Parques eólicos y otros negocios eléctricos

El caso Forestalia, que lleva ya unos días en el centro de la actualidad, no puede leerse solo como un episodio judicial más o como otra de las habituales trifulcas entre administración, empresas y despachos profesionales. Lo que aflora en este asunto es el modo en que un sistema administrativo, obligado por ley a ser transparente, ha podido utilizarse para proporcionar ventajas competitivas a quienes mejor se mueven por sus pasillos.

La justicia investiga si la empresa consiguió informes ambientales favorables mediante tratos indebidos con la administración central y aragonesa, acelerando artificialmente proyectos que no estaban maduros. Y más allá de las responsabilidades individuales que determinen los tribunales, el caso revela algo importante sobre cómo funciona hoy el negocio de la electricidad renovable.

Durante años se nos dijo que la inevitable transición energética era, ante todo, una cuestión técnica, pero también moral: favorecer las energías renovables, descarbonizar la economía y avanzar hacia un sistema más limpio y sostenible. Pero la realidad no ha resultado tan edificante. En la práctica, buena parte del negocio en torno a las renovables no ha consistido tanto en producir electricidad como en capturar permisos, informes favorables, declaraciones de impacto ambiental y, sobre todo, puntos de acceso a la red. El viento importa, desde luego; el sol también. Pero lo decisivo ha sido muchas veces saber moverse en el laberinto administrativo.

Aragón reúne condiciones obvias para la expansión de las energías renovables: viento abundante, suelo disponible y una red eléctrica potente heredada de las viejas centrales térmicas de carbón. Sobre esa base se levantó una avalancha de proyectos eólicos y fotovoltaicos y una presión creciente sobre los organismos encargados de evaluarlos. No podía ser de otro modo. Cuando un informe ambiental puede decidir el destino de activos valorados en decenas de millones, deja de ser un simple documento técnico y se convierte en una palanca de poder.

Ahí está uno de los núcleos del problema. La administración ambiental aragonesa fue diseñada para evaluar proyectos contados: una presa aquí, una carretera allá. De la noche a la mañana, tuvo que tramitar centenares de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Se le exigió simultáneamente rigor técnico, rapidez burocrática y "sensibilidad" política. Demasiadas cosas a la vez. El resultado era previsible: atascos, decisiones cuestionables, reorganizaciones extrañas. Y la sensación de que el criterio técnico no era siempre una garantía que respetar sino, a veces, un obstáculo a remover. Por otra parte, el conflicto entre los que soportan los costes territoriales y quienes capturan los beneficios no podía permanecer latente indefinidamente.

No conviene engañarse. El problema no es solo que pueda haber habido irregularidades en algún caso concreto, que eso ya se verá. El problema de fondo es que el sistema invita a ellas. Cuando el acceso a la red depende de cumplir hitos administrativos en plazos muy estrictos, y cuando una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable o fuera de plazo puede hacer caducar un permiso y evaporar el valor entero de un proyecto, la tentación de forzar el procedimiento, de acelerar lo que no está maduro o de desactivar resistencias técnicas se vuelve estructural. No hace falta una novela negra. Basta con entender los incentivos.

Y ahora, mientras se investiga cómo se repartieron los permisos para la instalación de parques eólicos, el tablero se complica aún más. La electricidad abundante que Aragón exportaba empieza a atraer grandes centros de datos, instalaciones capaces de consumir entre 100 y 300 MW continuos, es decir, tanto como una ciudad mediana o grande. Los nodos eléctricos —cuya capacidad es más limitada de lo que parece desprenderse del entusiasmo gubernamental por estas instalaciones— interesan ahora también a la nueva industria digital. La electricidad no es únicamente un flujo que sale del territorio sino la base material de una nueva y “prometedora” economía: computación, almacenamiento y gestión de datos y ahora y sobre todo inteligencia artificial.

Eso da al caso Forestalia y otros similares una dimensión más amplia. Ya no hablamos solo de molinos, placas y papeles sellados. Hablamos, o deberíamos hacerlo, de quién controla el acceso a una infraestructura estratégica, las redes y sus nodos de acceso, en una economía que depende cada vez más de la electricidad sin dejar de hacerlo de los combustibles fósiles. Y también de una administración que, obligada a actuar como marco neutral y garantista, ha funcionado a veces como terreno de juego, cuello de botella y moneda de cambio.

En teoría, los procedimientos administrativos están para ordenar, filtrar y proteger el interés general. En la práctica, con demasiada frecuencia, han servido más para complicar la vida de los que van de buena fe que para alejar a quienes pretenden servirse de ellos para burlar la legalidad. Ese es, quizá, el aspecto más inquietante del asunto. No solo la sospecha de que se hayan torcido procedimientos, también de que el sistema estaba preparado para que alguien intentara torcerlos.

Enviado a ECA 20-03-2026

El pin parental

Hace unos días tuve ocasión de ver en un cine, que es, por cierto, donde mejor se ve el cine,  una película de 2019 que ha pasado casi desapercibida por las carteleras españolas. De hecho en el cine dónde la vi -uno de esos multicines de Zaragoza que ocupan, con veinte o treinta salas pequeñas y casi inaccesibles para personas con problemas de movilidad, el espacio de aquellos impresionantes y magníficos cines de dos mil butacas, como el Palafox o el Cervantes-la ponían en una sala pequeña y acudió un número muy reducido de espectadores. La película en cuestión es Dark Waters, -aguas oscuras-, del director, para mí desconocido hasta ahora, Todd Haynes. La trama, por demás previsible, es el conflicto, real, iniciado a finales de los años 90 del pasado siglo, por un ganadero de Virginia Occidental, que ve como sus vacas enloquecen y mueren tras la ubicación, en las proximidades de su granja, del vertedero de una gran empresa química. La película permite entender, entre otras cosas, por qué es imposible, o extraordinariamente difícil, que el sistema, constituido por el gobierno y las grandes empresas, se autorregule, por iniciativa propia, para detener o mitigar el deterioro del ecosistema terrestre, abocado a una brusca y presumiblemente desastrosa pérdida de complejidad en un futuro no muy lejano. El caso es, y perdón por el spoiler, que los vecinos del granjero afectado le retiran la palabra y acosan a su familia, que acaba contrayendo cáncer, por haber sacado a la luz las prácticas, a todas luces criminales, de la empresa Dupont de Nemours, que había envenenado las aguas fluviales y subterráneas y lanzado a la atmósfera cantidades ingentes de materias peligrosas y altamente contaminantes durante años. Y eso porque preferían, con mucho, correr el riesgo, incierto, de contraer cáncer u otra enfermedad que el más seguro de quedarse sin trabajo, o perder ventajas y privilegios que dependían, en buena medida, de que la empresa, el mayor empleador de la zona, pudiera seguir obteniendo beneficios llenando el planeta de mierda. Para terminar y sólo después de haber perdido algunos pleitos individuales, la compañía accedió, hacia el año 2008, a llegar a un acuerdo colectivo por unos 300 millones de dólares, aproximadamente la tercera parte del beneficio que obtenía en un año de la comercialización del producto en litigio, conocido como PFOA o C8.  Por cierto que, nada sorprendentemente, el mismo producto se sigue utilizando hoy y por la misma empresa, en la fabricación de bienes de consumo como el politetrafluoroetileno, más conocido como Teflón, que se utiliza, entre otras cosas, como antideslizante para las sartenes. Su eventual prohibición o incluso su regulación dependen de decisiones que el actual gobierno de Estados Unidos no ha tomado ni es previsible que tome, a pesar de que el PFOA se ha relacionado directamente con más de 6 tipos de cáncer. Y ¿qué relación tiene esto con el pin parental?, se preguntarán. Pues, probablemente ninguna, pero, como ha sido el tema estrella de la semana pasada, me ha parecido oportuno traerlo a colación, aunque fuera en el título y utilizarlo para atraer lectores. No lo haré más.

ECA 31/01/2020

El verdadero espíritu democrático, revisitado.

Estamos a poco menos de dos semanas de las elecciones municipales y regionales —o autonómicas, que viene a ser lo mismo—. Lo que más se oye, y se lee, es a gente que se lamenta de que, en tal o cual municipio o región, vaya a salir elegido, de nuevo, tal o cual partido o candidato, a pesar de las abrumadoras evidencias en su contra y de la más que cuestionable ética, y nula estética, de su comportamiento. A mí estos lamentos me hacen cierta gracia, porque suelen venir acompañados de protestas en favor de la democracia como remedio a todos los males que nos aquejan. Más democracia, suelen decir, y algunos claman también por más política, más Europa o más de cualquier otra cosa que parezca tener virtudes terapéuticas.

Pues bien, la democracia consiste, precisamente, en respetar escrupulosamente la voluntad popular en la forma en que se manifiesta en lo que llamamos elecciones. Y esto parece que lo hagamos más por imperativo legal y por falta de recursos para hacer lo contrario que por verdadera convicción democrática. Y si no nos gusta la alcaldesa de Valencia, por ejemplo, o la candidata —frustrada, por ahora— a presidir Andalucía, o estamos hartos de ver siempre las mismas caras aquí y allá, pues estaremos equivocados, porque resulta que eso, y no otra cosa, es lo que quiere la mayoría. Y punto.

Y la política —que no tiene mucho que ver con la democracia, ni tampoco con los más desfavorecidos, uno de los mantras de moda, o con lo que realmente necesitan los españoles (algo que todos los políticos creen saber)— consiste en resolver un problema irrelevante en la situación actual del ecosistema terrestre, pero, para los afectados, capital. Se trata, claro, de decidir cuál de los distintos partidos en liza va a disfrutar de los privilegios del poder durante los próximos años, y de tal manera que parezca que eso lo decidimos entre todos, votando. Ese, y no otro, es el objetivo de las elecciones, en las que, en realidad, hacemos poco más que ratificar lo ya elegido por las cúpulas de los distintos partidos.

Cada cuatro años, más o menos, somos llamados a lo que los más cursis llaman "la fiesta de la democracia", e invitados a escoger, de entre unas cuantas, una papeleta con un conjunto inalterable de nombres y depositarla en una urna. Nombres entre los que, de acuerdo con un algoritmo previamente pactado, se repartirán los puestos disponibles. Hecho esto —poner la papeleta en la urna— nuestra participación, que será convenientemente destacada como muestra inequívoca de espíritu democrático, habrá dejado de ser necesaria y, desde luego, conveniente. Podremos, eso sí, jalear o criticar al poder en tertulias debidamente controladas y en tabernas, lo que tendrá el efecto de reducir la presión cuando esta devenga excesiva, pero sin pretender nada más, y mucho menos ningún tipo de participación ulterior en las decisiones que hayan de tomarse por nuestro bien.

El poder será ejercido —en nuestro nombre, por supuesto— por los elegidos, que dispondrán, durante años, si lo hacen con la debida discreción y procurando no meter mucho la pata ni llamar excesivamente la atención, de los recursos comunes en su propio beneficio y en el de los que ellos consideren conveniente. Eventualmente, algunos se pasarán de la raya y tratarán de acaparar más de lo que un entorno de recursos limitados y las tragaderas del común permiten. Como consecuencia, el sistema entrará en crisis de cuando en cuando, y la gente se sorprenderá —o fingirá que se sorprende— al descubrir sus perversiones. El sistema, a su vez, aparentará estar compungido y arrepentido, se purgará, pero poco, de los más notorios descarriados, y todo volverá, al cabo de poco tiempo, a ser lo que era. Y así, hasta que la burra ya no dé suficiente leche y haya que resolver las cosas de otra manera.

Pero —como no dejarán de recordarnos en otra de esas impagables frases hechas, como esta atribuida a W. Churchill— la democracia es el peor de los sistemas, descartados todos los demás. Chúpate esa.

Somos los primeros

...Termino resumiendo la posición de nuestro país en pocas cifras. España ha situado otra vez tres entre los 8 primeros del mundo. Podemos presumir de tener 7  entre los 50, y 10 entre la élite de los 100 grandes.
Ni Francia, ni Italia, ni los países nórdicos, ni Japón, ni Estados Unidos, ningún otro país puede presentar un balance semejante. Como decía ayer en twitter, nos sobran motivos para sentirnos orgullosos. José C. Capel en El Pais.

¿Centros de investigación en la lucha contra el cáncer? No. ¿Universidades? Tampoco. Creo que no tenemos ninguna entre las 200 primeras. Nuestro esforzado corresponsal, que dice no entender muy bien como se ha elaborado una lista que ha apeado del primer puesto a un restaurante catalán para dárselo a uno danés, habla de cocineros, de cocineros y de restaurantes. Supongo que este será uno de los indicadores que maneja el Sr. Guindos para anunciar, con más voluntad que gracia, la inminente recuperación de los índices de crecimiento. Es obvio que cualquier anuncio de este gobierno, sobre todo si tiene que ver con cuestiones económicas, pongan o no por medio a Santa Teresa o a la virgen del Rocío, hay que tomarlo a beneficio de inventario pero, además y en el caso particular del Sr Guindos, uno no puede menos que preguntarse cómo se llega de responsable en Europa de Lehman Brothers, una de las empresas americanas que llenaron, deliberadamente, los mercados financieros de basura y estuvieron a punto de hundir completamente la economía a mediados de 2008,  a ministro del gobierno de España, invirtiendo el funcionamiento de la puerta giratoria que solía llevar ministros complacientes a las empresas a las que habían complacido. La formación y la experiencia previa del Sr. Guindos parecen tener que ver, sobre todo, con una economía que podríamos llamar de casino, en la que el dinero ficticio es la única mercancía que se intercambia y probablemente, lo ignora todo sobre la economía real y su funcionamiento. Para gentes que juegan con dinero generado en terminales de computador las disquisiciones sobre la distribución de recursos escasos carecen de significado real y el éxito o el fracaso de una política económica se mide exclusivamente en términos de capacidad de endeudamiento a precios razonables. Y para asegurar eso basta con unos pocos trucos de trilero en las cuentas públicas y el pequeño detalle de asegurar a los tenedores de deuda, mediante una enmienda constitucional, iniciativa del Sr. Zapatero secundada con entusiasmo por el Sr. Rajoy,  que el pago de la misma está, en España, por encima de cualquier otro compromiso que pueda tener el estado, sanidad y educación, por supuesto, incluidas.

Por lo demás, aquí, en Aragón uno de los imputados por presunta corrupción y apropiación indebida en el vidrioso asunto de Plaza, al que la puerta giratoria llevó a convertirse en alto cargo de telefónica, va a impartir un curso a líderes latinoamericanos sobre... corrupción, transparencia e intereses en conflicto. Hay quién se ha escandalizado, pero siempre se ha dicho que para dar clase de algo hay que ser especialista... aunque sea presunto. Si aquí, que hemos sido autodidactas, hemos llegado donde hemos llegado, qué no cabe esperar de esos países donde sus líderes recurren desde el principio a las mismas fuentes de la sabiduría.

Diálogos para besugos (I)

- La fiscalía general del estado ha desestimado la demanda de un consejero del poder judicial contra su presidente.

- ¿Y?

- Pues que es una vergüenza.

- ¿Una vergüenza? ¿El qué?

- Los viajes de fin de semana de este hombre, con cargo al presupuesto.

- ¿Eso? ¿Y comparado con qué, es una vergüenza, si puede saberse?

- Pues con…

- ¿Con los viajecitos del Rey? ¿Con las vacaciones del Presidente del Gobierno en Doñana? ¿Con los viajes de políticos y paniaguados, incluidos los miembros del CGPJ, con sus familias a medio mundo sin ninguna razón de peso que lo justifique? ¿Con los privilegios de diputados,  senadores y parlamentarios autonómicos? ¿Con la utilización, por autoridades de toda laya, de los coches oficiales para fines particulares o de partido? ¿Con el nombramiento, como asesores de cualquier cosa, de legos en la materia o de completos imbéciles? 

- Yo me pago mis vacaciones. Comparado conmigo.

- Vaya comparación. Tú no tienes más remedio que pagártelas. Habría que ver lo que harías si pudieras endosárselas a cualquier chiringuito público. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, la cuarta o quinta autoridad del Estado, no puede compararse con un pringado que necesita el salario de un mes para pasar dos días en un hotel de lujo de Marbella.

- Alguna vez habrá que empezar a poner orden en este país. Ese hombre ha cometido un delito…

- Sólo si lo dice el fiscal. Y después tendrían que ratificarlo sus colegas en el Tribunal Supremo. Y el fiscal no va a abrir la caja de los truenos por 8000€ en un país donde se rescata a los bancos con miles de millones de dinero público y se premia la ineptitud en la gestión con despidos de un millón o dos. Además, habría que saber que ocultas y seguramente espurias razones hay detrás de la denuncia de un consejero que ni siquiera se había tomado la molestia de informar a sus compañeros.

- Lo que ha conseguido el fiscal es que la gente se lo piense dos veces antes de denunciar estas cosas. A partir de ahora la impunidad será aún más clamorosa.

- Justamente. También de eso se trata.

- Y puede que acabemos todos convencidos de que la vía judicial no es la mejor forma de solucionar estas cosas.

- Huy, ¡qué miedo!


Los diálogos originales de Editorial Bruguera