El que paga... puede seguir pidiendo.

La modificación del artículo 135 de la Constitución Española para limitar el déficit público, acordada con nocturnidad y a toda prisa por los partidos mayoritarios en este tórrido final del mes de agosto, parece más bien una pamema –acepción 3 del DRAE- destinada al consumo interno –cada medida, de las adoptadas una semana sí y otra también por el gobierno, es tanto o más inútil que la anterior pero debe, al menos, ser más espectacular- a contentar a los alemanes y también a los dichosos, evanescentes y ubicuos mercados que reclaman alguna medida que les asegure que este y sucesivos gobiernos considerarán prioritario el pago de la deuda(*). Porque y a pesar de lo que se nos está vendiendo, aquí se trata, sobre todo, de ir atendiendo los vencimientos de la deuda actual con más dinero prestado, más deuda, que sólo podrá obtenerse si el prestamista tiene razones para creer que lo recuperará, junto con el interés pactado. El déficit y la política fiscal son, en ausencia de política monetaria propia que el Euro hace ya imposible, las herramientas contracíclicas clásicas –keynesianas- pero el déficit en el que se incurre en tiempos de vacas flacas debe ser, teóricamente, al menos, enjugado cuando llegan las vacas gordas y para enjugar el déficit y pagar los correspondientes intereses es necesario que la economía crezca y para ello, naturalmente, que se disponga de la energía necesaria.

Como las cosas ya no son así y los gestores de los fondos de inversión saben mejor, por lo visto, que los gobiernos, que ya no pueden contar con el crecimiento de la economía para recuperar su dinero, fuerzan la adopción de este tipo de medidas que, al menos, servirán para justificar ante sus inversores la colocación de unos fondos que tampoco tienen otro lugar donde invertir y si el gobierno, convenientemente jaleado, al menos en esta ocasión, por la oposición se aviene a ello es, simplemente, porque no tiene la menor idea de por dónde le sopla el viento y acoge con alborozo cualquier oportunidad de hacer algo, aunque sea tan rocambolesco y aparentemente sin sentido como promover una reforma constitucional para prohibir, pero no mucho, el déficit, algo que ya prohibe, o limita, el tratado de Maastricht, a poco más de dos meses de unas elecciones generales y contra el parecer de su cabeza de lista que, haciendo de la necesidad virtud, dice ahora que, sólo así, se garantizará el estado del bienestar aunque, como se puede ver en este vídeo, con no demasiado entusiasmo.

(*) Art. 135.3
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Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.


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