Alguien ha puesto la televisión —o el móvil— y me llega el sonido de la transmisión en directo de la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, mientras empiezo —tarde, como siempre— a escribir mi pequeña colaboración mensual.
Supongo que, en las circunstancias actuales —inflación, COVID…—, algo así debería tener cierto interés para la gente, pero, después de unos minutos, ya resulta evidente que las preguntas no se formulan porque quienes preguntan tengan algún interés en las respuestas, y que las respuestas no tienen como objeto sacar de dudas a quienes preguntan. Se trata, simplemente, de ponerse a caldo unos a otros o de lanzarse flores, según el color del que pregunta, con más o menos —casi siempre menos— gracia o ingenio.
Nada de lo que dicen tiene demasiado interés ni parece guardar relación con lo que está pasando, pero, como no lo he oído todo, no voy a entrar en eso.
El Gobierno no hará ni dirá nada que pueda incomodar a los partidos que lo sostienen, así que las concesiones a partidos nacionalistas —conflicto lingüístico catalán incluido— seguirán condicionando la actividad gubernamental al menos hasta las próximas elecciones. Después ya veremos, porque no son los socialistas los primeros, y seguramente no serán los últimos, en tragarse entera la retórica nacionalista para llegar al poder.
Una vez controlados los resortes del Estado, lo de la separación de poderes es pura filfa. Toda la acción gubernamental irá encaminada a mantenerse, y la de la oposición, a intentar desalojarlo. Todo ello sin tocar, por supuesto, lo que no hay que tocar ni molestar a quienes parecen detentar el poder real: por ejemplo, las compañías eléctricas y farmacéuticas, en cuyos consejos de administración tantos de nuestros eximios representantes —de todos los colores— han venido asentando sus ilustres posaderas en los últimos decenios.
Metafóricamente hablando, claro, porque es de suponer que la jugosa remuneración que perciben es a cambio de no aparecer por allí.
Todavía recuerdo a una de las ministras hablando de lo importante que era que su marido —del que bien podría decirse aquello de «caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada»— llegara al poder para pararles los pies a las eléctricas. O al actual ministro de Consumo, dedicado a fomentar una huelga de juguetes, en una interminable batalla por ver quién hace o dice la estupidez más grande.
La gestión de la pandemia —supongo que saben de qué pandemia hablo— es otro de los asuntos en los que parece haber un consenso generalizado, a pesar de las evidentes inconsistencias y contradicciones de toda la historia. Consenso centrado, precisamente, en las vacunas, fabricadas en un tiempo récord y al socaire de una tecnología que llevaba años sin que se le encontrara ninguna utilidad y de la que no se sabe muy bien qué hace, pero sobre la que Gobierno, oposición y grandes medios —aquí y en el resto del mundo— coinciden en que hay que ponérsela, no solo para protegerse uno mismo, como pasaba hasta ahora con las vacunas, sino también para proteger a los demás.
Bueno, esto daría para mucho más, pero no tengo más espacio ni ganas de meterme en jardines de los que luego uno no sabe cómo salir.
