La revolución que no reparte: Inteligencia artificial y mercado de trabajo.

Un estudio publicado en noviembre de 2025 por el Servicio Público de Empleo Estatal —elaborado por economistas de Analistas Financieros Internacionales— cifra en 11,2 millones los trabajadores españoles empleados en ocupaciones altamente expuestas a la automatización por inteligencia artificial. Casi el 45% de los ocupados. En Aragón, el porcentaje ronda el 40%, lo que equivale a unos 250.000 puestos de trabajo. El dato ha aparecido hoy mismo en las páginas del Periódico de Aragón. No es una proyección apocalíptica: es la estimación oficial del organismo público responsable del empleo en España, con metodología académica contrastada y respaldo bibliográfico del FMI, la OCDE y el Banco Central Europeo.

La cifra merece atención, desde luego. Pero más atención merece aún la pregunta que rara vez forma parte del debate público: ¿quién se queda con el excedente que genera esta transformación?

Ante cada oleada tecnológica, el argumento compensatorio reaparece con puntualidad. La electricidad destruyó unos empleos y creó otros. La informática destruyó unos empleos y creó otros. La robótica industrial destruyó empleos y creó otros. La inteligencia artificial, se dice, no será diferente: destruirá algunos empleos y creará otros que aún no somos capaces de imaginar. El mercado lo resolverá. La formación lo resolverá. La adaptación lo resolverá.

Agosto de 1936.

 

El convento en los años 60. A la izquierda la casa de Carmen y José

Hace casi un mes del fracasado golpe de estado y del comienzo de la guerra civil. La guarnición no ha secundado el golpe y la ciudad se mantiene, por el momento, leal al régimen republicano. Decir que dentro de la legalidad es mucho decir. La legalidad republicana dejó de existir en gran parte del territorio a raíz del golpe de estado. El poder real está en manos de un comité revolucionario que pronto empieza a tomar medidas contra los que considera, en algunos casos con razón, partidarios de los militares golpistas. Uno de los estamentos más afectados es el clero. Los curas de los pueblos son perseguidos y, en muchos casos asesinados en las carreteras. Los pertenecientes a órdenes religiosas presentes en la ciudad, como los claretianos o los escolapios, están encerrados en el salón de actos de estos últimos. El obispo está encarcelado en el Ayuntamiento y muchos ciudadanos, considerados simpatizantes de los rebeldes, en el convento de las Capuchinas.