Este país dice dividirse en dos bandos, como si fuera un partido de fútbol. En realidad son muchos más, pero a efectos de este artículo fingiremos que solo existen dos: la izquierda —autodenominada «progresista» y aceptada como tal con una docilidad asombrosa— y la derecha —«conservadora», por la misma vía de la costumbre—. Bajo el paraguas progresista conviven socialistas y comunistas ya domesticados con nacionalismos regionales, populismos varios y una fauna auxiliar que un día pasaba por allí, descubrió que había presupuesto y decidió quedarse. En la acera conservadora habita la derecha de siempre, su ala más áspera (la ultraderecha, indignada con las veleidades “zurditas” de los suyos), liberales, nacionalistas de ámbito nacional y, de vez en cuando, los que esperan turno para ajustar cuentas y seguir cobrando cuando los otros se cansen.
No se ponen de acuerdo casi en nada; ni siquiera en asuntos donde bastaría una reunión con técnicos y una pizarra. Y, sin embargo, el desacuerdo no es tanto de hechos como de relato: cada facción necesita una película distinta para sostener su clientela.
En energía, por ejemplo, la derecha habla de crisis: escasez, dependencia, precios, vulnerabilidad. La izquierda gubernamental, en cambio, actúa como si el problema no existiera o, mejor aún, como si fuéramos la respuesta continental: exportadores de virtud y kilovatios por delegación. De ahí el entusiasmo con el conducto submarino entre Barcelona y Marsella para transportar hidrógeno verde: se anuncia el tubo con solemnidad de obra civil y se deja en penumbra lo incómodo —producción, almacenamiento, costes, demanda real—. El hidrógeno, ligero y reactivo, no es precisamente un turista cómodo; exige infraestructuras, pérdidas asumidas, seguridad y un sistema entero alrededor. Pero del sistema se habla menos que del gesto, que es lo que cuenta en política: cortar la cinta, sonreír, y que el detalle lo resuelva un comité.
En cambio climático el papel se invierte: los sectores más a la izquierda lo declaran pecado humano —y “humana”, huelga decir—, y prometen redención en cuanto los capitalistas dejen de contaminar; la derecha conservadora lo reduce a meteorología de toda la vida, a veranos y a inviernos de manual, como si la estadística fuera una superstición moderna. Entre ambos extremos, el ciudadano escucha dos sermones incompatibles y acaba haciendo lo que siempre: buscar un paraguas cuando llueve y aire acondicionado cuando abrasa.
Lo relevante, sin embargo, no es qué dogma recite cada uno, sino qué implica. Si el cambio es principalmente antropogénico, la discusión no es “apagar el mundo”, sino quién paga la transición y quién captura sus beneficios: industria, transporte, vivienda, fiscalidad, inversión, competitividad. Si fuera meramente cíclico —hipótesis a la que se aferran los escépticos—, la discusión sería aún más fea: quién paga la adaptación y quién se queda sin ella. En ambos casos, la factura existe. Lo que se disputa no es la factura: es el destinatario.
En lo que sí hay consenso es en la corrupción: ambos bandos coinciden en que los corruptos, casualmente, son los otros. Y lo cierto es que corrupción e incompetencia suelen caminar juntas y no distinguen demasiado de siglas, salvo quizá allí donde las instituciones muerden de verdad y la vergüenza todavía sirve de freno. Fuera de esas latitudes, la picaresca no es una anomalía: es un ecosistema. En Ucrania, por ejemplo, hasta en plena guerra hubo ceses de altos cargos por aprovecharse de la ayuda exterior. Y aquí mismo, sin ir más lejos… Pero mejor lo dejamos para otro día. En este país, la corrupción nunca se acaba: solo cambia de turno.
Enviado a ECA 27/01/2023
