Una característica de esta sociedad es la práctica imposibilidad de llegar a conclusiones generalmente aceptadas sobre un número cada vez mayor de cuestiones.
Consideremos, por ejemplo,
el caso de la financiación de la autonomía catalana, de acuerdo con el nuevo
sistema acordado por representantes del gobierno y del partido ERC. Estos
últimos sostienen, porque así conviene a sus intereses electorales, que se
trata de una singularidad que beneficiará a Cataluña y acabará con el crónico
déficit de ingresos de su hacienda. Una situación
popularizada con la consigna ‘España ens roba’, empleada frecuentemente en el
discurso independentista catalán para denunciar el déficit fiscal percibido.
Los representantes del
gobierno, en cambio, admiten que el cambio recaudatorio beneficiará a Cataluña,
pero sostienen que no se trata de una singularidad sino de un nuevo y
beneficioso modelo de cálculo, extensible a cualquier otra autonomía que lo
solicite sin que nadie resulte perjudicado y todos, se acojan a él o no, vean
mejorada su financiación.
Para los partidos de la
oposición, PP y Vox, y para la mayoría de las autonomías, exceptuadas Navarra y
el País Vasco que ya gozan de sistemas similares al que ahora se pretende
extender a Cataluña, el nuevo sistema perjudicará a la hacienda general y a la
mayoría de las haciendas autonómicas, generando una diferencia importante en
relación con la cantidad que perciben con el sistema actual.
Pero se trata, en principio,
de una cuestión computable. No debería ser difícil hacer números, cuantificar
la situación actual y evaluar la resultante de la aplicación del método
propuesto, algo que no parece que haya nadie interesado en hacer. No, al menos,
de manera consensuada. Cada cual exhibe sus números, que son los que le
conviene exhibir para sostener su particular visión. Una visión más política que económica ya que la cuestión se genera a
partir de la necesidad gubernamental de contar con el apoyo de los sectores
independentistas catalanes.
