La justicia investiga si la empresa consiguió informes
ambientales favorables mediante tratos indebidos con la administración central
y aragonesa, acelerando artificialmente proyectos que no estaban maduros. Y más
allá de las responsabilidades individuales que determinen los tribunales, el
caso revela algo importante sobre cómo funciona hoy el negocio de la electricidad
renovable.
Durante años se nos dijo que la inevitable transición
energética era, ante todo, una cuestión técnica, pero también moral: favorecer
las energías renovables, descarbonizar la economía y avanzar hacia un sistema
más limpio y sostenible. Pero la realidad no ha resultado tan edificante. En la
práctica, buena parte del negocio en torno a las renovables no ha consistido
tanto en producir electricidad como en capturar permisos, informes favorables,
declaraciones de impacto ambiental y, sobre todo, puntos de acceso a la red. El
viento importa, desde luego; el sol también. Pero lo decisivo ha sido muchas
veces saber moverse en el laberinto administrativo.
Aragón reúne condiciones obvias para la expansión de las
energías renovables: viento abundante, suelo disponible y una red eléctrica
potente heredada de las viejas centrales térmicas de carbón. Sobre esa base se
levantó una avalancha de proyectos eólicos y fotovoltaicos y una presión
creciente sobre los organismos encargados de evaluarlos. No podía ser de otro
modo. Cuando un informe ambiental puede decidir el destino de activos valorados
en decenas de millones, deja de ser un simple documento técnico y se convierte
en una palanca de poder.
No conviene engañarse. El problema no es solo que pueda
haber habido irregularidades en algún caso concreto, que eso ya se verá. El
problema de fondo es que el sistema invita a ellas. Cuando el acceso a la red
depende de cumplir hitos administrativos en plazos muy estrictos, y cuando una Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable o fuera de plazo puede hacer caducar un
permiso y evaporar el valor entero de un proyecto, la tentación de forzar el
procedimiento, de acelerar lo que no está maduro o de desactivar resistencias
técnicas se vuelve estructural. No hace falta una novela negra. Basta con
entender los incentivos.
Y ahora, mientras se investiga cómo se repartieron los
permisos para la instalación de parques eólicos, el tablero se complica aún
más. La electricidad abundante que Aragón exportaba empieza a atraer grandes
centros de datos, instalaciones capaces de consumir entre 100 y 300 MW
continuos, es decir, tanto como una ciudad mediana o grande. Los nodos
eléctricos —cuya capacidad es más limitada de lo que parece desprenderse del entusiasmo
gubernamental por estas instalaciones— interesan ahora también a la nueva
industria digital. La electricidad no es únicamente un flujo que sale del
territorio sino la base material de una nueva y “prometedora” economía:
computación, almacenamiento y gestión de datos y ahora y sobre todo
inteligencia artificial.
Eso da al caso Forestalia y otros similares una dimensión
más amplia. Ya no hablamos solo de molinos, placas y papeles sellados.
Hablamos, o deberíamos hacerlo, de quién controla el acceso a una
infraestructura estratégica, las redes y sus nodos de acceso, en una economía
que depende cada vez más de la electricidad sin dejar de hacerlo de los
combustibles fósiles. Y también de una administración que, obligada a actuar
como marco neutral y garantista, ha funcionado a veces como terreno de juego,
cuello de botella y moneda de cambio.
En teoría, los procedimientos administrativos están para
ordenar, filtrar y proteger el interés general. En la práctica, con demasiada
frecuencia, han servido más para complicar la vida de los que van de buena fe
que para alejar a quienes pretenden servirse de ellos para burlar la legalidad.
Ese es, quizá, el aspecto más inquietante del asunto. No solo la sospecha de
que se hayan torcido procedimientos, también de que el sistema estaba preparado
para que alguien intentara torcerlos.
Enviado a ECA 20-03-2026
