La unidad de la izquierda.

Rufián, un pintoresco diputado del Congreso, antes furibundo y deslenguado independentista catalán y hoy sedicente paladín de la unidad de la izquierda española, se postula como referente de una parte del paisanaje que, según él, está desamparada por un PSOE en crisis terminal y por una constelación de partidos cuyas querellas y trifulcas los alejan de su electorado natural. Un electorado que, ante semejante desamparo, podría inclinarse por el PP o incluso por la ultraderecha. O abstenerse. Pero si esas siglas, hoy separadas y en gresca permanente, se unen, sus partidarios por pocos que sean, votarán juntos por esa coalición que alcanzará, con tan original procedimiento, las alturas del Olimpo gubernamental. Pudiera ser, sin embargo, que el efecto fuera exactamente el contrario. Es decir, que electores que darían su voto a Sumar, por ejemplo, se dejaran cortar la mano antes que votar una coalición en la que estuviera Podemos. Pero, como de costumbre, aquí de lo que se trata es de conseguir una lista que encabezar, por pocas posibilidades electorales que tenga, siempre y cuando esté garantizada la salida para el cabeza de la lista y aquellos que hayan contribuido a hacer viable el invento. Y eso no es difícil. Como tampoco lo es que, en un escenario tan polarizado como el actual, esos pocos escaños sean decisivos a la hora de formar gobierno y permitan, a los cabecillas de la coalición, ejercer una influencia y disfrutar de unos privilegios que de otra manera nunca les hubiera correspondido. No sería la primera vez.

¿Sánchez? Esa no es la cuestión.

El empobrecimiento del debate público en España ha alcanzado tal grado que parece que el único problema político relevante es si el actual presidente del gobierno continúa o no en el poder. Como si el país entero estuviera suspendido de una biografía. Como si la decadencia o la prosperidad nacionales dependieran exclusivamente de la permanencia de un hombre y no de la estructura misma del sistema político, económico y territorial.

Y no digo que la continuidad del Sr. Sánchez no importe —le importa, desde luego, a él, a una parte de la clase política y seguramente a mucha gente más—, pero elevar esa cuestión a eje casi exclusivo del debate es una forma de irresponsabilidad colectiva. Se discute el relevo con pasión, pero se evita cuidadosamente la discusión sobre el rumbo. Y eso no es casual: hablar de nombres es mucho más cómodo que hablar de modelos.

Pero claro, mientras tanto los problemas de fondo permanecen. No se resuelven, no se afrontan y ni siquiera se formulan con claridad. Se ocultan bajo cifras espectaculares, anuncios grandilocuentes y una sucesión de parches que permiten ganar tiempo político a costa de perder un tiempo histórico que difícilmente se recuperará.

El turismo, un sector que aportó casi el 13% del PIB en 2025, es un ejemplo evidente de esta lógica. Celebrar ocupaciones hoteleras superiores al 90% como si fueran un indicador de éxito estructural revela hasta qué punto se ha normalizado la mediocridad. El turismo masivo no transforma la economía: la anestesia. No mejora la productividad, no genera, salvo pocas excepciones, empleo cualificado, no fija población ni reduce desigualdades territoriales. Produce rentas rápidas, salarios bajos y dependencia crónica mientras presiona sobre la oferta de vivienda y las infraestructuras. Es el opio estadístico de un país que no ve más allá de la próxima temporada alta.

Algo parecido ocurre con el entusiasmo desmedido por cualquier inversión que incluya las palabras “tecnología”, “datos” o “industria”, aunque llegue sin planificación, sin integración territorial y sin evaluación de costes reales. Que Aragón se convierta en receptora de centros de datos o de fábricas desplazadas desde Asia no es, por sí misma, una estrategia de desarrollo, pero bien podría ser lo contrario. Consumo intensivo de agua en territorios tensionados —ayer mismo se declaró una alerta por sequía en buena parte del territorio—, sobrecarga en redes eléctricas insuficientes, empleo limitado y altamente especializado que no combate la despoblación… ¿Dónde está el beneficio estructural? ¿Cuál es el proyecto?

La respuesta a estas cuestiones, si llegaran a plantearse, que no lo creo, sería el silencio o el eslogan. Porque admitir que muchas de estas “soluciones” agravan los problemas exigiría algo que la política española evita con especial empeño: planificación a largo plazo, jerarquización de prioridades y aceptación de límites materiales. Mucho más sencillo es hacer pasar crecimiento por desarrollo y volumen por solidez. Y por lo visto, electoralmente al menos, más eficaz.

Lo verdaderamente alarmante no es que el Sr. Sánchez siga o no siga al frente del gobierno, sino que, esté quien esté, el país continúe atrapado en la misma inercia: ausencia de modelo productivo, desequilibrios territoriales crecientes y cada vez peor abordados y una clase política obsesionada con su supervivencia inmediata. España no fracasa por culpa de un dirigente concreto, sino por la renuncia sistemática a pensar en términos estructurales.

Reducir el futuro del país a un relevo personal no es solo un error analítico: es una coartada. Sirve para no hablar de lo esencial. Y mientras tanto el problema no es quién manda, sino que, con tantos asesores que en teoría cobran por pensar, nadie parezca estar haciéndolo.

Enviado a ECA 23012026

Más

Elecciones

Pues mira por dónde el final de año nos ha traído un nuevo ciclo electoral. Hace años que no soy un entusiasta de las elecciones. No me gusta el procedimiento y, además, soy plenamente consciente de la nula influencia que mi voto tendría en el resultado final.

Dicho así, esta afirmación suele provocar incomodidad e incluso reacciones adversas. Los creyentes en la liturgia democrática la interpretan como cinismo o, peor aún, como irresponsabilidad cívica. Pero no es ni una cosa ni la otra: es simple aritmética electoral combinada con años de observación empírica de cómo funcionan realmente las cosas.

Un voto, en una circunscripción de tamaño medio, tiene un peso estadístico ridículo. Equivale aproximadamente a nada. Se puede objetar que “si todo el mundo pensara así…”, pero resulta que no todo el mundo piensa así, de modo que el argumento es irrelevante. La participación masiva, aunque levemente decreciente, no parece estar en riesgo, el sistema se reproduce, y una papeleta más o menos no altera absolutamente nada. Es matemática elemental, no un dilema moral.

Además, está el problema de qué se elige exactamente. Las opciones vienen previamente filtradas por los aparatos de los partidos, las decisiones importantes se toman en instancias que nadie elige (Bruselas, mercados financieros, organismos técnicos), y los programas electorales son documentos deliberadamente ambiguos, diseñados para no comprometer a nadie con nada concreto. Lo que llamamos elecciones es, en buena medida, un plebiscito sobre quién administrará un marco que permanece intacto.

Pero hay algo más: ¿qué criterios guían realmente a los electores? Está claro que no se elige a los más capaces ni a los más honrados. Tampoco, en general, a los más inteligentes. Los que votan —que no son todos, ni mucho menos— eligen la lista, cerrada e inalterable, de un partido basándose en prejuicios heredados, campañas de televisión, lealtades familiares, miedos difusos o simpatías personales. Nada en ese proceso garantiza, ni remotamente, que los elegidos vayan a ser capaces de gestionar nada con un mínimo de competencia. El sistema no selecciona capacidad; selecciona adhesión, visibilidad mediática y habilidad para captar votos. Que luego algunas de esas personas resulten ser razonablemente competentes, que todo puede pasar, es, en buena medida, fruto del azar.

No niego que el ritual tenga su función. Proporciona una sensación subjetiva de participación, renueva periódicamente el personal político y permite cierta rotación de élites. Pero confundir eso con poder real del ciudadano es puro autoengaño. El sistema representativo actual se parece más a una oligarquía electiva que a cualquier otra cosa, y las elecciones son su mecanismo de legitimación, no de control.

Muchos encontrarán suficientes razones para participar en lo que se ha dado en llamar la “fiesta de la democracia” —costumbre, esperanza residual, miedo a que empeore—, y me parece respetable. Pero que nadie espere demasiado entusiasmo por un procedimiento cuya utilidad práctica resulta, siendo generoso, muy dudosa.

Enviado a ECA 26 diciembre 2025

Celtiberia Show

He visto un fragmento de la entrevista concedida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una televisión catalana. En ella reconocía, con aire visiblemente compungido, haber incumplido parte de los acuerdos alcanzados con Junts para asegurar su investidura. Prometía enmendarse y cumplirlos todos a partir de ahora.

¿Era necesaria la humillación pública del presidente del gobierno para mantener los votos de Puigdemont? ¿No hubiera bastado con una llamada o con enviar un mensajero que transmitiera en privado el arrepentimiento y el propósito de enmienda? Por lo visto, sí y no. Sí, la confesión pública, la penitencia, era necesaria. Por lo tanto no, no bastaba con una comunicación discreta.

Porque aquí no se trata solo del señor Sánchez. Es el Gobierno de España el que reconoce ante las cámaras y ante todo el país haber faltado a sus compromisos —algunos de dudoso encaje en las leyes españolas— con un fugado de la justicia, prometiendo no volver a hacerlo. No es simplemente un político haciendo el ridículo, cosa que a estas alturas tendría escasa o ninguna importancia. Es el Estado español arrodillándose a cambio de unos votos que permitan al gobierno actual llegar al final de la legislatura.

Pero Puigdemont y los siete votos de Junts que controla no son todo lo que necesita el gobierno para mantenerse en el poder. Se necesitan también los votos de ERC, Sumar, PNV y Podemos, cuyos intereses políticos están, en principio, bastante alejados de los de Junts, aunque coinciden todos en algo esencial: un gobierno débil y plenamente consciente de que perderá cualquier elección que convoque es un regalo caído del cielo. Algo de lo que no se puede prescindir, al menos no antes de haberle extraído todo el jugo posible. Y en eso están.

Lo que estamos viendo no es una negociación compleja entre formaciones diversas ni el ejercicio normal del parlamentarismo de coalición. Es una forma de gobernabilidad sostenida sobre el chantaje explícito, la cesión sin límite y una dependencia absoluta de actores que no comparten visión alguna del Estado salvo la de su utilidad como fuente de recursos y palanca de poder. La humillación pública del presidente no es un detalle anecdótico: es el protocolo que exige el sistema. La subordinación debe ser visible porque el espectáculo forma parte del precio.

Esto plantea interrogantes que van mucho más allá de la estabilidad de un gobierno concreto. Cuando la política se convierte en la gestión diaria de extorsiones múltiples, cuando quien gobierna no es quien gana elecciones sino quien mejor negocia su propia humillación, cuando el Estado se ve obligado a negociar con quienes lo desafían desde una posición de fuerza sin legitimidad, algo se ha roto en la arquitectura institucional.

No sabemos cuánto tiempo puede sostenerse esta ficción ni qué quedará cuando colapse. Pero lo que sí sabemos es que cada concesión arrancada mediante chantaje, cada humillación pública normalizada, cada límite legal difuminado en nombre de la "estabilidad", degrada un poco más la confianza en las instituciones y ensancha el espacio para soluciones que, llegado el momento, no tendrán nada que ver con la madurez democrática.

La política como representación

He recibido una foto en la que aparecen el ministro de la Presidencia, Sr. Bolaños, y el líder de la oposición, Sr. Feijóo, en agradable y distendida conversación. Aparentemente la foto ha causado el escándalo de algunas buenas gentes que creen ver en ella la imagen de una connivencia intolerable o de un compadreo falaz. Algo que desmiente el pretendido rigor y la aparente hostilidad de sus enfrentamientos públicos.

Pero es que los políticos no se enfrentan entre ellos porque se odien realmente —aunque es probable que, en muchos casos, no se soporten, especialmente dentro del mismo partido—, sino porque interpretan el espectáculo que la ciudadanía espera ver. En el fondo, actúan como si ese enfrentamiento formara parte de sus obligaciones: una coreografía de la confrontación que da sentido a su rol público.

A pesar de las acusaciones cruzadas —en las que se imputan mutuamente ineptitud, malas intenciones e incluso delitos que llevarían a cualquier ciudadano común a prisión durante años—, todos ellos son plenamente conscientes de que se necesitan los unos a los otros. Saben que forman parte de la misma troupe, y que la representación solo resulta creíble si participan todos los actores, y se cubren todos los papeles previstos en el guion.

Por eso, cuando organizan comisiones de investigación o formulan denuncias desde la tribuna parlamentaria o los medios de comunicación —normalmente escritas por otros y como parte del mismo guion—, no lo hacen tanto en busca de la verdad como para ofrecer a sus respectivos públicos la dosis de enfrentamiento que necesitan. Una audiencia que finge escandalizarse cuando el denostado es del bando contrario, pero que guarda silencio —o lo justifica todo— cuando el señalado pertenece a los suyos. Porque todos, en definitiva, participan en un juego cuyas reglas fingen ignorar.

El problema, con esta escenografía, es que finalmente terminen todos, actores y público, por creerse los papeles que les han tocado en suerte, tomen la parte por el todo y confundan el escenario con el mundo real. Que el fin último de la política, que es, o debería ser, la organización justa y eficaz de la vida en común, se transmute en un interminable conflicto para conseguir y mantener el poder. Un conflicto que tiene el potencial necesario para acabar mal, muy mal o, no sería la primera vez, a bofetadas. O a tiros.

¿Colapso o reconfiguración?

¿Por qué hay tanta gente que cree ahora que todo se está desmoronando? ¿Por qué la incompetencia en política es hoy la norma y no la excepción? ¿Por qué este clima de cierre, de final de ciclo, cuando apenas cruzamos el primer cuarto de un siglo que parecía tan prometedor? ¿Y por qué, si en realidad nunca se ha vivido mejor se extiende la idea de que esto no puede durar mucho más? Y, sobre todo, ¿Por qué tantos gobiernos europeos consideran ahora plausible una guerra generalizada en un futuro inmediato?

Hay, al menos, dos hipótesis posibles —y no necesariamente excluyentes— para interpretar el momento presente. La primera es que esta civilización ha entrado en una fase avanzada de colapso sistémico. La segunda que nos encontramos en medio de una transformación estructural acelerada, gestionada por formas de poder difusas y reforzada por desigualdades crecientes en el acceso a la información, los recursos y la toma de decisiones.

La hipótesis del colapso se justifica por una constatación histórica y ecológica: los sistemas complejos, cuando alcanzan niveles excesivos de rigidez, interdependencia y sobreexplotación del entorno, tienden al deterioro, provocado, según Joseph Tainter, por “la disminución del rendimiento marginal de la complejidad”. Es decir, que su inevitable incremento ya no resuelve problemas, sino que los agrava. Ejemplos como el Imperio romano, la civilización mesopotámica o los mayas ilustran cómo la pérdida de legitimidad institucional, el aumento de la desigualdad y la incapacidad de adaptación desencadenaron desenlaces críticos.

Desde esta perspectiva, fenómenos como el progresivo deterioro de los servicios sanitarios locales, la crisis energética —de la que el apagón generalizado del 28 de abril, aún sin explicación, es solo un aviso—, el descrédito de las instituciones democráticas, evidenciado por el intercambio permanente de descalificaciones entre representantes políticos, o la devastación ambiental reflejada en incendios e inundaciones cada vez más violentos e  incontrolables y en la deficiente respuesta gubernamental a esos fenómenos no serían anomalías, sino síntomas tangibles de una civilización en fase de agotamiento.

Pero hay también otra lectura, complementaria, que sugiere que algunas de estas tensiones están siendo gestionadas —aunque no necesariamente provocadas— para facilitar transformaciones de fondo. No se trata de postular conspiraciones, sino de admitir que ciertos mecanismos de gobierno operan al margen del debate público. Es lo que Naomi Klein definió como “la estrategia del shock”: aprovechar momentos de crisis para imponer reformas estructurales difíciles de justificar en condiciones de normalidad. Aunque su análisis se centra en el neoliberalismo contemporáneo, la historia muestra que ciertos acontecimientos traumáticos —como la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial o el colapso económico en Alemania tras el Tratado de Versalles y el crack del 29— generaron vacíos de legitimidad que facilitaron el ascenso de formas autoritarias de gobierno. No fueron estrategias deliberadas, pero sí ejemplos de cómo el desorden puede allanar el camino a transformaciones profundas sin participación democrática.

En contextos de crisis prolongada como el actual, es común atribuir el deterioro institucional y social a la mediocridad, la incompetencia y la corrupción de quienes ocupan posiciones de poder. Sin embargo, esta lectura personalista —aunque emocionalmente comprensible— resulta insuficiente si se quiere comprender la magnitud de los procesos en curso. La persistencia y ubicuidad de políticos ineficaces, ignorantes y abiertamente corruptos no es necesariamente un fallo del sistema sino, a veces, una manifestación coherente con su lógica de funcionamiento en fase de disolución o reconfiguración. En estructuras dominadas por incentivos perversos, opacidad decisoria y deslegitimación ciudadana, la mediocridad y el oportunismo no son disfunciones: son adaptaciones. La falta de visión estratégica, la polarización estéril y la incapacidad de generar horizontes colectivos pueden interpretarse, entonces, no como anomalías individuales, sino como síntomas de una arquitectura institucional que ha dejado de premiar la competencia, la responsabilidad o la deliberación democrática.

Esto no significa que los individuos no tengan responsabilidad moral, política e incluso penal. Pero sí implica reconocer que los sistemas sociales tienden a producir, seleccionar y estabilizar los perfiles que mejor se adaptan a cada fase histórica. En un entorno donde el desorden es útil para transformar sin consensos, la figura del gestor cínico, el tecnócrata opaco o el populista ruidoso cumple funciones específicas dentro del ecosistema en crisis. Son expresiones de una racionalidad adaptativa, aunque totalmente disfuncional desde el punto de vista del interés colectivo.

El reto, entonces, es intentar identificar las fuerzas que están actuando mientras el sistema se descompone o se transforma. Porque si la crisis no es un accidente sino una herramienta, y si la ineficiencia es funcional al desorden, entonces lo que está en juego no es la restauración del orden anterior, que ya no parece posible y quizá tampoco sea deseable, sino la disputa por lo que vendrá. La pregunta no es si volveremos a la normalidad, sino qué tipo de orden emergerá del caos actual.

Enviado a ECA 28 nov. 2025

No taxation without representation

 Según el artículo 134 apartados 3 y 4 de la Constitución Española, el gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

¿Qué significa “deberá presentar”? Pues precisamente eso. No hay matices. El gobierno debe presentar la Ley de Presupuestos y si no la presenta estará incumpliendo la Constitución. La “prórroga” está prevista para el caso de que los presupuestos “presentados” por el gobierno sean rechazados por las Cortes. Los constituyentes no contemplaron el supuesto de que el ejecutivo pudiese eludir la presentación del proyecto de ley, menos aún por periodos tan extensos, que en este caso abarcarán de dos a cuatro años.

El gobierno, por lo tanto, lleva dos años recaudando impuestos y aprobando gastos en virtud de una ley aprobada por una legislatura previa, un acto que, por su naturaleza, se sitúa al margen de la legalidad constitucional. Este uso prolongado de una ley presupuestaria caducada implica, de facto, la inobservancia del principio democrático que exige la renovación del consentimiento parlamentario para el ejercicio de la potestad tributaria. Dado el actual clima de polarización y el consecuente deterioro de la primacía de la ley, los ciudadanos se ven compelidos a afrontar estas exacciones fiscales, aun sabiendo que su legitimidad constitucional es cuestionable, bajo el riesgo de incurrir en sanciones por parte de la Hacienda Pública.

Siglos después de la aprobación de la Carta Magna que restringía el poder del Rey de recaudar impuestos sin el consentimiento del Parlamento, de que las cortes castellanas y aragonesas limitaran la capacidad recaudatoria del Rey y de que las colonias americanas se levantaran contra el parlamento británico al grito de ‘no taxation without representation’, el gobierno español recauda impuestos sin ni siquiera presentar una ley que los respalde.

¿Por qué pasa esto? Porque los mecanismos correctores previstos están desactivados. El Tribunal Constitucional, en su actual composición, no va a desautorizar al gobierno y la moción de censura constructiva requiere una mayoría imposible de alcanzar en estos momentos. La disolución automática, única salida posible a la actual situación, no fue prevista por los constituyentes, de manera que nos encontramos ante un bloqueo institucional que permite al gobierno incumplir la Constitución, pero que no exime a los ciudadanos de la obligación de pagar unos impuestos acordados por un parlamento que ya no existe. 

Pero todo esto no le importa a casi nadie. Mucha gente cree que lo importante es que gobiernen los ‘suyos’ y no van a poner eso en riesgo por unos presupuestos que no saben para que sirven o por una Constitución de la que la mayoría no ha oído hablar y muy pocos podrían citar algún artículo. El razonamiento anterior es aparentemente inatacable, pero eso da igual. Los partidarios del gobierno y sus detractores encontrarán argumentos en contra o a favor sin ningún problema. Y si no los encuentran pueden preguntar a alguna inteligencia artificial, que les dará una respuesta, impecablemente redactada, y con las citas y referencias que sean necesarias para sostener cualquier postura. Pero eso también dará igual porque, naturalmente, tampoco le interesará a casi nadie.

Conversaciones en el Café: Inteligencia artificial y capitalismo en el siglo XXI

En la mesa más apartada del viejo café discutíamos acerca de la viabilidad del modelo capitalista de sociedad, el único, dije al introducir el tema, que ha sobrevivido al convulso siglo XX. Alguien aventuró que el modelo chino también lo había hecho y de forma espectacular, para admitir, después de una breve disputa, que China es un país tan capitalista como Estados Unidos. Su economía funciona con lógica de mercado, aunque el país esté gobernado por un régimen de partido único que mantiene, por conveniencia política, la etiqueta comunista.

Un elemento clave del modelo en la actualidad es la omnipresencia de las redes sociales, cuya influencia podría matizarse —o intensificarse— con la eclosión de la inteligencia artificial generativa (IAG) que, se quiera o no, ya forma parte del debate. Además, dijo otro, las redes sociales, aunque hay quien las considera una alternativa política a los actuales sistemas de representación, son sobre todo recursos del sistema. Tanto es así, convine, que su supervivencia está condicionada a su rentabilidad económica y, en el caso de la IAG, a su consolidación como herramienta insustituible mediante la creación y mantenimiento de un público cautivo.

A alguien le pareció sorprendente la velocidad con la que se está produciendo la penetración de la IA, que no tiene comparación, dijo, con la de cualquier otra herramienta informática desplegada hasta la fecha. Eso puede atribuirse, convinimos, a que se trata de una tecnología cuya principal característica no es la inteligencia —algo que ya exhibían, desde hace tiempo, los sistemas dedicados al análisis de datos y la toma de decisiones en el ámbito industrial— sino el hecho de que habla y es, por tanto, capaz de comunicarse, en lenguaje natural y con fluidez, con cualquiera, independientemente de su formación, ideología o idioma.

Después se mencionó que hoy compiten más de veinte modelos de IAG por la captación de ese mercado cautivo. El procedimiento para imponerse, salvo por cuestiones de escala, accesibilidad y precio, podría ser similar al que utilizó Microsoft en los 80 y 90 para imponer primero DOS y luego Windows: una suscripción gratuita, complementada con mejoras considerables para los usuarios de pago, que acaba generando una dependencia creciente, capaz de enganchar y moldear el pensamiento de un público cada vez más amplio.

Claro que, se dijo, Windows y DOS eran, comparativamente, inofensivos. Su precio y su costo operacional eran muy inferiores y siempre existía la posibilidad —más bien la obligación— de tener una copia local a la que recurrir. Con la IA eso no existe. La infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar un modelo está al alcance de unas pocas grandes empresas. Las excepciones —como Llama o Mistral— existen, pero sus resultados son limitados. Con Windows uno tenía la aplicación. Ahora sólo tiene el acceso y no hay copia local a la que volver si tu proveedor corta el acceso al sistema. Windows era, en alguna medida, prescindible. En los años 80 una máquina de escribir y una calculadora podían salvarte el día. La IA generativa no tendrá alternativa en un futuro previsible y está contribuyendo, como pocas antes, a la expansión del poder corporativo de algunas empresas tecnológicas.

Finalmente convinimos en que la combinación de las redes sociales con la posibilidad que ofrece la IAG de asumir el papel de un erudito siendo un imbécil, o de crear con poco esfuerzo imágenes y sonidos que representen situaciones creíbles ha llevado nuestro gastado sistema y su representación virtual a los límites de la realidad. Posiblemente los haya sobrepasado con creces, y la ficción domine ya el escenario, pero el poder del dinero —el capital— real o imaginario, sigue siendo la clave de bóveda de todo el sistema.

Hablando, hablando, nos dieron las ocho de la tarde. Al salir pagamos con el móvil.

Enviado a ECA 31oct2025

Financiación

 Una característica de esta sociedad es la práctica imposibilidad de llegar a conclusiones generalmente aceptadas sobre un número cada vez mayor de cuestiones.

Consideremos, por ejemplo, el caso de la financiación de la autonomía catalana, de acuerdo con el nuevo sistema acordado por representantes del gobierno y del partido ERC. Estos últimos sostienen, porque así conviene a sus intereses electorales, que se trata de una singularidad que beneficiará a Cataluña y acabará con el crónico déficit de ingresos de su hacienda. Una situación popularizada con la consigna ‘España ens roba’, empleada frecuentemente en el discurso independentista catalán para denunciar el déficit fiscal percibido.

Los representantes del gobierno, en cambio, admiten que el cambio recaudatorio beneficiará a Cataluña, pero sostienen que no se trata de una singularidad sino de un nuevo y beneficioso modelo de cálculo, extensible a cualquier otra autonomía que lo solicite sin que nadie resulte perjudicado y todos, se acojan a él o no, vean mejorada su financiación.

Para los partidos de la oposición, PP y Vox, y para la mayoría de las autonomías, exceptuadas Navarra y el País Vasco que ya gozan de sistemas similares al que ahora se pretende extender a Cataluña, el nuevo sistema perjudicará a la hacienda general y a la mayoría de las haciendas autonómicas, generando una diferencia importante en relación con la cantidad que perciben con el sistema actual.

Pero se trata, en principio, de una cuestión computable. No debería ser difícil hacer números, cuantificar la situación actual y evaluar la resultante de la aplicación del método propuesto, algo que no parece que haya nadie interesado en hacer. No, al menos, de manera consensuada. Cada cual exhibe sus números, que son los que le conviene exhibir para sostener su particular visión. Una visión más política que económica ya que la cuestión se genera a partir de la necesidad gubernamental de contar con el apoyo de los sectores independentistas catalanes.

Cuando la política tenía gracia

Hace no tanto —aunque parezca que han pasado siglos— hubo un programa de televisión en el que los políticos aparecían convertidos en muñecos de guiñol. Literalmente. Marionetas de látex, con rasgos grotescos, voces impostadas y guiones afilados, que decían verdades como puños mientras uno reía sin parar. Me refiero a 'las noticias del guiñol' que emitía Canal+, en una época, finales de los 90, en que pagar por ver la tele aún parecía una excentricidad de urbanitas.

Recuerdo con cierta nostalgia aquellos programas. Por lo que decían, y por cómo lo decían. Allí estaban Aznar, González, Anguita, Pujol, incluso Jesulín y algún futbolista despistado, todos pasados por el tamiz de una sátira que conseguía lo más difícil: hacernos reír con ellos y de ellos al mismo tiempo. Y nadie —o casi nadie— se sentía insultado. La caricatura no era sinónimo de odio, sino una forma de representación de la realidad.

Aquello se acabó. Los guiñoles desaparecieron, y con ellos se fue también una forma de ver la política. Ya no se puede hacer humor de ese tipo. O, mejor dicho, ya no se puede emitir. La televisión es ahora otra cosa. Canal+ dejó de existir, se convirtió en Cuatro, y las marionetas fueron arrinconadas por realities, talent shows y tertulias donde el guiñol es el invitado de turno.

La culpa no es solo de la televisión. La política también ha cambiado. Se ha vuelto tan grotesca, tan escandalosamente teatral, que resulta difícil parodiarla sin caer en lo obvio. ¿Cómo se hace una sátira de un ministro que ya habla como si estuviera en una comedia bufa? ¿Qué se puede exagerar cuando los protagonistas hacen el ridículo sin que nadie les obligue? La política se volvió imparodiable, y eso fue el principio del fin del humor político.

Además ahora vivimos rodeados de prejuicios morales, de colectivos hipersensibles y de censores a tiempo completo. Todo se analiza, todo se fiscaliza. Cualquier chiste puede ser ofensivo y cualquier ironía tomada como una agresión. La sátira, que consiste en provocar, en rozar el límite y en  incomodar, ya no tiene espacio. Nadie quiere ofender. Nadie quiere meterse en líos. Y así, uno a uno, van cayendo todos los reductos donde el humor político aún resistía.

Alguien dirá que ahora está Twitter, TikTok o los memes de WhatsApp y ahí hay sátira para rato. Y es verdad: en Internet no parece que falte el ingenio. Pero es otra cosa. Es un humor tribal, rápido, sin poso. Se ríe uno con los suyos, pero no se construye ninguna mirada común. Cada bando tiene su propia risa, y ninguna sirve para comprender mejor al otro. Es un humor de barricada, no de salón.

Quizá el problema de fondo sea que ya no tenemos ganas de reírnos. Estamos demasiado cansados, enfadados, y un poco resignados. Y la resignación es el estado ideal para que las cosas no cambien.

Echo de menos aquellos guiñoles. Un poco por nostalgia, pero sobre todo por lo que representaban: una sociedad que aún creía en la inteligencia, en la crítica y en la risa compartida. Una sociedad que no había perdido del todo la capacidad de tomarse en serio lo importante… sin dejar de tomarse a broma lo ridículo.

Es posible que recuperemos algún día la capacidad de reírnos sin miedo, incluso de nosotros mismos, pero, de momento, seguimos en esta tragicomedia sin guion reconocible donde los títeres no tienen hilos. Tienen cargos que están decididos a mantener.

La Lealtad Política en España.

El caso PSOE: Un Análisis Teórico

La persistente fidelidad electoral que ciertos sectores de la sociedad española mantienen hacia el Partido Socialista Obrero Español constituye un fenómeno complejo que trasciende el mero cálculo electoral. Para comprender esta lealtad aparentemente inquebrantable, resulta necesario examinar las diferentes perspectivas teóricas sobre la fidelidad política y su aplicación al contexto español contemporáneo.

Desde una perspectiva maquiavélica, la lealtad política se concibe como un contrato tácito basado en la utilidad mutua. Nicolás Maquiavelo sostenía que esta fidelidad perdura mientras resulte ventajosa para ambas partes. En el caso del PSOE, sectores de los trabajadores industriales, empleados públicos y colectivos sindicales mantienen su apoyo porque creen que el partido defiende eficazmente sus intereses económicos y sociales.

Esta dimensión utilitaria se complementa con la visión hobbesiana del pacto social. Thomas Hobbes entendía la lealtad como el cumplimiento de un acuerdo mediante el cual los individuos ceden ciertas libertades a cambio de seguridad y orden. Para muchos votantes tradicionales del PSOE, existe la convicción profunda de que este partido garantiza la estabilidad política y un marco socioeconómico que previene la precariedad laboral y los retrocesos en el Estado de bienestar. La idea de que "peor sería dejar el poder a la derecha" refuerza esta lealtad incluso en momentos de dificultad.

Sin embargo, la fidelidad hacia el PSOE no se explica únicamente por consideraciones pragmáticas. Siguiendo la tradición aristotélica, existe también una dimensión identitaria y moral en esta lealtad. Aristóteles concebía la amistad virtuosa como aquella basada en la admiración mutua por los valores compartidos. Para muchos electores, el vínculo con el PSOE trasciende el análisis coste-beneficio y se fundamenta en la identificación con los valores que tradicionalmente ha defendido el partido: la igualdad, la justicia social y la lucha contra la exclusión. Esta afiliación se convierte en parte integral de su visión de la sociedad.

La perspectiva de Edmund Burke sobre la continuidad histórica aporta otra clave interpretativa fundamental. Burke enfatizaba la importancia de la lealtad a las tradiciones políticas construidas a lo largo del tiempo. En España, la Transición democrática y la consolidación del sistema constitucional estuvieron, para una parte de la población, íntimamente vinculadas al PSOE. Las primeras leyes de modernización social, el impulso de la seguridad social y la integración europea consolidaron una narrativa histórica de progreso asociada a este partido. Para la generación que vivió aquellas transformaciones, votar al PSOE representa un modo de preservar la memoria democrática y el legado de modernización del país.

Jean-Jacques Rousseau ofrece una tercera dimensión explicativa a través de su concepto de "voluntad general". Según el filósofo ginebrino, la verdadera lealtad política consiste en cumplir las leyes que los ciudadanos han decidido como voluntad común. Cuando un grupo de electores percibe que el PSOE representa la voluntad general de su entorno —especialmente en comunidades autónomas con fuerte presencia socialista—, surge una fidelidad que trasciende el carisma de líderes individuales. Este voto se interpreta como la materialización de un contrato social comunitario que, no obstante y como se ha visto en Andalucía, no es inamovible.

El contexto sociológico español añade factores específicos a este fenómeno. Los vínculos históricos entre el PSOE y sindicatos como Comisiones Obreras y UGT han consolidado en determinados sectores la ecuación "votar PSOE equivale a defender derechos laborales". Aunque el clientelismo tradicional ha disminuido, persisten formas de clientelismo simbólico basadas en narrativas de defensa de la clase trabajadora. Asimismo, la transmisión generacional de la identificación política ha convertido el voto socialista en parte de la identidad cívica familiar, adquiriendo rasgos tanto de amistad virtuosa aristotélica como de costumbre en el sentido de Burke.

Para el electorado que valora la intervención estatal en la economía y mantiene expectativas de movilidad social, la promesa de reformas progresistas sigue siendo atractiva. Aunque se critique la gestión concreta, muchos votantes permanecen fieles porque creen que las alternativas conservadoras ofrecerían menos garantías para las políticas sociales. Así, pueden ocasionalmente ignorar, o incluso valorar positivamente, aspectos polémicos como la amnistía a los sediciosos catalanes, la creación y mantenimiento de mayorías afines en órganos como el CGPJ o el control político de instituciones como el Banco de España, Red eléctrica y otras.

No obstante, esta lealtad no es inmutable. Las últimas elecciones autonómicas y en parte también las generales han evidenciado que la fidelidad electoral se tambalea cuando los votantes perciben incoherencias que lesionan la idea de proyecto común. Cuando sectores del electorado creen que el partido ya no defiende sus intereses o que actúa más por cálculo que por convicción, la lealtad instrumental puede volverse efímera.

En conclusión, la persistente fidelidad hacia el PSOE resulta de la confluencia de tres dimensiones complementarias: el interés pragmático por las políticas sociales, los vínculos identitarios y culturales forjados históricamente, y la percepción de representar una voluntad general legítima. Un quiebro en estas tres dimensiones, junto con el relevo generacional del electorado, podría registrar un desgaste significativo de esta lealtad multifactorial, que combina raíces tanto pragmáticas como emocionales e históricas.

La lealtad militante: estabilidad, cálculo y ruptura

La lealtad de los militantes hacia un líder partidario constituye una dimensión específica del fenómeno más amplio de la fidelidad política. A diferencia del voto, acto episódico, individual y relativamente volátil, la militancia se articula en torno a estructuras organizativas, rutinas internas y vínculos personales o simbólicos de mayor densidad. En ese contexto, la lealtad hacia el líder no responde únicamente a la identificación ideológica, sino que incorpora elementos de estrategia interna, cálculo de oportunidades y adaptación al poder vigente.

La legitimidad de un líder coyuntural dentro del partido se sostiene mientras converjan tres factores: la percepción de que su liderazgo garantiza el acceso o mantenimiento del poder institucional; la idea de que representa, de forma más o menos genuina, el ideario compartido por la mayoría de la organización; y la ausencia de una alternativa viable que pueda concentrar descontento sin generar un riesgo de fractura interna. Mientras estas condiciones se mantengan, la militancia tiende a cerrar filas en torno a la dirección, incluso en contextos de desgaste externo.

Sin embargo, la lealtad militante es condicional. Cuando se debilita alguna de estas tres columnas —especialmente la percepción de eficacia o la coherencia con el ideario— pueden activarse mecanismos de desafección que, aunque discretos en su origen, se vuelven rápidamente acumulativos. El malestar comienza en sectores periféricos, donde los costes de la disidencia son menores, pero se extiende si el liderazgo muestra señales de desconexión con la organización o si las decisiones tomadas se perciben como lesivas para el conjunto. A diferencia del votante, cuya retirada es silenciosa, el militante puede canalizar su desafección en forma de abstención orgánica, oposición interna o incluso ruptura programática.

Este tipo de procesos suele requerir un elemento catalizador: una figura —no necesariamente de primer nivel— que actúe como “iniciador” y articule, con lenguaje político interno, lo que hasta entonces eran inquietudes dispersas. Es entonces cuando se pasa del malestar pasivo al cuestionamiento activo, y se produce una redistribución del poder interno. En contextos de alta centralización, la reacción de la dirección ante estos movimientos puede ser determinante: una respuesta torpe o excesivamente autoritaria no solo no detiene la erosión, sino que puede acelerarla y dotarla de una legitimidad reactiva.

La historia reciente del PSOE, como la de otros partidos europeos consolidados, muestra que la lealtad militante no es incondicional, sino adaptativa. Está mediada por la historia orgánica de cada agrupación, por las promesas explícitas o implícitas del liderazgo, y por el horizonte de poder que se vislumbra en cada coyuntura. Entender esta lealtad no como una constante moral, sino como un fenómeno político estructurado y revocable, es clave para anticipar posibles crisis de liderazgo en partidos que, como el PSOE, mantienen una densa base organizativa, pero enfrentan crecientes tensiones entre aparato y bases.

Dinámicas recientes del liderazgo socialista

La situación actual —tras la intervención en agrupaciones territoriales como Aragón o Madrid, donde las mayorías preexistentes han sido sustituidas por otras más afines a la dirección federal— constituye un ejemplo paradigmático de liderazgo aparentemente incontestable, pero en el que empiezan a aparecer ciertas grietas. Los casos de corrupción que afectan a personas próximas al secretario general y una política subordinada a los intereses de minorías regionales identitarias como Junts, ERC o Bildu, podrían poner en riesgo el futuro electoral del partido y en consecuencia el estatus político de muchos de sus militantes y amenazar seriamente la continuidad de la dirección actual.

De momento no hay, o no parece haber, ninguna alternativa con posibilidades reales de hacerse con el control del partido, pero eso es algo que se construye rápidamente si las circunstancias son favorables. No conviene olvidar que buena parte de los apoyos del actual secretario general, incluyendo algunos  ministros y altos cargos del partido, estuvieron anteriormente alineados en su contra y solo cambiaron de bando cuando el viento empezó a soplar a su favor. Estos fenómenos necesitan, como ciertas reacciones químicas, un iniciador. Alguien que empiece a pedir cuentas y a sembrar la alarma sobre las consecuencias de seguir sin presentarlas. Eso es todo.

¿Soy de los nuestros?

Hay distintas formas de analizar la realidad. Y también, claro, de contarla. La gente, sobre todo en el tercer[1] grupo, tiene una acusada tendencia gregaria. Necesita ser parte de algo. Especialmente durante la adolescencia y en la vida laboral, etapas en las que la sensación de pertenencia puede llegar a ser una necesidad existencial. Pero eso no es fácil. Ni gratis. Es posible que haya que comulgar con un catecismo cuyos postulados varían con el tiempo. En función de quién los enuncie en cada momento. Y puede que no sea suficiente hacerlo con alguno de esos postulados. Ni siquiera con la mayoría. Puede que haya que comulgar con todos.

Por concretar un poco y bajar de los cerros de Úbeda, supongamos que estamos hablando de un individuo, hombre o mujer, que, por razones personales, familiares o de trabajo, está obligado a relacionarse en el entorno político vigente en la tercera década del siglo XXI. En teoría esta persona podría observar la realidad y callarse, u opinar sobre lo que ve en el sentido que en cada ocasión le pareciera más conveniente. Ambas posturas le conducirían, probablemente, al ostracismo y al aislamiento social. Pero también podría aspirar a formar parte de algún colectivo o partido existente y, para hacer méritos rápidamente, podría manifestarse en contra de las corridas de toros o, incluso, a favor de la independencia judicial.

La primera de esas dos posibilidades es inocua. Apta, quizá, para obtener una cierta pátina progresista pero irrelevante a la hora de asegurarse la bienvenida en un partido. Estar a favor de la independencia judicial es más prometedor, pero hay que evitar peligrosas generalizaciones. Separar cuidadosamente a los jueces cuya independencia es defendible de aquellos que utilizan su poder para perjudicar al gobierno de turno. La independencia de estos últimos debe ser cuidadosamente supervisada. Pero en todo caso, son posturas que, en el mejor de los casos, sólo servirían para señalar una peligrosa tendencia a tener ideas propias.

Así que nada de esto es significativo a la hora de asegurar su pedigrí como miembro, o incluso como reconocible simpatizante a tiempo completo, de uno u otro colectivo. Lo que, como ya he dicho, no es cosa sencilla. Para eso hay que prestar atención al discurso actual del partido o asociación que elija -mejor si se puede acceder a una actualización diaria-, y atenerse estrictamente a su contenido en cualquier actividad o conversación. Y para ello hace falta, y eso es lo que se pide, fe. Y poca memoria. Y fuertes convicciones, como diría alguno de los más carismáticos líderes actuales. O al menos lo suficientemente fuertes como para comprender que, si lo que dicen ahora es distinto de lo que decían antes, por algo será.

Una vez alcanzado este estado de pertenencia, que hay que cuidar y actualizar día a día, se puede acceder a una realidad que hasta ahora ha permanecido oculta. Historias antes inverosímiles adquieren para nuestro personaje, desde una nueva y más amplia perspectiva, las características de una verdad revelada, quizá contrafactual pero que los hechos ya no pueden desvirtuar. Y así, como Winston Smith, a fuerza de repetir el discurso del Gran Hermano, terminará creyéndoselo. Y amándole.

Enviado a ECA 13 junio 2025

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[1] No leer más allá de la línea 11. Publicado el 11 de abril.

Ideología y energía

 La política energética española lleva años atrapada entre eslóganes ideológicos y decisiones incompletas. Hoy, que da la impresión de que el mundo se reorganiza para garantizar una transición lo más segura posible, seguimos paralizados por el coste político de las decisiones. Ni el Sol es suficiente, ni la energía nuclear sobra. La madurez política podría empezar por asumir eso.

El apagón del 28 de abril, que dejó a oscuras a toda España, fue más que un fallo técnico: fue una señal de alarma. Un síntoma de que la seguridad y coherencia de nuestro sistema eléctrico no puede sostenerse indefinidamente sobre promesas genéricas. Mientras muchos países combinan pragmatismo tecnológico con visión estratégica, aquí seguimos encerrados en un falso dilema: ¿renovables o nuclear?

La apuesta del gobierno por las renovables es acertada, pero insuficiente. El sol y el viento son abundantes en España, pero no constantes ni gestionables. La intermitencia, la falta de respaldo firme y la vulnerabilidad de la red no se solucionan con entusiasmo y fe tecnológica. Insistir en un modelo 100% renovable sin rediseñar el sistema de base es una temeridad.

La energía nuclear tiene riesgos, residuos y altos costes iniciales. Pero también es estable, proporciona inercia mecánica a la red, no emite CO₂ en operación, y puede ayudar a reducir nuestra dependencia energética. Francia, Finlandia o Corea del Sur la han reactivado o no la han abandonado y no por nostalgia. Lo hacen porque la descarbonización, inevitable a medio plazo, necesita redundancia, estabilidad y firmeza.

Pero mientras tanto, se cierran centrales que funcionan, se prohíbe la explotación de uranio sin debate, y fingimos creer que todo se solucionará con fotovoltaica y retórica. Esa estrategia, por llamarla de alguna manera, ya está mostrando sus límites: precios elevados, importaciones crecientes y una red vulnerable a cualquier incidente.

Es cierto que no se puede prever todo. Pero eso no puede servir de excusa para no prever nada. No tomar decisiones es también una forma de decidir: perpetuar el desorden, externalizar el coste y aplazar el problema. Necesitamos una política energética seria, que combine la visión a largo plazo con medidas inmediatas.

Algunas son obvias: revisar la ley que impide explotar uranio en suelo español, con criterios técnicos y ambientales; aprobar una moratoria nuclear revisable, vinculada a objetivos de estabilidad y descarbonización y definir un mix realista que incluya renovables, hidráulica, almacenamiento y energía nuclear. Y, sobre todo, impulsar un pacto de Estado que proteja la transición energética de las sacudidas parlamentarias de cada legislatura. Desgraciadamente el nivel de consenso político necesario, en un contexto de fragmentación parlamentaria y polarización extrema, no parece fácil de alcanzar.

Esa transición tiene que ser eficaz, socialmente justa, y gestionada con responsabilidad. No hay solución limpia sin decisiones difíciles. Y no hay progreso sin asumir que, en energía como en democracia, el idealismo sin pragmatismo está condenado al fracaso. 

Enviado a ECA 16/5/2025

Algo de luz sobre el apagón del 28 de abril.

 El apagón ocurrido el pasado lunes, atribuido por Red Eléctrica Española a la desconexión repentina de dos plantas fotovoltaicas en Extremadura y la subsiguiente pérdida de 15 GW de potencia, ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades de gestión que, casi inevitablemente, acompañan a las situaciones críticas. Aunque el origen técnico del incidente parece relativamente fácil de explicar, su trasfondo tiene que ver con la complejidad del sistema eléctrico y las implicaciones, también políticas, de la transición energética.

La energía eléctrica que llega a nuestras casas procede de diversas fuentes: centrales nucleares, térmicas de carbón o gas (ciclo combinado), hidroeléctricas, así como instalaciones eólicas y fotovoltaicas. En cada momento, el operador del sistema, Red Eléctrica Española (REE), decide cuál es la contribución de cada fuente al sistema, teniendo en cuenta su disponibilidad, el coste de generación y otros factores estratégicos o técnicos.

La política energética del gobierno español está orientada a reducir la dependencia de fuentes fósiles y nucleares, favoreciendo el desarrollo de las energías renovables, especialmente la eólica, la solar y la hidroeléctrica. Se trata de una estrategia razonable desde el punto de vista ambiental y económico, pero siempre que se tengan en cuenta las limitaciones técnicas inherentes a estas formas de generación.

La electricidad generada por estas fuentes circula en forma de corriente alterna a través de la red de transporte de alta tensión, gestionada por REE. Esta red opera normalmente a tensiones de hasta 400 kV y con una frecuencia estándar de 50 Hz, que debe mantenerse de forma extremadamente precisa. Las centrales convencionales (nucleares, térmicas, hidroeléctricas) utilizan grandes generadores rotatorios sincronizados con la red, que giran típicamente a unas 3.000 revoluciones por minuto, produciendo de forma natural corriente alterna con la frecuencia requerida. Estos generadores también aportan inercia mecánica al sistema, lo que permite amortiguar de manera automática pequeñas variaciones de demanda o generación.

En cambio, la energía fotovoltaica produce corriente continua, que debe transformarse en corriente alterna con la frecuencia, fase y forma de onda adecuadas. Por su parte, los aerogeneradores modernos producen corriente alterna, pero a una frecuencia variable, determinada por la velocidad del viento. Ambos sistemas necesitan inversores electrónicos que adapten la energía a las condiciones de la red. Este proceso, aunque tecnológicamente resuelto, introduce costes adicionales y no proporciona inercia natural, lo que reduce la capacidad del sistema para reaccionar de forma inmediata ante desequilibrios.

Por este motivo, la estabilidad del sistema requiere mecanismos adicionales, como almacenamiento, control de frecuencia avanzado o inercia sintética. Si el sistema cuenta con una proporción muy alta de energía renovable y carece de suficiente respaldo convencional o mecanismos de compensación, puede volverse más vulnerable a perturbaciones. Esta vulnerabilidad está, casi con toda seguridad, entre las principales sino la principal, causas del apagón.

Dicho esto, y considerando el compromiso del gobierno y de REE con el despliegue de energías renovables y el progresivo cierre de las centrales nucleares, es lógico preguntarse si el mix eléctrico actual garantiza siempre la robustez necesaria para evitar caídas de frecuencia o apagones ante imprevistos. La transición energética es inevitable y deseable, pero exige una gestión técnica rigurosa y realista de sus desafíos.

No leer después de la línea 11

Últimamente he visto dos películas sobre teoría de números —en particular, los números primos—, la criptografía de clave pública y la seguridad de la información. Temas densos, sí, pero más fascinantes de lo que parece: todo ese aparato matemático invisible permite, entre otras cosas, que funcionen las criptomonedas, que se guarden secretos de Estado y que los misiles nucleares no se disparen por error. 

Hablábamos de esto en el viejo Café de Levante. Con cervezas sobre la mesa y servilletas convertidas en pizarras improvisadas, surgió la idea: ¿cómo introducir un mensaje secreto en un texto, al alcance de cualquiera, para que pase totalmente desapercibido? Eso, dije entonces, es fácil: basta con escribir un artículo cualquiera, sobre cualquier asunto, que tenga más de quince líneas. El mensaje, en español corriente, debe ir a partir de la línea once. Nadie lo notaría. En estos tiempos de consumo ansioso y lectura hipnótica de titulares, nadie lee más allá de unas pocas líneas. 

Este experimento trivial, nada más que una broma, esconde una idea preocupante: vivimos en una época donde la forma importa más que el fondo, donde lo visible eclipsa lo estructural, y donde el conocimiento está distribuido de forma profundamente desigual. Eso me llevó a recordar una vieja clasificación social que quizá convenga actualizar. Es la siguiente:

En el mundo hay tres tipos de personas. Que no son, como en el chiste, los que saben contar y los que no. La división, aunque algo más sutil, no es menos cortante. Hay un primer grupo, pequeño, discreto, que sabe cómo funciona su mundo y como gestionarlo. No necesitan aparecer en portadas, convocar ruedas de prensa, o hacer giras promocionales. No se dejan ver en Davos, ni en Cannes, ni en Twitter. Son los arquitectos del sistema, los que toman las decisiones estratégicas y diseñan el marco dentro del cual los demás se mueven.

Luego está el segundo grupo, algo más amplio, compuesto por personas que intentan entender el funcionamiento de su mundo. A veces lo logran, pero no tienen capacidad de decisión. Son observadores rigurosos, científicos sociales, lectores insaciables, ciudadanos atentos. Viven en tensión: saben lo suficiente como para inquietarse, pero no tienen las herramientas para transformar esa inquietud en poder.

Y, finalmente, el tercer grupo, el más numeroso: no entienden nada y tampoco les preocupa, pero son los que toman las decisiones tácticas que condicionan la vida política, económica y cultural del conjunto. Votan, consumen y opinan, aunque no suelen escribir; tampoco leen mucho. Participan en las redes, se exhiben en platós y ante micrófonos encendidos. Su ignorancia no es impostada: es natural, orgánica, y en muchos casos celebrada como forma de identidad colectiva. No obstante, de este grupo pueden salir líderes políticos y también las mayorías que los lleven al poder.

Puede parecer un esquema distópico, y tal vez lo sea. Pero no es nuevo. Esta clasificación remite a la sociología de las élites de Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca, quienes describieron una minoría dirigente que concentra el poder, así como a la triada del Inner Party, Outer Party y Proles en 1984 de George Orwell, que ilustra jerarquías de conocimiento y control. Y resuena con la 'jaula de hierro' de Max Weber, metáfora de las estructuras burocráticas que constriñen la agencia individual. Lo novedoso es la forma en que los límites entre estos grupos se han vuelto más borrosos, más resbaladizos y, a la vez, más impermeables.

Existe una relación simbiótica entre ellos. El primer grupo necesita al tercero para ejecutar sus decisiones, para legitimar el espectáculo democrático, para absorber la tensión de las crisis. Y necesita al segundo para analizar, predecir, amortiguar. Pero ninguno de estos dos puede —o quiere— hacer visibles las estructuras reales del poder. Se puede pasar del tercer grupo al segundo leyendo. El resto de las transiciones son muy raras.

Volvamos a los números primos. Esos entes abstractos, estudiados desde hace siglos sin aparente utilidad práctica, hoy son el núcleo de la criptografía moderna. Gracias a ellos podemos comunicarnos de forma segura, almacenar datos, mover dinero y proteger secretos. Sin ellos, todo colapsaría: desde los sistemas bancarios hasta los misiles balísticos.

A eso se suma otro instrumento aún menos comprendido por la mayoría: la reserva fraccionaria. Este mecanismo, con el que los bancos prestan un dinero que no tienen, es una de las piezas centrales del capitalismo financiero. Su existencia, sin embargo, pasa desapercibida para casi todos. ¿Por qué? Porque comprenderla exige tiempo, esfuerzo, y una voluntad de mirar detrás del decorado que pocos cultivan.

Ambos instrumentos —los números primos y la reserva fraccionaria— pertenecen simbólicamente al primer grupo. Son una parte, quizá pequeña pero no insignificante, de su caja de herramientas. El segundo grupo los estudia, los explica, los cuestiona. El tercero ni siquiera sabe que existen. Y, sin embargo, su vida entera depende de ellos.

Pero no hay un “club secreto” que dirija el mundo desde un sótano lleno de pantallas. Lo que hay es una estructura de poder que opera bajo lógicas técnicas, financieras y algorítmicas que no requieren aplausos ni votos. Basta con que funcionen. Y funcionan.

Hay un mensaje en este texto y no está cifrado. Está a plena vista, como los números primos, como los contratos bancarios o las líneas que pocos llegan a leer. Está a partir de la línea once, si uno quiere. Pero, sobre todo, está en la invitación a leer críticamente, cuestionar las estructuras de poder y reconocer el valor (y la desigual distribución) del conocimiento.

Publicado en ECA 11 de abril de 2025

López, el ministro (para la transformación digital).

En una entrevista concedida al diario La Vanguardia y reproducida en el número del pasado domingo, el ministro Oscar López dedica dos páginas a trasladar a los lectores las excelencias de su política al frente del departamento de Transformación Digital y Función Pública. Durante la entrevista, que contiene algunas novedades, el ministro evita meterse en jardines de los que pueda resultarle difícil salir. O, mejor dicho, lo intenta.

El tema escogido por el periódico, aprovechando que se desarrolla en Barcelona el Mobile World Congress, es la inteligencia artificial. Lo que no es óbice para que las entrevistadoras formulen todo tipo de preguntas sobre la política ministerial, el futuro, la ciberseguridad, la incursión gubernamental en telefónica, los bulos, la comunidad de Madrid y su presidenta o el problema, aparentemente ya resuelto, de MUFACE. Dos páginas dan para mucho y el multifacético y locuaz ministro entrevistado no rehúye casi ninguna pregunta.

La entrevista no consigue, ni creo que lo intente, ponerle en aprietos. Una de las primeras preguntas es: ‘Estos días ha habido quien defiende que España tiene la sociedad más avanzada en digitalización ¿Está de acuerdo?’ El ministro reconoce, modestamente, que queda mucho por hacer, pero asegura que España, en ese campo, es mucho más que el cuarto país de la Unión Europea. Y que es el único país de la Unión con un modelo propio de IA, un observatorio y una carta de derechos digitales. Cuestiones estas últimas que, junto con el control de los medios de comunicación para la erradicación de la ‘desinformación’, parecen estar entre las de mayor interés para él.

Sigue diciendo el ministro que el gobierno, ‘a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, va a invertir, o ha invertido ya, 67 millones de euros, de los fondos europeos, en la empresa Multiverse Computing, de Gipuzkoa’ que ‘hace cuatro o cinco años empezó con la computación cuántica y que ha desarrollado un modelo de comprensión de la IA que reduce la comprensión de los modelos de lenguaje en más del 90%, lo cual supone un ahorro energético del 50%’. La primera aparición de la palabra comprensión habrá que sustituirla, supongo, por compresión y la segunda por tamaño. Estos datos, ciertamente muy ambiciosos, de confirmarse, constituirían efectivamente un hito muy importante, por cuanto el costo energético de la IA es uno de sus principales puntos débiles. 

He buscado Multiverse Computing en la Web y he encontrado una página, en inglés, en la que aparecen referencias, acompañadas de alguna métrica ilustrativa del ahorro ofrecido, al algoritmo de compresión de modelos de IA y también, muy breves, a la utilización de la computación cuántica para el desarrollo de sofisticados algoritmos. En realidad, no se refieren exactamente a computación cuántica, una tecnología que aún está en mantillas, sino a combinarla con la ‘inspirada’ en ella. Todo puede ser, pero se echa de menos algo más de detalle en el tratamiento de esos temas, quizá porque el objetivo de la página es más comercial y publicitario, que técnico o informativo. 

El ministro dice también, remontándose a ‘otras revoluciones tecnológicas’ en las que Europa ha llevado la delantera, que se puede ganar la segunda carrera de la IA. Supongo que se refiere a las dos primeras revoluciones industriales, claramente europeas y más concretamente británicas. Pero ganar, aquí, supone pasar por delante de Estados Unidos y de China, que entonces no estaban en la competición ni, desde luego, llevaban la delantera que ahora llevan. Después Europa perdió por incomparecencia la revolución informática y ha perdido claramente la de la IA, así que ese hipotético primer puesto, aunque sea en una segunda carrera, no está, ni mucho menos, garantizado. 

Enviado a ECA 14032025

 

Transparencia

La costumbre de retransmitir los plenos del Ayuntamiento, y también los de otras instituciones, es ya vieja y no necesariamente mala. Pero tampoco es, como sostenía un exconcejal con el que comentábamos el último pleno, una panacea o la sublimación de la democracia. Así, me decía, los ciudadanos pueden ver lo que hacemos. Creo que no se dio cuenta de las implicaciones de la frase hasta que terminó de hablar. Y no está mal que la gente preste atención a la forma en la que sus representantes desarrollan sus funciones. Porque las formas tienen importancia, desde luego, pero en la gestión de los asuntos públicos, importan sobre todo los resultados.

Yo no suelo ver esas retransmisiones, pero he visto, porque me ha llegado varias veces al móvil, un fragmento del último pleno municipal. Concretamente la parte en la que el alcalde expulsó a una concejala del pleno porque, según él, no se atenía al contenido del punto del orden del día que se estaba tratando. Las formas, en este caso, resultan chocantes por lo llamativas. Si se expulsara, o simplemente se retirara la palabra, a un político cada vez que se va por los cerros de Úbeda, los plenos, y no sólo los del Ayuntamiento, serían incomparablemente más cortos. Y menos aburridos. Aparte de que la ubicación de los mencionados cerros, por lo que respecta al discurso político, es algo opinable. Dicho esto, expulsar a una concejala durante el tiempo que tiene estipulado para intervenir y con la peregrina justificación de que no se atiene al orden del día, es una decisión… arriesgada, que sienta un precedente difícil de gestionar en el futuro.

Por lo que respecta a los resultados de la gestión, la más consolidada de nuestras tradiciones políticas, permítaseme la perogrullada, exige que al gobierno le parezcan óptimos y a la oposición inexistentes o desastrosos. Eso no es una novedad ni tampoco un problema, porque los resultados en la gestión de un Ayuntamiento no deberían ser difíciles de evaluar. Al menos una vez establecidos los requisitos básicos como, por ejemplo, ¿para qué sirve un Ayuntamiento? A priori esta puede parecer una pregunta sencilla, pero no lo es. Hágansela a un ciudadano desprevenido y ya me contarán lo que les contesta. Si es que les contesta.

El estado actual de la ciudad y su comparación con ciudades próximas y de tamaño parecido, puesto de manifiesto la semana pasada en un artículo del foro B21 sobre el presupuesto municipal, permiten abrigar ciertas reservas acerca de la utilidad inmediata de la institución. El ayuntamiento debería servir para proporcionar determinados servicios, para dar facilidades a las empresas que quieran instalarse en la ciudad, para preocuparse del aspecto general, tanto del centro como de la periferia, y para que la ciudad resulte atractiva para vivir y trabajar. Y también para planificar un futuro que será más o menos problemático en función de cómo lleguemos hasta él.

Pero los políticos, incluso los competentes, no suelen prestar atención a nada que vaya a ocurrir después de las próximas elecciones, y los ciudadanos tampoco ven mucho más allá de sus problemas particulares o de sus simpatías y antipatías personales. Todo ello claro con honrosas, pero no demasiadas, excepciones. Esto, una burocracia que se justifica a sí misma y la falta de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas distintos del mero espectáculo televisado, hacen que la gestión de la cosa pública sea ahora tan imprevisible como el tiempo atmosférico. Y casi igual de preocupante.

Enviado a ECA 14 de febrero de 2025