La deuda per cápita en Cataluña en 2016, superior a los 10.000 euros, no solo triplicaba la andaluza sino que superaba en más de mil euros a la siguiente más elevada, la de la Comunidad Valenciana, a la que casi doblaba en términos absolutos. No parece razonable, ni puede atribuirse únicamente a decisiones de gasto autonómico. Cabe sospechar —sin necesidad de teorías conspirativas— que algo tiene que ver en ello el sistema de financiación, que penaliza a las comunidades que aportan más de lo que reciben y premia a las que, en términos netos, reciben sin aportar en igual medida.
Cataluña, como otras tres comunidades, es contribuyente neta. El resto, receptoras netas. El principio de solidaridad —que nadie discute como idea— se convierte en disfunción cuando se prolonga indefinidamente sin evaluar su eficacia ni sus consecuencias sociales o políticas. En este contexto, se habla a menudo de que Adolfo Suárez habría ofrecido a Tarradellas un sistema similar al cupo vasco. No hay pruebas concluyentes, pero si fue así, y si fue rechazado, no deja de ser una ironía histórica. Aunque, a decir verdad, poco importa ya: entonces no se sabía lo que vendría, y ahora ya sabemos en qué se ha traducido aquel encaje mal resuelto.
En una economía globalizada y en plena resaca de la crisis de 2008, mantener una solidaridad interterritorial desproporcionada es difícil de justificar, sobre todo para los que financian el sistema. Esa asimetría, sostenida durante décadas, ha generado frustración, y esta, con la ayuda inestimable de la torpeza política del gobierno central, ha alimentado la deriva independentista. No es el único factor, pero sí uno fundamental. La economía no explica todo, pero sin la economía no se entiende nada.
El independentismo no ha sido, necesariamente, una opción mayoritaria en origen. Lo ha sido por acumulación: de agravios, de negligencias, de desprecio institucional. Y también, seamos claros, por la astucia de una clase política catalana que, desprovista de ideas, ha encontrado en la causa nacional el último refugio para su continuidad. La coalición que impulsó el referéndum de 2017, ideológicamente incoherente y frágil, fue menos el producto de un consenso social que de un oportunismo político. Pero ese oportunismo encontró eco. Porque cuando fallan los números, cuando no hay relato inclusivo ni proyecto compartido, la secesión ya no parece tan utópica.
Aquí, como tantas veces en nuestra historia, lo que podría haberse resuelto con técnica y política ha acabado degenerando en crisis. Y no porque sea imposible resolverlo, sino porque las manos que dirigen el proceso —a un lado y otro del Ebro— rara vez están a la altura. Lo llamarán destino. Yo lo llamo incompetencia. (Reescrito en 2025 a partir de un texto original demasiado desactualizado)
