Montañas pirenaicas

Ayer estuvimos en la clausura de Espiello, un festival internacional del documental etnográfico del Sobrarbe con sede en Boltaña. En el palacio de congresos y junto a los autores y otros amigos, asistimos a la presentación de Las cuatro Casas, un documental de Severino y Mariví sobre las casas de sus padres en cuatro pueblos del Pirineo. Es una narración muy interesante y bien construida que sus autores plantean como documental etnográfico o como historia familiar, pero que, además, y como casi todas las buenas historias, admite más de una lectura. Yo lo vi también como el relato de una reconfiguración profunda de la vida en la montaña, casi como la microhistoria del colapso de una civilización.

Una historia del final, largamente anunciado, de una forma de vida que se había desarrollado durante siglos en una tierra hostil. Una tierra cuyos recursos, nunca excesivos para sostener la creciente complejidad de la vida, se volvieron claramente insuficientes hace poco más de sesenta años. Y eso no sólo por los límites materiales del territorio, también por el abandono institucional y la ausencia de estructuras básicas. Hubo lugares donde la carretera —a veces poco más que una pista— la energía eléctrica o el agua corriente llegaron después del cierre de la última casa.

El colapso —vamos a llamarlo así— se desarrolló casi simultáneamente en todos los pueblos y lugares de un extenso territorio y afectó a quienes entonces lo poblaban: los que se habían quedado y heredaron las casas, frente a los que tuvieron que aceptar un papel secundario o buscar su sustento en otros lugares.

Hoy los pueblos abandonados son casi parques temáticos: lugares que cuentan la historia de quienes los habitaron y de las casas que construyeron, habitaron y engrandecieron a lo largo de generaciones. Sus últimos descendientes vuelven —volvemos— a ellas, de tarde en tarde, para recordar a los que allí vivieron e imaginar que, por unas horas o unos meses de verano, vuelven a ser los herederos y los amos de la casa.

Los que vivieron aquellos tiempos, asistieron al final de una historia y fueron capaces de adaptarse y construir otra, posiblemente mejor y en todo caso distinta, para ellos y sus descendientes. Por sus propios méritos, desde luego, pero también porque había un lugar a dónde ir y porque su historia anterior aún podía proporcionarles los recursos necesarios, no necesariamente materiales, para iniciar la siguiente. Ahora las cosas van mucho más deprisa y el colapso, esta vez sistémico, de esta civilización puede estar más próximo de lo que parece. La cuestión es: ¿A dónde iremos desde aquí y con qué? 

Parques eólicos y otros negocios eléctricos

El caso Forestalia, que lleva ya unos días en el centro de la actualidad, no puede leerse solo como un episodio judicial más o como otra de las habituales trifulcas entre administración, empresas y despachos profesionales. Lo que aflora en este asunto es el modo en que un sistema administrativo, obligado por ley a ser transparente, ha podido utilizarse para proporcionar ventajas competitivas a quienes mejor se mueven por sus pasillos.

La justicia investiga si la empresa consiguió informes ambientales favorables mediante tratos indebidos con la administración central y aragonesa, acelerando artificialmente proyectos que no estaban maduros. Y más allá de las responsabilidades individuales que determinen los tribunales, el caso revela algo importante sobre cómo funciona hoy el negocio de la electricidad renovable.

Durante años se nos dijo que la inevitable transición energética era, ante todo, una cuestión técnica, pero también moral: favorecer las energías renovables, descarbonizar la economía y avanzar hacia un sistema más limpio y sostenible. Pero la realidad no ha resultado tan edificante. En la práctica, buena parte del negocio en torno a las renovables no ha consistido tanto en producir electricidad como en capturar permisos, informes favorables, declaraciones de impacto ambiental y, sobre todo, puntos de acceso a la red. El viento importa, desde luego; el sol también. Pero lo decisivo ha sido muchas veces saber moverse en el laberinto administrativo.

Aragón reúne condiciones obvias para la expansión de las energías renovables: viento abundante, suelo disponible y una red eléctrica potente heredada de las viejas centrales térmicas de carbón. Sobre esa base se levantó una avalancha de proyectos eólicos y fotovoltaicos y una presión creciente sobre los organismos encargados de evaluarlos. No podía ser de otro modo. Cuando un informe ambiental puede decidir el destino de activos valorados en decenas de millones, deja de ser un simple documento técnico y se convierte en una palanca de poder.

Ahí está uno de los núcleos del problema. La administración ambiental aragonesa fue diseñada para evaluar proyectos contados: una presa aquí, una carretera allá. De la noche a la mañana, tuvo que tramitar centenares de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Se le exigió simultáneamente rigor técnico, rapidez burocrática y "sensibilidad" política. Demasiadas cosas a la vez. El resultado era previsible: atascos, decisiones cuestionables, reorganizaciones extrañas. Y la sensación de que el criterio técnico no era siempre una garantía a respetar sino, a veces, un obstáculo a remover. Por otra parte, el conflicto entre los que soportan los costes territoriales y quienes capturan los beneficios no podía permanecer latente indefinidamente.

No conviene engañarse. El problema no es solo que pueda haber habido irregularidades en algún caso concreto, que eso ya se verá. El problema de fondo es que el sistema invita a ellas. Cuando el acceso a la red depende de cumplir hitos administrativos en plazos muy estrictos, y cuando una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable o fuera de plazo puede hacer caducar un permiso y evaporar el valor entero de un proyecto, la tentación de forzar el procedimiento, de acelerar lo que no está maduro o de desactivar resistencias técnicas se vuelve estructural. No hace falta una novela negra. Basta con entender los incentivos.

Y ahora, mientras se investiga cómo se repartieron los permisos para la instalación de parques eólicos, el tablero se complica aún más. La electricidad abundante que Aragón exportaba empieza a atraer grandes centros de datos, instalaciones capaces de consumir entre 100 y 300 MW continuos, es decir, tanto como una ciudad mediana o grande. Los nodos eléctricos —cuya capacidad es más limitada de lo que parece desprenderse del entusiasmo gubernamental por estas instalaciones— interesan ahora también a la nueva industria digital. La electricidad no es únicamente un flujo que sale del territorio sino la base material de una nueva y “prometedora” economía: computación, almacenamiento y gestión de datos y ahora y sobre todo inteligencia artificial.

Eso da al caso Forestalia y otros similares una dimensión más amplia. Ya no hablamos solo de molinos, placas y papeles sellados. Hablamos, o deberíamos hacerlo, de quién controla el acceso a una infraestructura estratégica, las redes y sus nodos de acceso, en una economía que depende cada vez más de la electricidad sin dejar de hacerlo de los combustibles fósiles. Y también de una administración que, obligada a actuar como marco neutral y garantista, ha funcionado a veces como terreno de juego, cuello de botella y moneda de cambio.

En teoría, los procedimientos administrativos están para ordenar, filtrar y proteger el interés general. En la práctica, con demasiada frecuencia, han servido más para complicar la vida de los que van de buena fe que para alejar a quienes pretenden servirse de ellos para burlar la legalidad. Ese es, quizá, el aspecto más inquietante del asunto. No solo la sospecha de que se hayan torcido procedimientos, también de que el sistema estaba preparado para que alguien intentara torcerlos.

Enviado a ECA 20-03-2026

¿Sánchez? Esa no es la cuestión.

El empobrecimiento del debate público en España ha alcanzado tal grado que parece que el único problema político relevante es si el actual presidente del gobierno continúa o no en el poder. Como si el país entero estuviera suspendido de una biografía. Como si la decadencia o la prosperidad nacionales dependieran exclusivamente de la permanencia de un hombre y no de la estructura misma del sistema político, económico y territorial.

Y no digo que la continuidad del Sr. Sánchez no importe —le importa, desde luego, a él, a una parte de la clase política y seguramente a mucha gente más—, pero elevar esa cuestión a eje casi exclusivo del debate es una forma de irresponsabilidad colectiva. Se discute el relevo con pasión, pero se evita cuidadosamente la discusión sobre el rumbo. Y eso no es casual: hablar de nombres es mucho más cómodo que hablar de modelos.

Pero claro, mientras tanto los problemas de fondo permanecen. No se resuelven, no se afrontan y ni siquiera se formulan con claridad. Se ocultan bajo cifras espectaculares, anuncios grandilocuentes y una sucesión de parches que permiten ganar tiempo político a costa de perder un tiempo histórico que difícilmente se recuperará.

El turismo, un sector que aportó casi el 13% del PIB en 2025, es un ejemplo evidente de esta lógica. Celebrar ocupaciones hoteleras superiores al 90% como si fueran un indicador de éxito estructural revela hasta qué punto se ha normalizado la mediocridad. El turismo masivo no transforma la economía: la anestesia. No mejora la productividad, no genera, salvo pocas excepciones, empleo cualificado, no fija población ni reduce desigualdades territoriales. Produce rentas rápidas, salarios bajos y dependencia crónica mientras presiona sobre la oferta de vivienda y las infraestructuras. Es el opio estadístico de un país que no ve más allá de la próxima temporada alta.

Algo parecido ocurre con el entusiasmo desmedido por cualquier inversión que incluya las palabras “tecnología”, “datos” o “industria”, aunque llegue sin planificación, sin integración territorial y sin evaluación de costes reales. Que Aragón se convierta en receptora de centros de datos o de fábricas desplazadas desde Asia no es, por sí misma, una estrategia de desarrollo, pero bien podría ser lo contrario. Consumo intensivo de agua en territorios tensionados —ayer mismo se declaró una alerta por sequía en buena parte del territorio—, sobrecarga en redes eléctricas insuficientes, empleo limitado y altamente especializado que no combate la despoblación… ¿Dónde está el beneficio estructural? ¿Cuál es el proyecto?

La respuesta a estas cuestiones, si llegaran a plantearse, que no lo creo, sería el silencio o el eslogan. Porque admitir que muchas de estas “soluciones” agravan los problemas exigiría algo que la política española evita con especial empeño: planificación a largo plazo, jerarquización de prioridades y aceptación de límites materiales. Mucho más sencillo es hacer pasar crecimiento por desarrollo y volumen por solidez. Y por lo visto, electoralmente al menos, más eficaz.

Lo verdaderamente alarmante no es que el Sr. Sánchez siga o no siga al frente del gobierno, sino que, esté quien esté, el país continúe atrapado en la misma inercia: ausencia de modelo productivo, desequilibrios territoriales crecientes y cada vez peor abordados y una clase política obsesionada con su supervivencia inmediata. España no fracasa por culpa de un dirigente concreto, sino por la renuncia sistemática a pensar en términos estructurales.

Reducir el futuro del país a un relevo personal no es solo un error analítico: es una coartada. Sirve para no hablar de lo esencial. Y mientras tanto el problema no es quién manda, sino que, con tantos asesores que en teoría cobran por pensar, nadie parezca estar haciéndolo.

Enviado a ECA 23012026

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Peak Oil vs. Peak Europa

En marzo de 2012 escribí un texto sobre el Peak Oil cuando el Brent cotizaba a 125 dólares el barril. Desde la UNED y también en dos congresos en 2011 y 2014, advertimos sobre la caída de existencias en Europa, la insostenibilidad del modelo energético y la ceguera política deliberada. El diagnóstico entonces era sombrío, pero aparentemente claro: la contracción de la oferta de petróleo convencional dispararía los precios y colapsaría el sistema. Trece años después, en diciembre de 2025, el Brent cotizaba en torno a los 59 dólares. Menos de la mitad.

El error no estuvo en el diagnóstico estructural—el petróleo convencional efectivamente entró en declive terminal—sino en asumir rigidez donde hubo elasticidad. El sistema respondió de tres formas que no fuimos capaces de anticipar:

Primero, el fracking estadounidense actuó como colchón temporal, inundando el mercado con petróleo no convencional, carísimo pero funcional mientras los precios se mantuvieron altos. Es insostenible —los pozos se agotan en 2-3 años frente a los 20-30 de yacimientos convencionales—, pero retrasó la crisis.

Segundo, la demanda no creció como se esperaba. China desaceleró estructuralmente, Europa se empobreció y la electrificación del transporte avanzó más rápido de lo previsto. El colapso vino por el lado de la demanda, no de la oferta.

Tercero, la OPEP perdió disciplina. La supresión de las cuotas que hasta entonces limitaban la producción, entre otros factores, generó una carrera a la baja suicida que aún mantiene los precios deprimidos pese a la previsible escasez estructural.

El Peak Oil llegó, efectivamente, pero su manifestación no fue la espiral inflacionaria anticipada sino algo aún más peligroso: una economía tan debilitada que no puede pagar ni siquiera el petróleo abundante. Precios bajos en un contexto de decadencia, no de colapso súbito. El cadáver sigue caminando.

Establecer cuáles de estos factores son coyunturales y cuáles han llegado para quedarse es ahora la pregunta clave. La electrificación del transporte parece estructural e irreversible, aunque traslada el problema energético sin resolverlo. El agotamiento del petróleo convencional también lo es. El cambio demográfico en Europa, China y Japón reduciría, si dejamos aparte los nuevos centros de datos, el consumo energético de forma permanente.

Pero el fracking es un parche temporal. La indisciplina de la OPEP es geopolítica reversible. Y el estancamiento económico plantea la cuestión fundamental: ¿es coyuntural o marca el límite estructural del crecimiento?

La pregunta decisiva es si una economía de servicios de baja intensidad energética es realmente sostenible o si la supuesta "desmaterialización" es solo un espejismo. Porque una economía de servicios sigue necesitando infraestructura física, agricultura intensiva, logística y centros de datos que consumen energía de una manera brutal. Europa ya externalizó la parte intensiva en energía a China como si eso no contara.

Pero aquí emerge el fenómeno más inquietante: Europa se comporta ahora como país en desarrollo antes incluso de dejar de parecer industrializada. Hemos adoptado voluntariamente el papel de periferia en un modelo extractivo.

Aragón, región no excedentaria ni en agua ni en energía, atrae fábricas de baterías chinas y centros de datos americanos. Se vende como "reindustrialización" cuando es exactamente lo contrario: asumir costes ambientales —agua escasa, presión sobre la red eléctrica— a cambio de migajas de empleo precario mientras el valor lo capturan corporaciones extranjeras. Europa importa industria sucia de otros en las mismas condiciones que históricamente impuso a su periferia colonial.

Hemos cerrado nuestra industria—costosa, regulada, sindicalizada—antes de tener alternativa, y ahora aceptamos la de otros en peores condiciones. Competimos como regiones empobrecidas ofreciendo más subsidios, más recursos naturales baratos, menos controles. Sin tiempo para disfrutar de la bonanza que los países en desarrollo tuvieron cuando sus materias primas aún valían algo.

La clave para entender este proceso es reconocer que las élites son globales, no nacionales. No hay "élites europeas o estadounidenses" compitiendo con "élites chinas". Hay una élite transnacional que opera por encima de los estados, extrayendo valor donde sea más conveniente: deslocalizando fábricas europeas a China cuando convenía, trayendo fábricas chinas a Aragón cuando conviene, agotando acuíferos y monopolizando redes de transporte de electricidad para centros de datos donde sea rentable.

Para esta élite, Europa no es "su casa", algo a preservar, sino un activo más a explotar. Los costes se externalizan a las poblaciones locales. Los beneficios se internalizan en paraísos fiscales. Los políticos son meros gestores locales de intereses globales, preocupados solo por mantener la franquicia electoral mientras administran el desmantelamiento.

Si las élites son globales y las poblaciones locales cada vez más inmóviles, envejecidas y empobrecidas, no parece que haya un mecanismo democrático que pueda revertir esto. Votar a otros gestores no cambiará nada si todos administran los mismos intereses. Y cualquier intento de soberanía nacional se estrella contra la realidad de que ya no controlamos ni nuestra cadena de suministro ni nuestra energía ni nuestra tecnología.

China necesita cada vez menos a Europa, pero Europa necesita cada vez más a China. Seguiremos siendo relevantes mientras podamos pagar por lo que nos venden. Nada más. Cuando no podamos pagar —cada vez fabricamos menos, el turismo tiene límites, y la IA sustituye nuestros servicios— la transición puede ser traumática.

El Peak Oil que anticipábamos en 2012 se ha transformado en algo más peligroso: un Peak Europa. Y ahora no parece haber fracking a la vista.

Enviado a ECA: 20/2/2026

El dedo en el ojo

 

Apenas dos meses después del último ‘momento histórico’, vivido gracias al anuncio de la ubicación de un centro de datos en Calatorao, asistimos a otro a cuenta de la decisión de la empresa china CATL de instalar una gigafactoría en Figueruelas. Un diario de circulación nacional saludaba el acontecimiento con un editorial titulado ‘El milagro económico aragonés’ en el que, entre otras cosas, todas estupendas, se decía que Aragón es ‘una de las pocas regiones de España que están entrando en el futuro de manera clara y firme, convirtiendo en fortalezas lo que hasta ayer eran debilidades’

No creo que sea para tanto, ojalá lo fuera, pero, en todo caso, no estaría de más tratar de mantener los pies en el suelo, sobre todo al hablar de inversiones multimillonarias como las que, por lo visto, está previsto que se materialicen a lo largo del año que viene. Unos cuarenta mil millones, según la entusiasta editorialista.

Conviene aclarar, yo también estaba algo despistado, que el término giga en la palabra gigafactoría, no se refiere, o no sólo, al tamaño de la fábrica en cuestión, sino al orden de magnitud (Gwh) de la capacidad de almacenamiento del millón de baterías para automóviles eléctricos que va a producir al año. Que es una cantidad ciertamente respetable y que debería suponer, de materializarse, que el tránsito a la movilidad eléctrica ha dejado, o habrá dejado para entonces, atrás las dudas sobre su viabilidad. 

Una vez más las fortalezas de Aragón, exhibidas a la hora de acoger este tipo de fábricas, son el suelo disponible, el agua del Ebro y el sol y el viento que pueden, con los artilugios adecuados, transformarse en energía eléctrica que, gracias a su origen, habrá devenido renovable. El suelo ya parece estar comprometido en las proximidades de la actual factoría de Figueruelas, agua, al menos este año, parece haber de sobra y energía… ya veremos. No sé si es a estas fortalezas a las que se refería la editorialista, ni por qué, de ser así, eran antes debilidades. A no ser, claro, que se considere una fortaleza sobrevenida la progresiva despoblación del territorio, Zaragoza excluida, y la consiguiente disponibilidad para otros usos de la energía, el agua y el suelo que nosotros no utilizamos por falta de gente, de dinero o de ideas.

El regulador eléctrico español ha aplicado varias veces en los últimos años, y por última vez el pasado jueves, el protocolo de desconexión de grandes industrias. La razón es un déficit ocasional en la generación procedente de fuentes renovables. Esto es algo que no tiene por qué condicionar nada, pero pone de manifiesto que las redes de transmisión, diseñadas para un suministro centralizado y homogéneo y los sistemas de almacenamiento necesitan adaptarse cuanto antes. Pero ayer, viniendo de Zaragoza, mientras atravesaba las nuevas trincheras de Estrecho Quinto, y a la vista de lo que ha pasado y está pasando en Valencia, me preguntaba si hay aquí alguien planificando algo. 

Enviado a ECA 20 de diciembre de 2024

Momentos históricos

 

Hace 16 años, en la sala de la Corona de la sede del gobierno de Aragón, presentaron lo que iba a ser ‘el proyecto más grande en Aragón desde los Reyes Católicos’. Sus impulsores, se dijo, ‘habían sabido reconocer la idoneidad del territorio Aragonés’ para desarrollar un proyecto que iba a atraer 40 millones de visitantes cada año, y que consistía en ubicar un enorme conglomerado de hoteles y casinos en el desierto de los Monegros. La proclamada idoneidad de Aragón se debía a la ‘disponibilidad de agua, energía y suelo abundantes’, además de ‘estabilidad política’. El proyecto no salió adelante, pero se había declarado de interés público o se había modificado la legislación para facilitar su puesta en marcha. Nadie, por supuesto, asumió, tras el fracaso, responsabilidad alguna ni dio la menor explicación.

El Heraldo de Aragón del pasado día 15 daba la noticia de la presentación, en el mismo lugar, del proyecto de creación, por un fondo de inversión norteamericano, de un nuevo centro de datos en Calatorao. En principio nada especialmente llamativo; entre Huesca y Zaragoza ya hay tres centros de ese tipo en explotación y, contando este y según el mismo artículo, otros 16 en proyecto, impulsados por Microsoft y otras empresas relacionadas con el sector informático o los fondos de inversión. La presentación tuvo, sin embargo, algunos momentos de 'déjà vu' como, por ejemplo, cuando el presidente dijo que el promotor había ‘sabido reconocer el inmenso potencial que tiene Aragón’, constatando, añadió, que en ‘Aragón contábamos con talento, energías renovables, agua suelo y paz social’. Llevado por el entusiasmo, aunque en esta ocasión sin involucrar a los Reyes Católicos, dijo también que Aragón estaba viviendo un ‘momento histórico’ y anunció la declaración de interés autonómico del proyecto. Las similitudes, por el momento, terminan aquí. Espero.

El presidente aseguró que Aragón iba a superar a Virginia, en Estados Unidos, como sede de estos centros, cosa que, a decir verdad, no parece muy difícil. Virginia no dispone de demasiado suelo libre, algunos enclaves históricos de la Guerra Civil americana han tenido que ser utilizados para instalar los últimos centros, y en algunos sectores del estado empieza a preocupar el agua y la energía comprometidos en esas instalaciones. Ese, el de preocuparnos por el futuro, es un problema que aquí no tenemos.  Aun así, no acabo de compartir el entusiasmo por estas granjas de máquinas, ordenadores, routers, etc., que serán chatarra en pocos años y que, mientras tanto, consumirán recursos, ya veremos si por encima de nuestras posibilidades. Sería mejor intentar, como proponía mi buen amigo Ildefonso García Serena la semana pasada, impulsar la fabricación de chips. O retener y atraer talento para desarrollar los algoritmos que gestionarán los datos base de la IA, ya que tanto, y sin duda tan justificado, interés tenemos ahora por esta tecnología. 

Porque la presencia de los centros de datos en territorio aragonés aporta más bien poco a la digitalización de la comunidad. Los doscientos empleos que se anuncian para después de la terminación de las obras, si finalmente se llevan a cabo, serán empleos de mantenimiento. Electricistas cualificados, probablemente con titulación superior, pero nada más. Los puestos de trabajo relevantes en esta industria seguirán estando en California y otros lugares de Estados Unidos o en Alemania, Reino Unido o Dinamarca. Aquí podemos seguir viéndolas venir, pero hay otras posibilidades. De todo lo que alardeamos, agua, energía…, el talento es lo más seguro. No conviene desaprovecharlo.

Enviado a ECA 25 de Octubre de 2024

Lambán y la coherencia

A mí la ley de amnistía, impulsada por el actual gobierno y sus apoyos parlamentarios, no me quita el sueño. Para eso ya tengo la próstata. Me parece que no es más que una parte del circo político que, como todos los circos, está en busca del ‘más difícil todavía’, ensayando números cada vez más arriesgados hasta que alguno de los acróbatas se rompa la crisma. El mayor peligro, de este circo en particular, está en que los numeritos no se realizan en el escenario ni sobre una red, sino justo encima de nuestras cabezas, con lo que resulta algo difícil desentenderse del todo. 

 En fin, metáforas aparte, si he tocado el tema de la amnistía no es porque me importe demasiado que los políticos se amnistíen entre ellos o que trafiquen, en busca de su propio beneficio, con los votos que, ingenuamente, les ha dado el personal. Eso está dentro del orden natural de las cosas y, desde luego, de lo que cabe esperar. No. Es porque me ha llamado la atención la actitud de Javier Lambán, senador y ex presidente de Aragón, negándose a participar en la última, o penúltima, parte del más arriesgado, hasta ahora, de los saltos mortales de nuestro inefable presidente del gobierno. Yo ya sé lo que opina, o lo que opinaba, el Sr. Lambán del Sr. Sánchez, pero también sé, y de primera mano, que no era nada distinto, puede que algo más matizado, de lo que opinaban de él, antes de que llegara al poder, destacados políticos en activo convertidos después, milagrosamente, en fervorosos seguidores de su política. 

 Por eso me parece que tiene cierto mérito mantener el tipo, en un tiempo en el que la dignidad ya no parece un valor en alza. Es verdad que Lambán no se juega mucho en este envite. Una vez laminados sus candidatos a las cortes generales y al parlamento europeo y pendiente, sólo, del paso del tiempo para dejar la secretaría general y supongo que también la política activa, puede permitirse, por 600€ de multa, el lujo de decir y hacer lo que, en conciencia, cree que debe hacer o decir. Su partido ya ha dicho, y seguro que saben lo que dicen, que es una cuestión puramente individual y que el riesgo de contagio es nulo. Cosa que también está dentro de lo que cabía esperar.