Cosas que pasan

Menuda sorpresa. Gran Scala era un timo. Bueno, sorpresa para quien quiera sorprenderse porque yo ya lo dije aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y en algún artículo de prensa que no conservo. Como el asunto siempre ha tenido el mismo aspecto, un engañabobos, lo extraordinario hubiera sido que, finalmente, hubiera devenido algo serio, si es que puede haber algo de seriedad en proyectar un engendro como el que presentaron, muy mal, por cierto, tres o cuatro tipos con aspecto de trileros, a costa del gobierno de Aragón y en su sede hace ya casi cinco años. Inexplicablemente, o quizá no tanto, los engañados han sido políticos de casi todo el espectro político aragonés. Se opusieron IU y los de la Chunta, pero habría que ver lo que hubieran hecho en caso de tener alguna responsabilidad de gobierno en el momento en que se planteó el asunto. Claro que esta no es la única historia surrealista que llega a su fin, aparente, en estos días. El procesamiento de Baltasar Garzón por supuesta vulneración del derecho de defensa en el caso de las escuchas de la trama Gurtel, ha acabado en una condena a 11 años de inhabilitación para el desempeño de la función jurisdiccional. Condena que, no por esperada, ha traumatizado menos a todo un colectivo de almas bien pensantes para las que Garzón es ahora un modelo de equidad y buen juicio. Claro que este Garzón, el Garzón que tanto le complicó la vida a Pinochet, es también el que reabrió el sumario de los Gal, nada más abandonar con manifiesta frustración el gobierno de Felipe González, sumario en el que es público y notorio que utilizó procedimientos extraordinarios, jaleados entonces por los mismos que ahora celebran su inhabilitación y con el propósito de encarcelar a algunos de los que ahora se manifiestan a su favor con el argumento, no excesivamente elaborado, de que casos similares han sido resueltos sin afectar a la carrera del juez implicado. No lo sé y la verdad es que tampoco me importa mucho. Lo siento por él, es decir, siento que lo empapelen precisamente por cuestiones relacionadas con la trama Gurtel y la represión franquista, pero este país tiene ahora otros problemas más importantes que el futuro de D. Baltasar, como, por ejemplo, la crisis que, ajena al advenimiento de un gobierno que iba a arreglarlo todo, sigue a lo suyo, destrozando empleo, cerrando empresas y justificando una vuelta de tuerca tras otra al estrangulamiento del estado del bienestar. Y mientras tanto el precio del petróleo crudo, que hace ya tiempo que no baja de los 100$/b, anda ya por los 118 por razones que puede que sean coyunturales, como quieren hacernos creer los que anuncian un día sí y otro también, desde hace cinco años, el inminente retorno al crecimiento, pero lo más probable es que algo tenga que ver el hecho de que la producción está estancada al menos desde el año 2005 y que la mayor parte del consumo sea estructural, es decir, indispensable para el mantenimiento de la estructura básica del sistema e  independiente de una hipotética recesión y no disminuya, o disminuya de manera inapreciable, por muchas industrias que se destruyan, al menos, claro, mientras haya que mantener una economía globalizada que permita alimentar a 7000M de personas y garantizar lo que aún consideramos un razonable nivel de vida para los felices habitantes del primer mundo. 

Versión suavizada por AI:

La reciente confirmación del fracaso del proyecto Gran Scala constituye una ilustración paradigmática de la fragilidad de ciertos discursos desarrollistas sostenidos por actores político-empresariales sin fundamento técnico ni viabilidad real. Desde su presentación pública, dicho proyecto evidenció características propias de una operación especulativa carente de planificación estratégica y transparencia. La implicación institucional del Gobierno de Aragón, al ceder su sede oficial para su presentación, otorgó una legitimidad inicial a una iniciativa que, en condiciones normales de análisis de riesgo, jamás habría sido considerada plausible.

Este tipo de fenómenos responde, en parte, a la lógica del populismo de crecimiento, en el que las administraciones regionales buscan activamente “proyectos-anzuelo” que prometen empleo y dinamización territorial sin garantizar sostenibilidad ni solidez inversora. Resulta significativo que gran parte del arco político aragonés diese su apoyo explícito o tácito al proyecto, con escasas excepciones. La cuestión que se plantea es si estas excepciones habrían mantenido su posición crítica de haber ostentado responsabilidades ejecutivas en ese momento. Se evidencia, así, un patrón estructural de cooptación simbólica del discurso político por parte de promotores privados carentes de solvencia demostrable.

En otro orden de cosas, la reciente inhabilitación del juez Baltasar Garzón por la causa relacionada con la vulneración del derecho de defensa en el caso Gürtel ha reabierto un intenso debate jurídico y político. La sentencia del Tribunal Supremo, que establece una sanción de once años de inhabilitación, ha generado un impacto notable, particularmente entre aquellos sectores que identifican a Garzón con una figura emblemática en la lucha contra la impunidad y la corrupción política. Sin embargo, resulta necesario recordar que el magistrado ha protagonizado, a lo largo de su carrera, actuaciones polémicas, como la reapertura del sumario sobre el caso GAL, en las que recurrió a prácticas legales no convencionales que suscitaron tanto apoyos como críticas desde diferentes posiciones ideológicas.

Este doble estándar en la valoración de su conducta judicial pone de manifiesto una profunda instrumentalización política del derecho, donde la evaluación de los procedimientos depende, más que de su adecuación normativa, de la identidad del imputado o del contexto político. En este sentido, la controversia en torno al caso Garzón refleja las tensiones no resueltas entre independencia judicial, activismo legal y legitimidad democrática.

Más allá de estos episodios concretos, el país enfrenta un desafío sistémico de mayor envergadura: la persistencia de la crisis económica, que continúa deteriorando el tejido productivo, incrementando el desempleo y justificando políticas regresivas en términos de derechos sociales y protección pública. Las expectativas generadas por el cambio de gobierno no han revertido la situación, lo cual sugiere una desconexión entre las propuestas programáticas y la realidad estructural de la economía global.

Un ejemplo ilustrativo de esta disonancia es la evolución del precio del petróleo, que, pese a los reiterados anuncios de recuperación, se mantiene por encima de los 100 dólares por barril y ha alcanzado cotas superiores a los 118. Las explicaciones que atribuyen esta tendencia a factores coyunturales resultan insatisfactorias si se considera que la producción mundial de crudo se encuentra estancada desde aproximadamente 2005. Al mismo tiempo, el consumo energético permanece esencialmente estable, dada su condición estructural: no es reducible sin afectar gravemente a las condiciones básicas de funcionamiento del sistema globalizado.

Este fenómeno plantea interrogantes fundamentales acerca de la sostenibilidad del modelo económico internacional, en la medida en que una parte considerable del consumo energético resulta imprescindible para mantener tanto el abastecimiento de bienes esenciales a una población mundial que supera los 7.000 millones de personas como los estándares de vida predominantes en las economías centrales.