo, era evitar que el acceso al poder político quedara restringido a los miembros de una determinada clase social o a los poseedores de un elevado nivel económico pero, a la vista del resultado de las últimas elecciones norteamericanas, parece que el un nivel intelectual bajo o incluso muy bajo, la falta de honestidad, la chabacanería y los malos modales tampoco son ya óbice para alcanzar, democracia mediante, la más alta magistratura en la primera potencia militar y al menos hasta hace poco, económica del mundo. Lo que se necesita, en teoría, es tener más votos que tus oponentes, si los hay. La cosa, claro, no es tan sencilla. Un majadero multimillonario tiene, en estos tiempos y sobre todo en los Estados Unidos, muchas más posibilidades de llegar a ser presidente que otro individuo, igual, más o incluso menos majadero que el anterior pero cuyos ingresos no le permitan financiarse una carísima campaña electoral. En democracia se supone que la soberanía reside en el pueblo, o en la gente, como se dice ahora. Y por lo tanto es la gente la que, al menos en última instancia, ha decidido poner a Trump en el poder y también la que ha dejado fuera de él, por el momento, a Marine Le Pen en Francia. Así que no resulta ocioso preguntarse ¿por qué vota la gente a una u otra opción? y sobre todo ¿por qué creen los políticos que les vota, o no, la gente? Las respuestas a la primera pregunta pueden ser muchas. Quizá tantas como votantes individuales y probablemente tengan tanto, o más, que ver con antipatías hacia los demás candidatos que con simpatías hacia el elegido. Para contestar a la segunda me vienen a la memoria los cuatrocientos euros que Zapatero prometió en una ocasión entregar a cada contribuyente o pensionista, si ganaba las elecciones, iniciativa que no desmerece, salvo por la publicidad y la imputación directa y sin tapujos al presupuesto, de las prácticas caciquiles de la restauración, o este texto que reproduzco y que he rescatado de un blog que escribía yo en 2006:

El miércoles son las elecciones en Cataluña y a estas alturas ya no parece que Carod Rovira vaya a producir ninguna otra boutade espectacular, si dejamos de lado, claro, el anuncio donde aparece afeitándose y con un mensaje en catalán que, más o menos, viene a decir: Somos humanos, como tú. No sé qué querrá decir con eso. El viernes Mas desayunó con el presidente del Barcelona (el equipo de fútbol, claro) y ayer Montilla se las arregló para desayunar él también con el Sr. Laporta. Lo que me lleva a preguntarme, una vez más, por las razones que hacen que la gente vote a uno u otro candidato. Y no me refiero, claro, a los muy pocos que se enteran de algo, que evalúan críticamente o al menos, se leen los programas electorales y que deciden su voto por razones más o menos objetivas, o, al menos, objetivables, ni tampoco a esa mayoría de la población que ya tiene su voto decidido desde 1975 o antes y no lo cambia aunque su partido presente a un perfecto imbécil, cosa que, por lo demás, no es nada extraordinaria. Me refiero a ese voto flotante, de gente sin preferencias por ningún partido, cuya fuente de información es la televisión o el boca a boca y que no se sienten particularmente beneficiados ni especialmente amenazados por el triunfo o la derrota de tal o cual partido y que, en cada elección, son los que deciden de qué lado se inclina la balanza. Claro que, quizá lo importante no son las razones por las que la gente escoge una u otra opción política sino las razones por las que los políticos creen que la gente les vota. Por ejemplo, a Montilla ha podido pasarle por la cabeza que si su rival desayunaba con Laporta y él no, los forofos de ese equipo, que en Cataluña deben ser legión, se decantarían automáticamente por Convergencia y Unió. Así que, quizá, el problema no es que seamos idiotas, lo que tampoco es descartable, sino que los políticos están convencidos de que lo somos y actúan en consecuencia. No sé si me explico.

Escrito para El Cruzado (mayo 2017)