La cosa pública está dando, en España, un espectáculo que en nada desmerece a las astracanadas organizadas, tiempo atrás, en países como Argentina, que acabaron como acabaron gracias a las idas y venidas de la clase política más corrupta e incompetente que se había conocido. Hasta entonces, claro.
Y cuando digo la cosa pública no me refiero solo a los políticos, que, en realidad, no hacen más que dedicarse a lo único para lo que tienen una reconocida competencia: asegurarse una jubilación honorable a costa del contribuyente, sino también a los banqueros, que monopolizan la creación de dinero y que dicen ahora que han ganado un 2% menos que el año pasado y, además, pretenden que eso es una noticia preocupante; los jueces, que dejan en la calle a gentes como Millet, el del Palau, con el inefable argumento de que, si se quisiera escapar, ya lo hubiera hecho; los responsables —es un decir— de sanidad, que han creado una alarma injustificada con la gripe A, sin más razón que distraer a la gente de lo que realmente debería preocuparle y que ahora nos harán —a mí no, claro— tragar una vacuna cuya única virtud contrastada es la de enriquecer a los fabricantes; los periodistas, que destacan lo que conviene a quien les paga, jalean la especulación, sirven de altavoz para las gansadas y estupideces de políticos y financieros semianalfabetos y ocultan, puede que también por ignorancia injustificable, los gravísimos problemas monetarios, energéticos y medioambientales que están amenazando nuestra supervivencia como especie; y, finalmente, pero no menos importante, los votantes, que sostenemos —sostienen—, votando cada cuatro años y aguantando sin pestañear, esta ficción de democracia que ya solo sirve como escenario para el espectáculo.
Habría que dejar de votar, dejar de comprar los periódicos y dejar de servir de soporte, aunque sea pasivo, para lo que está pasando. O salir a la calle, como han hecho algunos habitantes de Santa Coloma.
De lo contrario, tendremos que asumir el nada honroso papel de tontos o cómplices.
