No es normal que se abuchee al Rey. Ni que se le lancen pellas de barro u otros objetos cuando acude, junto con la Reina, a interesarse por las consecuencias de una catástrofe humanitaria como la de Valencia. Pero ha ocurrido. Porque la gente está harta. Más que del Rey, probablemente, de los políticos que le acompañaban. Entre ellos estaban los presidentes de los gobiernos central y autonómico, principales responsables de la manifiesta ineficiencia de la administración pública antes, durante y después del desastre.
Y ¿por qué está harta la gente? Pues porque cree, probablemente con razón, que el Estado, que se queda aproximadamente con el 50% de sus ingresos y pretende regular todos los aspectos de su vida, debería estar presente cuando ocurre una desgracia de este tipo. Y, desde luego, que los políticos, que viven y no mal, a costa de sus impuestos, no deberían ofrecer un espectáculo de elusión de responsabilidades como el que han ofrecido. Y que aún siguen ofreciendo.
Hay quien cree que las responsabilidades, en esta nueva gota fría, además de con el calentamiento del Mediterráneo y otros factores naturales difíciles de prever y más difíciles de controlar, deben repartirse entre los gobiernos regional y central. Y es cierto, hasta cierto punto, pero hay algún matiz. El gobierno valenciano ha dado muestras de cierta incompetencia y desorientación, como, por otra parte, era de esperar. Estos gobiernos están formados por gentes sin formación ni capacidad específica para este tipo de situaciones, cuyo mérito principal y a veces único, es pertenecer a la cúpula de un determinado partido político. Sirven, mejor o peor, para llevar la gestión ordinaria, planificar eventos, inaugurar cosas y celebrar fiestas regionales. Pero cuando tienen que enfrentarse con problemas reales y graves es difícil esperar que los resuelvan. Pero es que, además, el gobierno valenciano carece de los medios necesarios para afrontar una emergencia como esta así que, aunque tuvieran gente competente al frente, no podrían hacer nada sin la ayuda del Estado.
Y el gobierno central, que tiene los medios y las competencias que se necesitan para intervenir decisivamente, puede haber preferido dejar que el gobierno regional, de otro partido, se queme en el intento, casi inevitablemente fallido, de arreglar algo. Aparentemente, ha rechazado la ayuda ofrecida por países extranjeros, como Francia y Ecuador, mientras movilizaba sus recursos con cuentagotas, alegando que el gobierno regional no los había solicitado. Y así han pasado cuatro días, desde la catástrofe, durante los cuales los afectados se han sentido abandonados por el estado y han sobrevivido sin más ayuda que la prestada por voluntarios civiles de la más diversa procedencia. Incluidos los bomberos franceses cuya ayuda había rechazado el gobierno.
En estas condiciones, la visita real podría, quizá debería, haber sido organizada al margen, o al menos sin la presencia, de los políticos en activo, a los que la gente considera directamente responsables de la desatención sufrida. La función de la monarquía en esta y similares circunstancias es, o debería ser, la de representar el apoyo de la nación y consolar a las víctimas. No la de solidarizarse con el gobierno o respaldar sus acciones u omisiones. Aunque las cosas son como son y no como, idealmente, deberían ser. Así, la casa real ha asumido un riesgo, no muy bien calculado, que se ha saldado con algunas lamentables escenas de violencia sin mayores consecuencias, la precipitada evacuación del presidente del gobierno, y una exhibición final de dignidad, solidaridad y empatía por parte de los reyes.
En todo caso, mientras un número importante de personas siga viviendo sobre barrancos, susceptibles de transportar a gran velocidad enormes volúmenes de agua, podemos estar seguros de que fenómenos parecidos a este o peores, volverán a ocurrir más tarde o más temprano. En Valencia o en cualquier otro lugar donde se den parecidas circunstancias.
