La justicia investiga si la empresa consiguió informes
ambientales favorables mediante tratos indebidos con la administración central
y aragonesa, acelerando artificialmente proyectos que no estaban maduros. Y más
allá de las responsabilidades individuales que determinen los tribunales, el
caso revela algo importante sobre cómo funciona hoy el negocio de la electricidad
renovable.
Hace unos días tuve ocasión de ver en un cine —que es, por cierto, donde mejor se ve el cine— una película de 2019 que ha pasado casi desapercibida por las carteleras españolas. De hecho, en el cine donde la vi —uno de esos multicines de Zaragoza que ocupan, con veinte o treinta salas pequeñas y casi inaccesibles para personas con problemas de movilidad, el espacio de aquellos impresionantes cines de dos mil butacas, como el Palafox o el Cervantes— la ponían en una sala pequeña y acudió un número muy reducido de espectadores.
La película en cuestión es Dark Waters (Aguas oscuras), del director, para mí desconocido hasta ahora, Todd Haynes. La trama, por demás previsible, es el conflicto real iniciado a finales de los años noventa del pasado siglo por un ganadero de Virginia Occidental, que ve cómo sus vacas enloquecen y mueren tras la ubicación, en las proximidades de su granja, del vertedero de una gran empresa química.
Estamos a poco menos de
dos semanas de las elecciones municipales y regionales —o autonómicas, que
viene a ser lo mismo—. Lo que más se oye, y se lee, es a gente que se lamenta
de que, en tal o cual municipio o región, vaya a salir elegido, de nuevo, tal o
cual partido o candidato, a pesar de las abrumadoras evidencias en su contra y
de la más que cuestionable ética, y nula estética, de su comportamiento. A mí
estos lamentos me hacen cierta gracia, porque suelen venir acompañados de
protestas en favor de la democracia como remedio a todos los males que nos
aquejan. Más democracia, suelen decir, y algunos claman también por más
política, más Europa o más de cualquier otra cosa que parezca tener virtudes
terapéuticas.
