viernes, 11 de octubre de 2024

Vuelva usted mañana. O pasado.

 

Estoy metido en una especie de laberinto administrativo del que no sé como salir. Para intentar obtener una resolución, basada en la normativa vigente, escribo a la Unidad de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones del Ministerio del Interior para formular una queja. Las otras dos opciones, sugerencias o felicitaciones, no me parecen, en este momento, lo más adecuado. La presentación debe hacerse a través de una página web a la que se accede identificándose con la Clave y una firma digital. Y con suerte. Pero el acceso es relativamente sencillo, la queja queda registrada y el sistema emite un justificante que descargo sin problemas.

El mismo día y el siguiente recibo un par de correos electrónicos. Uno, generado automáticamente para anunciar una respuesta o resolución en el plazo de veinte días hábiles. Otro en el que, tras notificarme la remisión de la queja, para su información, al mismo departamento donde se generó, me piden disculpas por las molestias y me dan las gracias por dirigirme al servicio y ayudarles a mejorarlo (SIC).  No obstante, y por si acaso, me facilitan un número de teléfono y la dirección postal de la inspección de servicios. El teléfono es el 91 3017722 y la dirección calle Josefa Valcárcel 28, Madrid. Aunque no estoy acostumbrado a tanta eficiencia, me dispongo a esperar, pacientemente, el transcurso del plazo indicado, pero…

Pasa un día, pasa otro, pasan 20 y pasan 10 más y la anunciada respuesta no llega…

Llamo al número indicado y no lo coge nadie. Llamo otra vez, y otra. A las 9, a las 10, a las 11, por la tarde. Y nadie contesta. Y así un día y otro…

Llamo al 060, flamante teléfono de acceso a la administración del estado. Según la web del servicio, ofrece, entre otras cosas, acceso a los servicios telefónicos del ministerio del interior. Tras dos o tres timbrazos, una grabación me pregunta que qué quiero. Menciono la Dirección General de Tráfico y me transfieren a una señora, muy amable, que se identifica someramente y me pregunta que en qué puede ayudarme. Le digo que estoy llamando a un número de la Inspección de Servicios, facilitado por ellos mismos, en el que nadie contesta. Que he llamado muchas veces, varios días y a distintas horas, sin resultado. Me dice que no tiene los teléfonos de ningún servicio. Que qué más quisiera. Que allí sólo hacen trámites. Que seguramente será más fácil para mí que para ella acceder a la DGT. Que si puede hacer algo más por mí. Le digo que no. Nos deseamos mutuamente buenos días y colgamos.

Pongo otra queja en la Unidad de Quejas. Esta vez para quejarme de que no he recibido respuesta a la queja anterior, y de que no contesta nadie en el número de teléfono habilitado por la misma administración. Firmo digitalmente la queja. Queda registrada y recojo el justificante.

Recibo inmediatamente un mensaje, generado automáticamente, anunciándo una respuesta o resolución en el plazo de 20 días hábiles. Y, naturalmente, en caso de que la respuesta no llegue puedo llamar al 91 3017722.

Llamo. Y no contesta nadie...

lunes, 7 de octubre de 2024

Catedral de Barbastro, Museo diocesano, Obispado, Ayuntamiento, Residencia de las Hermanitas de los ancianos desamparados, Escolapios, Uned, el Coso. En la esquina superior derecha el puente del Portillo y el Vero.

 


sábado, 5 de octubre de 2024

Visión crítica de la democracia

 

La democracia, entendida como un mecanismo institucional para la participación ciudadana en la toma de decisiones colectivas, es un sistema complejo que se ha convertido en un pilar fundamental en las sociedades contemporáneas. No obstante, su aplicación y evolución en el contexto actual plantea numerosas tensiones y desafíos que requieren un análisis crítico y profundo. En este ensayo se revisan las problemáticas inherentes a la democracia contemporánea, fundamentadas en la discusión de sus limitaciones y patologías, inspiradas en el análisis presentado en el documento “Anatomía patológica de una democracia (II)” de Fernando del Pino Calvo Sotelo, que ofrece una visión crítica sobre el estado de la democracia en nuestros días.

La democracia ha llegado a ser considerada, en muchos casos, no como un sistema político perfectible y en constante desarrollo, sino como una especie de dogma incuestionable. Esto contrasta con la visión original de los teóricos fundadores, quienes entendieron que, si bien la democracia representa una mejora significativa respecto de sistemas autocráticos, su eficacia depende de la existencia de límites institucionales claros que prevengan la concentración del poder y protejan los derechos de las minorías. La preocupación sobre la llamada "tiranía de la mayoría" no es un elemento nuevo, sino una advertencia recurrente desde los orígenes de la democracia liberal. James Madison, por ejemplo, la describió como “la forma más vil de gobierno”, destacando la necesidad de mecanismos que limiten el poder de las mayorías y salvaguarden las libertades individuales.

Un aspecto fundamental de la problemática democrática actual radica en la naturaleza del voto. El sufragio universal, si bien garantiza la participación masiva, no necesariamente implica decisiones informadas y racionales. En realidad, la decisión de voto suele estar influenciada por factores externos como la propaganda, el carisma de los candidatos, o la tradición familiar de votar por un partido específico. Esta frivolidad y falta de deliberación crítica pervierte el objetivo de la democracia, que debería basarse en un electorado informado y consciente de las implicaciones de sus decisiones. El fenómeno de la propaganda moderna, facilitado por tecnologías digitales, ha amplificado la capacidad de los actores políticos para manipular las percepciones públicas y canalizar emociones como el miedo, lo cual resta racionalidad al proceso de elección.

Asimismo, el problema de agencia es un componente crítico en la discusión democrática. Los representantes políticos, a menudo, priorizan sus propios intereses o los de grupos específicos por encima de los intereses generales de la población. Esta desconexión entre representantes y representados es, en gran medida, consecuencia de la asimetría informativa y de la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La negociación del gobierno español con los separatistas catalanes y vascos, mencionada en el documento base de este ensayo, ilustra cómo las decisiones políticas pueden estar más alineadas con la supervivencia de un gobierno particular que con el bienestar nacional.

El reto, entonces, no es únicamente identificar las patologías de la democracia, sino reflexionar sobre cómo reformarla y adaptarla a las realidades contemporáneas. Al igual que los avances tecnológicos obligan a reconsiderar y reformular métodos educativos y prácticas sociales, la democracia también debe evolucionar para responder a las nuevas dinámicas sociales, económicas y tecnológicas. La incorporación de la inteligencia artificial y la digitalización, por ejemplo, representan oportunidades y riesgos que deben gestionarse adecuadamente para evitar una mayor concentración del poder o la manipulación exacerbada de la opinión pública.

La legitimidad de la democracia reside, en última instancia, en su capacidad para promover el bienestar de todos los ciudadanos de manera equitativa. Para ello, es fundamental fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la separación de poderes y limitar el poder del Estado mediante mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. Adicionalmente, una democracia saludable requiere una ciudadanía educada e informada, capaz de discernir entre los argumentos válidos y la manipulación, y de participar activamente en la construcción de un sistema más justo y equitativo.

La democracia es un sistema en constante construcción que debe ser analizado y criticado para poder evolucionar y enfrentar los desafíos actuales. Lejos de idealizarla como un fin en sí mismo, debemos verla como una herramienta que, si es correctamente gestionada, puede maximizar la libertad y el bienestar colectivo. Es imperativo, entonces, repensar las instituciones democráticas, educar a la ciudadanía y fomentar una participación crítica que permita una constante adaptación del sistema a las nuevas realidades, asegurando así su efectividad y legitimidad en el siglo XXI.