Política municipal y libertad de expresión

La última vez que vi la grabación de un pleno municipal, hace unos meses, el alcalde estaba reprendiendo a una concejala de la oposición por no atenerse al orden del día. De hecho, llegó a expulsarla por insistir en su desbarre discursivo y la concejala no tuvo más remedio que abandonar la sala, aunque la situación se recondujo poco después.

Ayer vi el fragmento de una sesión reciente en el que, mira que casualidad, el alcalde volvía a dirigirse a la misma concejala para rogarle  que se ciñera a la cuestión que se estaba debatiendo. 

En esta ocasión la concejala en cuestión desistió de llevar la polémica más lejos y terminó su intervención, pero eso no evitó que la portavoz del partido popular le acusara de ‘falta de respeto’, ‘provocación’ y algo más que no recuerdo. Tanto la portavoz como el alcalde insistieron en que se atuviera al procedimiento que, por lo que me pareció entender, incluye solicitar audiencia al concejal afectado por las críticas de la edil, dirigirse a la comisión de gobierno o pedir la inclusión de su tema en el siguiente pleno. Cualquier cosa, por lo visto, antes que apartarse del objeto del debate o interpelar directamente al alcalde en el pleno.

Utilizar el reglamento, o una interpretación sui generis del reglamento, como instrumento de control político no es una buena idea. En mi opinión, un concejal en el uso de la palabra no debería ser interrumpido, mientras intervenga con el tono y la corrección adecuados, salvo que se exceda en el tiempo establecido o utilice técnicas de filibusterismo parlamentario para impedir o dificultar el normal desarrollo de una sesión. Si se aparta del tema o utiliza argumentos débiles o equivocados en defensa de su postura es su problema, no el del alcalde o su equipo, La política local ya tiene bastantes problemas de amateurismo e improvisación como para restringir el uso de la palabra en el lugar establecido, precisamente, para hacer uso de ella. Enriquecer el debate no pasa, desde luego, por coartarlo.