La política como representación

He recibido una foto en la que aparecen el ministro de la Presidencia, Sr. Bolaños, y el líder de la oposición, Sr. Feijóo, en agradable y distendida conversación. Aparentemente la foto ha causado el escándalo de algunas buenas gentes que creen ver en ella la imagen de una connivencia intolerable o de un compadreo falaz. Algo que desmiente el pretendido rigor y la aparente hostilidad de sus enfrentamientos públicos.

Pero es que los políticos no se enfrentan entre ellos porque se odien realmente —aunque es probable que, en muchos casos, no se soporten, especialmente dentro del mismo partido—, sino porque interpretan el espectáculo que la ciudadanía espera ver. En el fondo, actúan como si ese enfrentamiento formara parte de sus obligaciones: una coreografía de la confrontación que da sentido a su rol público.

A pesar de las acusaciones cruzadas —en las que se imputan mutuamente ineptitud, malas intenciones e incluso delitos que llevarían a cualquier ciudadano común a prisión durante años—, todos ellos son plenamente conscientes de que se necesitan los unos a los otros. Saben que forman parte de la misma troupe, y que la representación solo resulta creíble si participan todos los actores, y se cubren todos los papeles previstos en el guion.

Por eso, cuando organizan comisiones de investigación o formulan denuncias desde la tribuna parlamentaria o los medios de comunicación —normalmente escritas por otros y como parte del mismo guion—, no lo hacen tanto en busca de la verdad como para ofrecer a sus respectivos públicos la dosis de enfrentamiento que necesitan. Una audiencia que finge escandalizarse cuando el denostado es del bando contrario, pero que guarda silencio —o lo justifica todo— cuando el señalado pertenece a los suyos. Porque todos, en definitiva, participan en un juego cuyas reglas fingen ignorar.

El problema, con esta escenografía, es que finalmente terminen todos, actores y público, por creerse los papeles que les han tocado en suerte, tomen la parte por el todo y confundan el escenario con el mundo real. Que el fin último de la política, que es, o debería ser, la organización justa y eficaz de la vida en común, se transmute en un interminable conflicto para conseguir y mantener el poder. Un conflicto que tiene el potencial necesario para acabar mal, muy mal o, no sería la primera vez, a bofetadas. O a tiros.

¿Colapso o reconfiguración?

¿Por qué hay tanta gente que cree ahora que todo se está desmoronando? ¿Por qué la incompetencia en política es hoy la norma y no la excepción? ¿Por qué este clima de cierre, de final de ciclo, cuando apenas cruzamos el primer cuarto de un siglo que parecía tan prometedor? ¿Y por qué, si en realidad nunca se ha vivido mejor se extiende la idea de que esto no puede durar mucho más? Y, sobre todo, ¿Por qué tantos gobiernos europeos consideran ahora plausible una guerra generalizada en un futuro inmediato?

Hay, al menos, dos hipótesis posibles —y no necesariamente excluyentes— para interpretar el momento presente. La primera es que esta civilización ha entrado en una fase avanzada de colapso sistémico. La segunda que nos encontramos en medio de una transformación estructural acelerada, gestionada por formas de poder difusas y reforzada por desigualdades crecientes en el acceso a la información, los recursos y la toma de decisiones.

La hipótesis del colapso se justifica por una constatación histórica y ecológica: los sistemas complejos, cuando alcanzan niveles excesivos de rigidez, interdependencia y sobreexplotación del entorno, tienden al deterioro, provocado, según Joseph Tainter, por “la disminución del rendimiento marginal de la complejidad”. Es decir, que su inevitable incremento ya no resuelve problemas, sino que los agrava. Ejemplos como el Imperio romano, la civilización mesopotámica o los mayas ilustran cómo la pérdida de legitimidad institucional, el aumento de la desigualdad y la incapacidad de adaptación desencadenaron desenlaces críticos.

Desde esta perspectiva, fenómenos como el progresivo deterioro de los servicios sanitarios locales, la crisis energética —de la que el apagón generalizado del 28 de abril, aún sin explicación, es solo un aviso—, el descrédito de las instituciones democráticas, evidenciado por el intercambio permanente de descalificaciones entre representantes políticos, o la devastación ambiental reflejada en incendios e inundaciones cada vez más violentos e  incontrolables y en la deficiente respuesta gubernamental a esos fenómenos no serían anomalías, sino síntomas tangibles de una civilización en fase de agotamiento.

Pero hay también otra lectura, complementaria, que sugiere que algunas de estas tensiones están siendo gestionadas —aunque no necesariamente provocadas— para facilitar transformaciones de fondo. No se trata de postular conspiraciones, sino de admitir que ciertos mecanismos de gobierno operan al margen del debate público. Es lo que Naomi Klein definió como “la estrategia del shock”: aprovechar momentos de crisis para imponer reformas estructurales difíciles de justificar en condiciones de normalidad. Aunque su análisis se centra en el neoliberalismo contemporáneo, la historia muestra que ciertos acontecimientos traumáticos —como la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial o el colapso económico en Alemania tras el Tratado de Versalles y el crack del 29— generaron vacíos de legitimidad que facilitaron el ascenso de formas autoritarias de gobierno. No fueron estrategias deliberadas, pero sí ejemplos de cómo el desorden puede allanar el camino a transformaciones profundas sin participación democrática.

En contextos de crisis prolongada como el actual, es común atribuir el deterioro institucional y social a la mediocridad, la incompetencia y la corrupción de quienes ocupan posiciones de poder. Sin embargo, esta lectura personalista —aunque emocionalmente comprensible— resulta insuficiente si se quiere comprender la magnitud de los procesos en curso. La persistencia y ubicuidad de políticos ineficaces, ignorantes y abiertamente corruptos no es necesariamente un fallo del sistema sino, a veces, una manifestación coherente con su lógica de funcionamiento en fase de disolución o reconfiguración. En estructuras dominadas por incentivos perversos, opacidad decisoria y deslegitimación ciudadana, la mediocridad y el oportunismo no son disfunciones: son adaptaciones. La falta de visión estratégica, la polarización estéril y la incapacidad de generar horizontes colectivos pueden interpretarse, entonces, no como anomalías individuales, sino como síntomas de una arquitectura institucional que ha dejado de premiar la competencia, la responsabilidad o la deliberación democrática.

Esto no significa que los individuos no tengan responsabilidad moral, política e incluso penal. Pero sí implica reconocer que los sistemas sociales tienden a producir, seleccionar y estabilizar los perfiles que mejor se adaptan a cada fase histórica. En un entorno donde el desorden es útil para transformar sin consensos, la figura del gestor cínico, el tecnócrata opaco o el populista ruidoso cumple funciones específicas dentro del ecosistema en crisis. Son expresiones de una racionalidad adaptativa, aunque totalmente disfuncional desde el punto de vista del interés colectivo.

El reto, entonces, es intentar identificar las fuerzas que están actuando mientras el sistema se descompone o se transforma. Porque si la crisis no es un accidente sino una herramienta, y si la ineficiencia es funcional al desorden, entonces lo que está en juego no es la restauración del orden anterior, que ya no parece posible y quizá tampoco sea deseable, sino la disputa por lo que vendrá. La pregunta no es si volveremos a la normalidad, sino qué tipo de orden emergerá del caos actual.

Enviado a ECA 28 nov. 2025

Pleitos tengas... y los ganes (de una vieja maldición popular)

En junio de 2022 compré un triciclo motorizado que tenía, y tiene, las características que exige el reglamento general de vehículos para ser considerado un vehículo para personas con movilidad reducida. La DGT emitió, a petición mía, un informe en el que se dice que el vehículo en cuestión 'puede' ser considerado un ciclomotor de tres ruedas o un vehículo para personas con movilidad reducida. El jefe de la policía municipal en el momento de la compra vio el vehículo y no apreció ningún problema en que recibiera tratamiento similar a una silla de ruedas a pesar de que su aspecto, no su velocidad ni su peso, era el de un ciclomotor de tres ruedas, similar, por otra parte, a los Scooter de tres y cuatro ruedas que utilizan las personas con problemas de movilidad.

Después de un año utilizándolo sin problemas, y ya con un nuevo jefe en la policía municipal, un agente me impuso una sanción de 500€ por circular sin ‘autorización administrativa’. Todos los intentos de solucionar el problema por vía administrativa, —a través del alcalde y el delegado del gobierno en Aragón, que inicialmente parecieron escandalizarse, de la subdelegación del gobierno en Huesca, de la DGT central y del defensor del pueblo—, se sustanciaron sin éxito: todos acabaron en la jefatura de Huesca de la DGT, poniendo de manifiesto la absurda circularidad y tautología de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. No quedó otra salida que interponer un recurso contencioso administrativo, formalmente contra la imposición de sanción, pero, sobre todo, para intentar aclarar la situación del vehículo.

El recurso ha sido desestimado —tras una sorprendente, y en mi opinión, extemporánea, invitación a negociar por parte del tribunal— en una sentencia que incluye argumentos como que hay que tenerse en pie para subir al vehículo o que no he podido demostrar que haya sido construido ‘específicamente’ para personas con discapacidad. El certificado del fabricante no ha sido, por lo visto, tenido en cuenta o considerado suficiente para probar ese extremo. La sentencia no es recurrible —500€ les parece poca cuantía— pero como es la primera vez que el tribunal ve un asunto como este, no ha habido condena en costas. Algo es algo.

En fin. Felicidades al ayuntamiento de Barbastro que impuso la sanción y a la DGT de Huesca que rechazó todos los recursos presentados y tuvo desde el principio una posición clara y beligerante. No sé qué haré ahora. Quizá lo matricule y salga a la carretera, con un artefacto que no supera los 25 km/h y cuya potencia apenas alcanza la de una batería de cocina. Como cualquier otra silla de ruedas. A ver hasta donde llego. O quizá se lo regale al ayuntamiento o a Cáritas. Después de todo andar un poco, mientras se pueda, previene la sarcopenia y además ya estoy harto de este asunto.

En todo caso, y aunque el resultado, visto en perspectiva, era probablemente previsible, había que intentarlo. Allanarse ante las arbitrariedades conduce a la frustración y la melancolía.

Política municipal y libertad de expresión

La última vez que vi la grabación de un pleno municipal, hace unos meses, el alcalde estaba reprendiendo a una concejala de la oposición por no atenerse al orden del día. De hecho, llegó a expulsarla por insistir en su desbarre discursivo y la concejala no tuvo más remedio que abandonar la sala, aunque la situación se recondujo poco después.

Ayer vi el fragmento de una sesión reciente en el que, mira que casualidad, el alcalde volvía a dirigirse a la misma concejala para rogarle  que se ciñera a la cuestión que se estaba debatiendo. En esta ocasión la concejala en cuestión desistió de llevar la polémica más lejos y terminó su intervención, pero eso no evitó que la portavoz del partido popular le acusara de ‘falta de respeto’, ‘provocación’ y algo más que no recuerdo. Tanto la portavoz como el alcalde insistieron en que se atuviera al procedimiento que, por lo que me pareció entender, incluye solicitar audiencia al concejal afectado por las críticas de la edil, dirigirse a la comisión de gobierno o pedir la inclusión de su tema en el siguiente pleno. Cualquier cosa, por lo visto, antes que apartarse del objeto del debate.

Utilizar el reglamento, o una interpretación sui generis del reglamento, como instrumento de control político no es una buena idea. En mi opinión, un concejal en el uso de la palabra no debería ser interrumpido, mientras intervenga con el tono y la corrección adecuados, salvo que se exceda en el tiempo establecido o utilice técnicas de filibusterismo parlamentario para impedir o dificultar el normal desarrollo de una sesión. Si se aparta del tema o utiliza argumentos débiles o equivocados en defensa de su postura es su problema, no el del alcalde o su equipo, La política local ya tiene bastantes problemas de amateurismo e improvisación como para restringir el uso de la palabra en el lugar establecido, precisamente, para hacer uso de ella. Enriquecer el debate no pasa, desde luego, por coartarlo.

Crisis sistémica y reorganización del capitalismo global (2008–2025)

Una revisión actualizada de la entrada del jueves, 14 de enero de 2010:  Reflexiones, desordenadas, sobre el ¿final? de la crisis. Formato y fuentes con la colaboración de Claude.ai.

Abstract

En esta entrada se analiza la crisis financiera global iniciada en 2008 como el inicio de una fase de dislocación estructural del capitalismo tardío. Se argumenta que, lejos de ser superada, esta crisis ha mutado en un proceso multidimensional de carácter sistémico que se ha manifestado en los ámbitos financiero, energético, climático y político. A través de una lectura intersistémica, se examinan las lógicas de acumulación financiera, los límites biofísicos de la transición energética, el papel de los Estados en la gestión del riesgo y la progresiva erosín de la legitimidad institucional. El artículo se inscribe en el debate contemporáneo sobre la sostenibilidad del orden económico global y la posibilidad de un giro civilizatorio.

1. Introducción

La crisis financiera de 2008 fue inicialmente interpretada como un colapso del sector hipotecario estadounidense, con efectos sobre el sistema bancario global. Sin embargo, sus consecuencias de largo plazo revelan una patología más profunda: el agotamiento de un modelo de acumulación basado en la financiarización de la economía, la explotación ilimitada de recursos naturales y la promesa de crecimiento permanente (Harvey, 2010; Latouche, 2007).

A partir de una perspectiva crítica interdisciplinar, este artículo sostiene que la crisis iniciada en 2008 no ha sido superada, sino que ha mutado en una condición de crisis permanente, marcada por desequilibrios estructurales y crisis de gobernanza.

2. Crisis financiera y continuidades estructurales

La respuesta política a la crisis de 2008 estuvo marcada por el rescate de grandes instituciones financieras mediante políticas monetarias expansivas, tipos de interés cercanos a cero y programas de adquisición de activos por parte de bancos centrales (Blyth, 2013). Aunque se evitó un colapso inmediato del sistema, se consolidó una dinámica de dependencia del capital especulativo respecto a las intervenciones estatales.

Este proceso aceleró la desconexión entre la economía financiera y la economía productiva, generando nuevas burbujas especulativas (Tooze, 2018). La economía global entró así en un "modo zombi" (Streeck, 2016), en el que el crecimiento se sostiene artificialmente mediante deuda, sin mejoras significativas en productividad ni bienestar social.

3. Límites energéticos y la transición bloqueada

La dimensión energética de la crisis es fundamental para comprender su persistencia. La dependencia de los combustibles fósiles no solo ha continuado, sino que se ha intensificado en contextos geopolíticos de alta tensión. A pesar del crecimiento de las energías renovables, las tasas de retorno energético de estas tecnologías son inferiores a las de los combustibles convencionales, y sus requerimientos materiales plantean serias limitaciones (Hall y Klitgaard, 2012).

El modelo de transición energética promovido por organismos multilaterales y Estados nacionales se ha visto atrapado entre la retórica del desarrollo sostenible y la lógica extractiva de la acumulación capitalista (Mitchell, 2011). Como resultado, no se ha producido una sustitución estructural de la matriz energética, sino una superposición de fuentes en un contexto de demanda creciente.

4. Crisis política y legitimidad institucional

En el plano político, la gestión de la crisis ha derivado en una creciente concentración del poder decisional en élites económicas y técnicas. La pandemia de COVID-19 reveló los límites de los sistemas democráticos para abordar crisis complejas, mostrando un sesgo autoritario en la toma de decisiones sanitarias y económicas (Agamben, 2021).

La percepción social de injusticia se ha intensificado ante la impunidad de los responsables de la crisis financiera, la regresión de derechos laborales y el deterioro de los servicios públicos (Piketty, 2020). Esto ha provocado una desafección creciente respecto a las instituciones representativas, la proliferación de discursos populistas y un vacío de alternativas sistémicas viables.

5. Conclusión: hacia una crisis civilizatoria

Las crisis financieras, energéticas y políticas no deben analizarse como eventos independientes, sino como expresiones convergentes de un agotamiento civilizatorio. El paradigma del crecimiento ilimitado en un mundo finito ha alcanzado sus límites estructurales (Meadows et al., 2004).

La crisis iniciada en 2008 no ha sido resuelta, sino desplazada, externalizada y diferida. La posibilidad de una transición ordenada hacia modelos económicos sostenibles exige una ruptura epistemológica y política con los principios fundacionales del capitalismo globalizado.

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Referencias

• Agamben, G. (2021). La pandemia como política. Madrid: Errata Naturae.

• Blyth, M. (2013). Austerity: The History of a Dangerous Idea. Oxford University Press.

• Hall, C. A. S., & Klitgaard, K. (2012). Energy and the Wealth of Nations: Understanding the Biophysical Economy. Springer.

• Harvey, D. (2010). The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. Oxford University Press.

• Latouche, S. (2007). Petit traité de la décroissance sereine. Paris: Mille et une nuits.

• Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, D. L. (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green Publishing.

• Mitchell, T. (2011). Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil. Verso Books.

• Piketty, T. (2020). Capital and Ideology. Harvard University Press.

• Streeck, W. (2016). How Will Capitalism End? Verso Books.

• Tooze, A. (2018). Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World. Viking.

No taxation without representation

 Según el artículo 134 apartados 3 y 4 de la Constitución Española, el gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

¿Qué significa “deberá presentar”? Pues precisamente eso. No hay matices. El gobierno debe presentar la Ley de Presupuestos y si no la presenta estará incumpliendo la Constitución. La “prórroga” está prevista para el caso de que los presupuestos “presentados” por el gobierno sean rechazados por las Cortes. Los constituyentes no contemplaron el supuesto de que el ejecutivo pudiese eludir la presentación del proyecto de ley, menos aún por periodos tan extensos, que en este caso abarcarán de dos a cuatro años.

El gobierno, por lo tanto, lleva dos años recaudando impuestos y aprobando gastos en virtud de una ley aprobada por una legislatura previa, un acto que, por su naturaleza, se sitúa al margen de la legalidad constitucional. Este uso prolongado de una ley presupuestaria caducada implica, de facto, la inobservancia del principio democrático que exige la renovación del consentimiento parlamentario para el ejercicio de la potestad tributaria. Dado el actual clima de polarización y el consecuente deterioro de la primacía de la ley, los ciudadanos se ven compelidos a afrontar estas exacciones fiscales, aun sabiendo que su legitimidad constitucional es cuestionable, bajo el riesgo de incurrir en sanciones por parte de la Hacienda Pública.

Siglos después de la aprobación de la Carta Magna que restringía el poder del Rey de recaudar impuestos sin el consentimiento del Parlamento, de que las cortes castellanas y aragonesas limitaran la capacidad recaudatoria del Rey y de que las colonias americanas se levantaran contra el parlamento británico al grito de ‘no taxation without representation’, el gobierno español recauda impuestos sin ni siquiera presentar una ley que los respalde.

¿Por qué pasa esto? Porque los mecanismos correctores previstos están desactivados. El Tribunal Constitucional, en su actual composición, no va a desautorizar al gobierno y la moción de censura constructiva requiere una mayoría imposible de alcanzar en estos momentos. La disolución automática, única salida posible a la actual situación, no fue prevista por los constituyentes, de manera que nos encontramos ante un bloqueo institucional que permite al gobierno incumplir la Constitución, pero que no exime a los ciudadanos de la obligación de pagar unos impuestos acordados por un parlamento que ya no existe. 

Pero todo esto no le importa a casi nadie. Mucha gente cree que lo importante es que gobiernen los ‘suyos’ y no van a poner eso en riesgo por unos presupuestos que no saben para que sirven o por una Constitución de la que la mayoría no ha oído hablar y muy pocos podrían citar algún artículo. El razonamiento anterior es aparentemente inatacable, pero eso da igual. Los partidarios del gobierno y sus detractores encontrarán argumentos en contra o a favor sin ningún problema. Y si no los encuentran pueden preguntar a alguna inteligencia artificial, que les dará una respuesta, impecablemente redactada, y con las citas y referencias que sean necesarias para sostener cualquier postura. Pero eso también dará igual porque, naturalmente, tampoco le interesará a casi nadie.