La justicia investiga si la empresa consiguió informes
ambientales favorables mediante tratos indebidos con cargos políticos de la
administración central y aragonesa, acelerando artificialmente proyectos que no estaban
maduros. Pero más allá de las responsabilidades individuales que determinen los
tribunales, el caso revela algo importante sobre cómo funciona hoy el negocio
de la energía eléctrica de origen renovable.
Durante años se nos ha dicho que la inevitable transición energética era,
ante todo, una cuestión técnica y moral: instalar renovables, descarbonizar la
economía, avanzar hacia un sistema más limpio y sostenible. Pero la realidad no ha resultado
tan edificante. En la práctica, buena parte del negocio no ha
consistido tanto en producir electricidad como en capturar permisos, informes
favorables, declaraciones de impacto ambiental y, sobre todo, puntos de acceso
a la red. El viento importa, sí. El sol también. Pero menos de lo que se
pretende. Lo decisivo ha sido muchas veces otra cosa: saber moverse en el
laberinto administrativo.
Aragón reúne condiciones obvias para la expansión
de las energías renovables: viento abundante, suelo disponible y una red eléctrica potente
heredada de la era de las centrales térmicas de carbón. Sobre esa base se levantó una avalancha de
proyectos eólicos y fotovoltaicos. Y con ella apareció también una presión
creciente sobre los organismos encargados de evaluarlos. No podía ser de otro
modo. Cuando un informe ambiental puede decidir el destino de activos valorados
en decenas de millones, deja de ser un simple documento técnico y se convierte
en una palanca de poder.
Ahí está uno de los núcleos del problema. La administración
ambiental aragonesa fue diseñada para evaluar proyectos contados: una presa
aquí, una carretera allá. De pronto tuvo que tramitar centenares de parques
eólicos y plantas fotovoltaicas en pocos años. Se le exigió simultáneamente
rigor técnico, rapidez burocrática y "sensibilidad" política. Demasiadas cosas a la
vez. El resultado era previsible: atascos, decisiones cuestionables,
reorganizaciones extrañas. Y la sensación de que el criterio técnico ya no
era una garantía a respetar sino un obstáculo a remover. Por otra parte, el conflicto entre los que soportan los costes territoriales y quienes capturan los beneficios no podía permanecer latente indefinidamente.
No conviene engañarse. El problema no es solo que pueda
haber habido irregularidades concretas, que eso ya se verá cuando resuelvan los tribunales. El
problema de fondo es que el sistema invita a ellas. Cuando el acceso a la red
depende de cumplir hitos administrativos en plazos muy estrictos, y cuando
perder una Declaración de Impacto Ambiental puede hacer caducar el permiso y
evaporar el valor entero de un proyecto, la tentación de forzar el
procedimiento, de acelerar lo que no está maduro o de desactivar resistencias técnicas
se vuelve estructural. No hace falta una novela negra. Basta con entender los
incentivos.
Y ahora, mientras se investiga cómo se repartieron los permisos para la instalación de parques eólicos, el tablero se complica aún más. La electricidad
abundante que Aragón exportaba empieza a atraer grandes centros de datos,
instalaciones capaces de consumir entre 100 y 300 megavatios continuos, es
decir, tanto como una ciudad mediana o grande. De pronto, los nodos eléctricos, cuya capacidad sigue siendo limitada, ya no interesan solo a los promotores de nuevas plantas renovables. Interesan también a la nueva
industria digital. La electricidad deja de ser únicamente un flujo que sale del
territorio para empezar a convertirse en la base material de una nueva y prometedora economía: computación, almacenamiento de datos y ahora sobre todo inteligencia
artificial.
Eso da al caso Forestalia una dimensión más amplia. Ya no
hablamos solo de molinos, placas y papeles sellados. Hablamos, o deberíamos hablar, de quién controla
el acceso a una infraestructura estratégica en una economía que depende cada
vez más de la electricidad. Y hablamos también de una administración que, lejos
de actuar como marco neutral y garantista, ha funcionado demasiadas veces como
terreno de juego, cuello de botella y moneda de cambio.
En teoría, los procedimientos administrativos están para
ordenar, filtrar y proteger el interés general. En la práctica, con demasiada
frecuencia, han servido más para complicar la vida de los que van de buena fe que para mantener alejados a quienes pretenden burlar la legalidad. Ese
es, quizá, el aspecto más inquietante del asunto. No solo la sospecha de que se
hayan torcido procedimientos, sino la evidencia de que el sistema estaba preparado
para que alguien intentara torcerlos.
