Pasado, presente y futuro.

 

Hay gente, sobre todo entre los mayores de 60 años, que considera necesario comparar, desfavorablemente, lo que pasa ahora con lo que pasaba en ‘sus’ tiempos. Y es verdad que las cosas han cambiado, seguramente más de lo que en ‘sus’ tiempos habían cambiado las cosas en relación con los tiempos de sus padres o de sus abuelos. El cambio actual es claramente antropogénico y no viene impuesto por una civilización extraña en busca de recursos, como les pasó a los pueblos colonizados por europeos en el resto del mundo en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, sino por el progreso científico, cuyos efectos —sanidad, tecnología, energía— han empezado a manifestarse con claridad en el siglo XX. Este progreso ha permitido, entre otras cosas, un extraordinario crecimiento de la población, a pesar de ser el XX el siglo con mayores pérdidas humanas a causa de las guerras. Por otra parte, los cambios experimentados por nuestros padres y abuelos eran generacionales. Ahora el cambio es frenético, hasta el punto de que resulta difícil reconocer el mundo de hoy en el de hace solo diez o veinte años.

El progreso científico ha permitido también el surgimiento de una sociedad radicalmente distinta a la de la primera mitad del siglo XX. Una sociedad que difícilmente reconocerían nuestros padres y de ninguna manera nuestros abuelos. Esa fue la estructura que, en Occidente y a partir de la Segunda Guerra Mundial, construimos para ser una sociedad del bienestar. Pero esta sociedad es más difícil de comprender que el orden, casi medieval, que aún era parte integrante del paisaje en extensas áreas de Europa en la primera mitad del siglo XX. Desde entonces hasta ahora, la complejidad, y con ella el bienestar material, ha aumentado de manera inimaginable, aunque probablemente no en el sentido inicialmente previsto. No tenemos aún bases en la Luna ni parece que vayamos a establecer colonias en Marte. Y desde luego no vamos a salir del Sistema Solar en ningún futuro previsible.

Hoy ya no quedan nuevas tierras por descubrir ni recursos de los que echar mano para compensar el agotamiento de los que tenemos a nuestro alcance. No queda ‘Terra Incógnita’ que saquear. El bienestar material que ahora disfrutamos, basado en la transformación de energía útil y concentrada en inútil y dispersa, así como en la explotación de recursos minerales, forestales y agrícolas inevitablemente finitos, tiene los días contados. Algo de lo que mucha gente, sobre todo a partir de cierta edad, es ya consciente. De ahí que algunos parezcan echar de menos aquellos tiempos en los que casi todo, salvo el tiempo atmosférico, era previsible. Aunque lo previsible fuera, muchas veces, el hambre, la precariedad y el miedo. Ahora hay instalada una cierta angustia basada no tanto en la añoranza del tiempo que se fue, cuanto en la sensación de que nada de lo que ahora tenemos está garantizado. Que hemos llegado a la cima de la colina y el resto del trayecto va a ser cuesta abajo y probablemente mucho más rápido. Para la mayoría, claro, pero todo dependerá de cómo se reparta el coste. Y también de quién lo haga. Aunque sobre eso no parece haber muchas dudas.

¿Sánchez? Esa no es la cuestión.

El empobrecimiento del debate público en España ha alcanzado tal grado que parece que el único problema político relevante es si el actual presidente del gobierno continúa o no en el poder. Como si el país entero estuviera suspendido de ese detalle biográfico. Como si la decadencia o la prosperidad nacional dependieran exclusivamente de la permanencia de un hombre y no de la estructura misma del sistema político, económico y territorial.

No niego que la continuidad del Sr. Sánchez importe —le importa, desde luego, a él y a una parte del PSOE—, pero elevar esa cuestión a eje casi exclusivo del debate es una forma de irresponsabilidad colectiva. Se discute el relevo con pasión creciente, pero se evita cuidadosamente la discusión sobre el rumbo. Y eso no es casual: hablar de nombres es infinitamente más cómodo que hablar de modelos.

Mientras tanto, los problemas de fondo permanecen. No se resuelven, no se afrontan, ni siquiera se formulan con claridad. Se los tapa con cifras espectaculares, anuncios grandilocuentes y una sucesión de parches que permiten ganar tiempo político a costa de perder tiempo histórico.

El turismo es el ejemplo más obsceno de esta lógica. Celebrar ocupaciones hoteleras superiores al 90% como si fueran un indicador de éxito estructural revela hasta qué punto se ha normalizado la mediocridad. El turismo masivo no transforma la economía española: la anestesia. No mejora la productividad, no genera empleo cualificado, no fija población ni reduce desigualdades territoriales. Produce rentas rápidas, salarios bajos y dependencia crónica. Es el opio estadístico de un país que ha renunciado a pensar más allá de la temporada alta.

Algo similar ocurre con el entusiasmo casi infantil por cualquier inversión que incluya las palabras “tecnología”, “datos” o “industria”, aunque llegue sin planificación, sin integración territorial y sin evaluación de costes reales. Que Aragón se convierta en receptora de centros de datos o de fábricas desplazadas desde Asia no es, por sí mismo, una estrategia de desarrollo: puede ser exactamente lo contrario. Consumo intensivo de agua en territorios tensionados, sobrecarga de redes eléctricas ya insuficientes, empleo limitado y altamente especializado que no combate la despoblación… ¿Dónde está el beneficio estructural? ¿Dónde el proyecto?

La respuesta suele ser el silencio o el eslogan. Porque admitir que muchas de estas “soluciones” agravan los problemas exigiría algo que la política española evita con especial empeño: planificación a largo plazo, jerarquización de prioridades y aceptación de límites materiales. Mucho más sencillo es confundir crecimiento con desarrollo y volumen con solidez.

Lo verdaderamente alarmante no es que el Sr. Sánchez siga o no siga, sino que, gobierne quien gobierne, el país continúe atrapado en la misma inercia: ausencia de modelo productivo, desequilibrios territoriales crecientes y una clase política obsesionada con la supervivencia inmediata. España no fracasa por culpa de un dirigente concreto, sino por la renuncia sistemática a pensar en términos estructurales.

Reducir el futuro del país a un relevo personal no es solo un error analítico: es una coartada. Sirve para no hablar de lo esencial. Y mientras se siga aceptando ese marco, el problema no será quién manda, sino que nadie gobierna de verdad.

Más

Elecciones

Pues mira por dónde el final de año nos ha traído un nuevo ciclo electoral. Hace años que no soy un entusiasta de las elecciones. No me gusta el procedimiento y, además, soy plenamente consciente de la nula influencia que mi voto tendría en el resultado final.

Dicho así, esta afirmación suele provocar incomodidad e incluso reacciones adversas. Los creyentes en la liturgia democrática la interpretan como cinismo o, peor aún, como irresponsabilidad cívica. Pero no es ni una cosa ni la otra: es simple aritmética electoral combinada con años de observación empírica de cómo funcionan realmente las cosas.

Un voto, en una circunscripción de tamaño medio, tiene un peso estadístico ridículo. Equivale aproximadamente a nada. Se puede objetar que “si todo el mundo pensara así…”, pero resulta que no todo el mundo piensa así, de modo que el argumento es irrelevante. La participación masiva, aunque levemente decreciente, no parece estar en riesgo, el sistema se reproduce, y una papeleta más o menos no altera absolutamente nada. Es matemática elemental, no un dilema moral.

Además, está el problema de qué se elige exactamente. Las opciones vienen previamente filtradas por los aparatos de los partidos, las decisiones importantes se toman en instancias que nadie elige (Bruselas, mercados financieros, organismos técnicos), y los programas electorales son documentos deliberadamente ambiguos, diseñados para no comprometer a nadie con nada concreto. Lo que llamamos elecciones es, en buena medida, un plebiscito sobre quién administrará un marco que permanece intacto.

Pero hay algo más: ¿qué criterios guían realmente a los electores? Está claro que no se elige a los más capaces ni a los más honrados. Tampoco, en general, a los más inteligentes. Los que votan —que no son todos, ni mucho menos— eligen la lista, cerrada e inalterable, de un partido basándose en prejuicios heredados, campañas de televisión, lealtades familiares, miedos difusos o simpatías personales. Nada en ese proceso garantiza, ni remotamente, que los elegidos vayan a ser capaces de gestionar nada con un mínimo de competencia. El sistema no selecciona capacidad; selecciona adhesión, visibilidad mediática y habilidad para captar votos. Que luego algunas de esas personas resulten ser razonablemente competentes, que todo puede pasar, es, en buena medida, fruto del azar.

No niego que el ritual tenga su función. Proporciona una sensación subjetiva de participación, renueva periódicamente el personal político y permite cierta rotación de élites. Pero confundir eso con poder real del ciudadano es puro autoengaño. El sistema representativo actual se parece más a una oligarquía electiva que a cualquier otra cosa, y las elecciones son su mecanismo de legitimación, no de control.

Muchos encontrarán suficientes razones para participar en lo que se ha dado en llamar la “fiesta de la democracia” —costumbre, esperanza residual, miedo a que empeore—, y me parece respetable. Pero que nadie espere demasiado entusiasmo por un procedimiento cuya utilidad práctica resulta, siendo generoso, muy dudosa.

Enviado a ECA 26 diciembre 2025

Peak Oil vs. Peak Europa

 En marzo de 2012 escribí un texto sobre el Peak Oil cuando el Brent cotizaba a 125 dólares el barril. Advertía sobre la caída de stocks en Europa, la insostenibilidad del modelo energético y la ceguera política deliberada. Mi diagnóstico entonces era sombrío, pero aparentemente claro: la contracción de la oferta de petróleo convencional dispararía los precios y colapsaría el sistema. Trece años después, el Brent cotiza en torno a los 59 dólares. Menos de la mitad.

El error no estuvo en el diagnóstico estructural—el petróleo convencional efectivamente entró en declive terminal—sino en asumir rigidez donde hubo elasticidad. El sistema respondió de tres formas que no fui capaz de anticipar:

Primero, el fracking estadounidense actuó como colchón temporal, inundando el mercado con petróleo no convencional carísimo pero funcional mientras los precios se mantuvieron altos. Es insostenible (los pozos se agotan en 2-3 años versus 20-30 de yacimientos convencionales) pero retrasó la crisis.

Segundo, la demanda no creció como se esperaba. China desaceleró estructuralmente, Europa se empobreció, y la electrificación del transporte avanzó más rápido de lo previsto. El colapso vino por el lado de la demanda, no de la oferta.

Tercero, la OPEP perdió disciplina. La supresión de las cuotas que hasta entonces limitaban la producción generó una carrera a la baja suicida que aún mantiene los precios deprimidos pese a la escasez estructural.

El Peak Oil llegó, como se esperaba, pero su manifestación no fue la espiral inflacionaria que yo anticipaba sino algo más insidioso: una economía tan debilitada que no puede pagar ni siquiera el petróleo abundante. Precios bajos en un contexto de decadencia, no de colapso súbito. El cadáver sigue caminando.

Establecer cuáles de estos factores son coyunturales y cuáles han llegado para quedarse es ahora la pregunta clave. La electrificación del transporte parece estructural e irreversible, aunque traslada el problema energético sin resolverlo. El agotamiento del petróleo convencional también lo es. El cambio demográfico en Europa, China y Japón reduce el consumo energético de forma permanente.

Pero el fracking es un parche temporal. La indisciplina de la OPEP es geopolítica reversible. Y el estancamiento económico plantea la cuestión fundamental: ¿es coyuntural o marca el límite estructural del crecimiento?

La pregunta decisiva es si una economía de servicios de baja intensidad energética es realmente sostenible o si la supuesta "desmaterialización" es solo un espejismo. Porque una economía de servicios sigue necesitando infraestructura física, agricultura intensiva, logística y centros de datos que consumen energía de una manera brutal. Europa ha externalizado la parte intensiva en energía a China y parece pretender que eso no cuenta.

Cuando las fronteras de Europa estaban en África

Y aquí emerge el fenómeno más inquietante: Europa se comporta ya como país en desarrollo antes incluso de dejar de parecer industrializada. Hemos adoptado voluntariamente el papel de periferia extractiva.

Aragón, región no excedentaria ni en agua ni en energía, atrae fábricas de baterías chinas y centros de datos americanos. Se vende como "reindustrialización" cuando es exactamente lo contrario: asumir costes ambientales (agua escasa, presión sobre la red eléctrica) a cambio de migajas de empleo precario mientras el valor lo capturan corporaciones extranjeras. Europa importa industria sucia de otros en las mismas condiciones que históricamente impuso a su periferia colonial.

Hemos cerrado nuestra industria—costosa, regulada, sindicalizada—antes de tener alternativa, y ahora aceptamos la de otros en peores condiciones. Competimos como regiones empobrecidas ofreciendo más subsidios, más recursos naturales baratos, menos controles. Sin haber siquiera disfrutado de la bonanza que los países en desarrollo al menos tuvieron cuando sus materias primas valían algo.

La clave para entender este proceso es reconocer que las élites son globales, no nacionales. No hay "élites europeas" compitiendo con "élites chinas". Hay una élite transnacional que opera por encima de los estados, extrayendo valor donde sea más conveniente: deslocalizando fábricas europeas a China cuando convenía, trayendo fábricas chinas a Aragón cuando conviene, agotando acuíferos para centros de datos donde sea rentable.

Para esta élite, Europa no es "su casa", algo a preservar, sino un activo más a explotar. Los costes se externalizan a las poblaciones locales. Los beneficios se internalizan en paraísos fiscales. Los políticos son meros gestores locales de intereses globales, preocupados solo por mantener la franquicia electoral mientras administran el desmantelamiento.

Si las élites son globales y las poblaciones locales (cada vez más inmóviles, envejecidas, empobrecidas), no parece que haya un mecanismo democrático que pueda revertir esto. Votar a otros gestores no cambia nada si todos administran los mismos intereses. Y cualquier intento de soberanía nacional se estrella contra la realidad de que ya no controlamos ni nuestra cadena de suministro ni nuestra energía ni nuestra tecnología.

China necesita cada vez menos a Europa. Europa necesita cada vez más a China. Seguiremos siendo relevantes solo mientras podamos pagar por lo que nos venden. Nada más. Cuando no podamos pagar —cada vez fabricamos menos, el turismo tiene límites, y la IA sustituye nuestros servicios—la transición puede ser traumática.

El Peak Oil que anticipaba en 2012 se ha transformado en algo más peligroso: un Peak Europa. Y para eso no parece haber fracking a la vista.

Conversaciones en el café: Clarke, magia y tecnología

 En su ensayo de 1962 Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination, Arthur C. Clarke formuló una ley que ha sido citada hasta la saciedad:

«Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia».

La frase apareció el sábado pasado en la tertulia del Viejo Café, cuando hablábamos de inteligencia artificial, algoritmos generativos, chatbots, sistemas de recomendación, y de cómo lo que antes requería una infraestructura industrial hoy cabe en el bolsillo. Fue entonces cuando conté una anécdota doméstica, quizá insignificante, pero reveladora.

En el viejo caserón de mi abuela, la iluminación de la escalera era un pequeño rompecabezas. Tres interruptores —uno en el patio, dos en los primeros pisos— regulaban la luz. Para encenderla, todos debían estar en posición de encendido y uno solo, en la posición contraria, bastaba para apagarla. Durante años vivimos el problema con resignación, como se aceptan las cosas que "siempre han sido así".

Hasta que, leyendo un manual del Instituro, descubrí los conmutadores: una solución sencilla para una instalación con todo el cableado al descubierto. Compré el material, hice el cambio, y por fin se pudo encender o apagar la luz, desde cualquier punto. La reacción de mi abuela compensó el trabajo que me había tomado: “Esto es cosa de brujas”, dijo. Magia.

No es anecdótico que algo tan simple, al alterar el funcionamiento habitual, se viviera como hechizo. En realidad, ese tipo de experiencias revela cómo la tecnología, más que una herramienta neutral, es una forma cultural, un dispositivo simbólico.

Walter Benjamin, en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, señalaba que el desarrollo técnico disuelve el “aura” de lo tradicional, pero también produce nuevos rituales. En este caso, el ritual era encender la luz a través de una coreografía compartida. Una pequeña intervención técnica rompió el rito, y lo sustituyó por algo más racional, pero también más frío. Lo nuevo no solo resolvía un problema: también modificaba un hábito.

Marshall McLuhan diría que el medio es el mensaje: el modo en que la luz se enciende transforma la experiencia de subir una escalera. Lo técnico no es un soporte pasivo, sino un actor que reconfigura el gesto, el espacio, incluso la conversación. Y Bruno Latour iría más lejos: la tecnología no es solo un mediador, sino un agente híbrido, que participa activamente en la red de relaciones humanas y no humanas. El conmutador—un objeto banal— reordena la micro-política doméstica, redistribuye la agencia, altera los márgenes de autonomía.

La magia de Clarke no reside, por tanto, en lo inexplicable, sino en la opacidad cultural del funcionamiento técnico. Esa opacidad puede provenir de una complejidad real —como en el caso de los sistemas de IA—, pero también de una desconexión entre la técnica y la experiencia cotidiana. En este sentido, la magia no es una propiedad de la tecnología, sino una forma de ignorancia culturalmente estructurada.

Por eso me pareció relevante recuperar esta pequeña historia familiar. Porque muestra cómo la técnica no solo se impone desde Silicon Valley, sino que se instala silenciosamente en lo cotidiano, desplazando gestos, hábitos, sentidos. La cultura técnica no se limita al laboratorio ni a la pantalla; vive en los sótanos, en los enchufes, en la forma en que encendemos la luz sin pensar qué la hace posible.

Lo que para mi abuela era algo parecido a la hechicería, no era, visto hoy, sino un circuito mejor cableado que antes. Pero su exclamación —“cosa de brujas”— no era ignorancia. Era la expresión de un desajuste entre dos cosmovisiones, dos modos de entender la acción sobre el mundo. Uno ritual, cargado de sentido, aunque ineficiente; otro racional, funcional, pero quizás más solitario.

Tal vez por eso conviene no reírnos demasiado rápido de quienes ven magia donde nosotros vemos tecnología. Porque la cultura no es un epifenómeno técnico, sino una forma de estar en el mundo. Y cuando la técnica transforma lo que podemos hacer, también transforma lo que podemos imaginar. O, como decía Clarke, nos devuelve —aunque sea por un instante— la mirada maravillada del que no sabe si lo que ve es ciencia... o encantamiento.

Celtiberia Show

He visto un fragmento de la entrevista concedida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una televisión catalana. En ella reconocía, con aire visiblemente compungido, haber incumplido parte de los acuerdos alcanzados con Junts para asegurar su investidura. Prometía enmendarse y cumplirlos todos a partir de ahora.

¿Era necesaria la humillación pública del presidente del gobierno para mantener los votos de Puigdemont? ¿No hubiera bastado con una llamada o con enviar un mensajero que transmitiera en privado el arrepentimiento y el propósito de enmienda? Por lo visto, sí y no. Sí, la confesión pública, la penitencia, era necesaria. Por lo tanto no, no bastaba con una comunicación discreta.

Porque aquí no se trata solo del señor Sánchez. Es el Gobierno de España el que reconoce ante las cámaras y ante todo el país haber faltado a sus compromisos —algunos de dudoso encaje en las leyes españolas— con un fugado de la justicia, prometiendo no volver a hacerlo. No es simplemente un político haciendo el ridículo, cosa que a estas alturas tendría escasa o ninguna importancia. Es el Estado español arrodillándose a cambio de unos votos que permitan al gobierno actual llegar al final de la legislatura.

Pero Puigdemont y los siete votos de Junts que controla no son todo lo que necesita el gobierno para mantenerse en el poder. Se necesitan también los votos de ERC, Sumar, PNV y Podemos, cuyos intereses políticos están, en principio, bastante alejados de los de Junts, aunque coinciden todos en algo esencial: un gobierno débil y plenamente consciente de que perderá cualquier elección que convoque es un regalo caído del cielo. Algo de lo que no se puede prescindir, al menos no antes de haberle extraído todo el jugo posible. Y en eso están.

Lo que estamos viendo no es una negociación compleja entre formaciones diversas ni el ejercicio normal del parlamentarismo de coalición. Es una forma de gobernabilidad sostenida sobre el chantaje explícito, la cesión sin límite y una dependencia absoluta de actores que no comparten visión alguna del Estado salvo la de su utilidad como fuente de recursos y palanca de poder. La humillación pública del presidente no es un detalle anecdótico: es el protocolo que exige el sistema. La subordinación debe ser visible porque el espectáculo forma parte del precio.

Esto plantea interrogantes que van mucho más allá de la estabilidad de un gobierno concreto. Cuando la política se convierte en la gestión diaria de extorsiones múltiples, cuando quien gobierna no es quien gana elecciones sino quien mejor negocia su propia humillación, cuando el Estado se ve obligado a negociar con quienes lo desafían desde una posición de fuerza sin legitimidad, algo se ha roto en la arquitectura institucional.

No sabemos cuánto tiempo puede sostenerse esta ficción ni qué quedará cuando colapse. Pero lo que sí sabemos es que cada concesión arrancada mediante chantaje, cada humillación pública normalizada, cada límite legal difuminado en nombre de la "estabilidad", degrada un poco más la confianza en las instituciones y ensancha el espacio para soluciones que, llegado el momento, no tendrán nada que ver con la madurez democrática.

La política como representación

He recibido una foto en la que aparecen el ministro de la Presidencia, Sr. Bolaños, y el líder de la oposición, Sr. Feijóo, en agradable y distendida conversación. Aparentemente la foto ha causado el escándalo de algunas buenas gentes que creen ver en ella la imagen de una connivencia intolerable o de un compadreo falaz. Algo que desmiente el pretendido rigor y la aparente hostilidad de sus enfrentamientos públicos.

Pero es que los políticos no se enfrentan entre ellos porque se odien realmente —aunque es probable que, en muchos casos, no se soporten, especialmente dentro del mismo partido—, sino porque interpretan el espectáculo que la ciudadanía espera ver. En el fondo, actúan como si ese enfrentamiento formara parte de sus obligaciones: una coreografía de la confrontación que da sentido a su rol público.

A pesar de las acusaciones cruzadas —en las que se imputan mutuamente ineptitud, malas intenciones e incluso delitos que llevarían a cualquier ciudadano común a prisión durante años—, todos ellos son plenamente conscientes de que se necesitan los unos a los otros. Saben que forman parte de la misma troupe, y que la representación solo resulta creíble si participan todos los actores, y se cubren todos los papeles previstos en el guion.

Por eso, cuando organizan comisiones de investigación o formulan denuncias desde la tribuna parlamentaria o los medios de comunicación —normalmente escritas por otros y como parte del mismo guion—, no lo hacen tanto en busca de la verdad como para ofrecer a sus respectivos públicos la dosis de enfrentamiento que necesitan. Una audiencia que finge escandalizarse cuando el denostado es del bando contrario, pero que guarda silencio —o lo justifica todo— cuando el señalado pertenece a los suyos. Porque todos, en definitiva, participan en un juego cuyas reglas fingen ignorar.

El problema, con esta escenografía, es que finalmente terminen todos, actores y público, por creerse los papeles que les han tocado en suerte, tomen la parte por el todo y confundan el escenario con el mundo real. Que el fin último de la política, que es, o debería ser, la organización justa y eficaz de la vida en común, se transmute en un interminable conflicto para conseguir y mantener el poder. Un conflicto que tiene el potencial necesario para acabar mal, muy mal o, no sería la primera vez, a bofetadas. O a tiros.

¿Colapso o reconfiguración?

¿Por qué hay tanta gente que cree ahora que todo se está desmoronando? ¿Por qué la incompetencia en política es hoy la norma y no la excepción? ¿Por qué este clima de cierre, de final de ciclo, cuando apenas cruzamos el primer cuarto de un siglo que parecía tan prometedor? ¿Y por qué, si en realidad nunca se ha vivido mejor se extiende la idea de que esto no puede durar mucho más? Y, sobre todo, ¿Por qué tantos gobiernos europeos consideran ahora plausible una guerra generalizada en un futuro inmediato?

Hay, al menos, dos hipótesis posibles —y no necesariamente excluyentes— para interpretar el momento presente. La primera es que esta civilización ha entrado en una fase avanzada de colapso sistémico. La segunda que nos encontramos en medio de una transformación estructural acelerada, gestionada por formas de poder difusas y reforzada por desigualdades crecientes en el acceso a la información, los recursos y la toma de decisiones.

La hipótesis del colapso se justifica por una constatación histórica y ecológica: los sistemas complejos, cuando alcanzan niveles excesivos de rigidez, interdependencia y sobreexplotación del entorno, tienden al deterioro, provocado, según Joseph Tainter, por “la disminución del rendimiento marginal de la complejidad”. Es decir, que su inevitable incremento ya no resuelve problemas, sino que los agrava. Ejemplos como el Imperio romano, la civilización mesopotámica o los mayas ilustran cómo la pérdida de legitimidad institucional, el aumento de la desigualdad y la incapacidad de adaptación desencadenaron desenlaces críticos.

Desde esta perspectiva, fenómenos como el progresivo deterioro de los servicios sanitarios locales, la crisis energética —de la que el apagón generalizado del 28 de abril, aún sin explicación, es solo un aviso—, el descrédito de las instituciones democráticas, evidenciado por el intercambio permanente de descalificaciones entre representantes políticos, o la devastación ambiental reflejada en incendios e inundaciones cada vez más violentos e  incontrolables y en la deficiente respuesta gubernamental a esos fenómenos no serían anomalías, sino síntomas tangibles de una civilización en fase de agotamiento.

Pero hay también otra lectura, complementaria, que sugiere que algunas de estas tensiones están siendo gestionadas —aunque no necesariamente provocadas— para facilitar transformaciones de fondo. No se trata de postular conspiraciones, sino de admitir que ciertos mecanismos de gobierno operan al margen del debate público. Es lo que Naomi Klein definió como “la estrategia del shock”: aprovechar momentos de crisis para imponer reformas estructurales difíciles de justificar en condiciones de normalidad. Aunque su análisis se centra en el neoliberalismo contemporáneo, la historia muestra que ciertos acontecimientos traumáticos —como la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial o el colapso económico en Alemania tras el Tratado de Versalles y el crack del 29— generaron vacíos de legitimidad que facilitaron el ascenso de formas autoritarias de gobierno. No fueron estrategias deliberadas, pero sí ejemplos de cómo el desorden puede allanar el camino a transformaciones profundas sin participación democrática.

En contextos de crisis prolongada como el actual, es común atribuir el deterioro institucional y social a la mediocridad, la incompetencia y la corrupción de quienes ocupan posiciones de poder. Sin embargo, esta lectura personalista —aunque emocionalmente comprensible— resulta insuficiente si se quiere comprender la magnitud de los procesos en curso. La persistencia y ubicuidad de políticos ineficaces, ignorantes y abiertamente corruptos no es necesariamente un fallo del sistema sino, a veces, una manifestación coherente con su lógica de funcionamiento en fase de disolución o reconfiguración. En estructuras dominadas por incentivos perversos, opacidad decisoria y deslegitimación ciudadana, la mediocridad y el oportunismo no son disfunciones: son adaptaciones. La falta de visión estratégica, la polarización estéril y la incapacidad de generar horizontes colectivos pueden interpretarse, entonces, no como anomalías individuales, sino como síntomas de una arquitectura institucional que ha dejado de premiar la competencia, la responsabilidad o la deliberación democrática.

Esto no significa que los individuos no tengan responsabilidad moral, política e incluso penal. Pero sí implica reconocer que los sistemas sociales tienden a producir, seleccionar y estabilizar los perfiles que mejor se adaptan a cada fase histórica. En un entorno donde el desorden es útil para transformar sin consensos, la figura del gestor cínico, el tecnócrata opaco o el populista ruidoso cumple funciones específicas dentro del ecosistema en crisis. Son expresiones de una racionalidad adaptativa, aunque totalmente disfuncional desde el punto de vista del interés colectivo.

El reto, entonces, es intentar identificar las fuerzas que están actuando mientras el sistema se descompone o se transforma. Porque si la crisis no es un accidente sino una herramienta, y si la ineficiencia es funcional al desorden, entonces lo que está en juego no es la restauración del orden anterior, que ya no parece posible y quizá tampoco sea deseable, sino la disputa por lo que vendrá. La pregunta no es si volveremos a la normalidad, sino qué tipo de orden emergerá del caos actual.

Enviado a ECA 28 nov. 2025

Pleitos tengas... y los ganes (de una vieja maldición popular)

En junio de 2022 compré un triciclo motorizado que tenía, y tiene, las características que exige el reglamento general de vehículos para ser considerado un vehículo para personas con movilidad reducida. La DGT emitió, a petición mía, un informe en el que se dice que el vehículo en cuestión 'puede' ser considerado un ciclomotor de tres ruedas o un vehículo para personas con movilidad reducida. El jefe de la policía municipal en el momento de la compra vio el vehículo y no apreció ningún problema en que recibiera tratamiento similar a una silla de ruedas a pesar de que su aspecto, no su velocidad ni su peso, era el de un ciclomotor de tres ruedas, similar, por otra parte, a los Scooter de tres y cuatro ruedas que utilizan las personas con problemas de movilidad.

Después de un año utilizándolo sin problemas, y ya con un nuevo jefe en la policía municipal, un agente me impuso una sanción de 500€ por circular sin ‘autorización administrativa’. Todos los intentos de solucionar el problema por vía administrativa, —a través del alcalde y el delegado del gobierno en Aragón, que inicialmente parecieron escandalizarse, de la subdelegación del gobierno en Huesca, de la DGT central y del defensor del pueblo—, se sustanciaron sin éxito: todos acabaron en la jefatura de Huesca de la DGT, poniendo de manifiesto la absurda circularidad y tautología de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. No quedó otra salida que interponer un recurso contencioso administrativo, formalmente contra la imposición de sanción, pero, sobre todo, para intentar aclarar la situación del vehículo.

El recurso ha sido desestimado —tras una sorprendente, y en mi opinión, extemporánea, invitación a negociar por parte del tribunal— en una sentencia que incluye argumentos como que hay que tenerse en pie para subir al vehículo o que no he podido demostrar que haya sido construido ‘específicamente’ para personas con discapacidad. El certificado del fabricante no ha sido, por lo visto, tenido en cuenta o considerado suficiente para probar ese extremo. La sentencia no es recurrible —500€ les parece poca cuantía— pero como es la primera vez que el tribunal ve un asunto como este, no ha habido condena en costas. Algo es algo.

En fin. Felicidades al ayuntamiento de Barbastro que impuso la sanción y a la DGT de Huesca que rechazó todos los recursos presentados y tuvo desde el principio una posición clara y beligerante. No sé qué haré ahora. Quizá lo matricule y salga a la carretera, con un artefacto que no supera los 25 km/h y cuya potencia apenas alcanza la de una batería de cocina. Como cualquier otra silla de ruedas. A ver hasta donde llego. O quizá se lo regale al ayuntamiento o a Cáritas. Después de todo andar un poco, mientras se pueda, previene la sarcopenia y además ya estoy harto de este asunto.

En todo caso, y aunque el resultado, visto en perspectiva, era probablemente previsible, había que intentarlo. Allanarse ante las arbitrariedades conduce a la frustración y la melancolía.

Política municipal y libertad de expresión

La última vez que vi la grabación de un pleno municipal, hace unos meses, el alcalde estaba reprendiendo a una concejala de la oposición por no atenerse al orden del día. De hecho, llegó a expulsarla por insistir en su desbarre discursivo y la concejala no tuvo más remedio que abandonar la sala, aunque la situación se recondujo poco después.

Ayer vi el fragmento de una sesión reciente en el que, mira que casualidad, el alcalde volvía a dirigirse a la misma concejala para rogarle  que se ciñera a la cuestión que se estaba debatiendo. En esta ocasión la concejala en cuestión desistió de llevar la polémica más lejos y terminó su intervención, pero eso no evitó que la portavoz del partido popular le acusara de ‘falta de respeto’, ‘provocación’ y algo más que no recuerdo. Tanto la portavoz como el alcalde insistieron en que se atuviera al procedimiento que, por lo que me pareció entender, incluye solicitar audiencia al concejal afectado por las críticas de la edil, dirigirse a la comisión de gobierno o pedir la inclusión de su tema en el siguiente pleno. Cualquier cosa, por lo visto, antes que apartarse del objeto del debate.

Utilizar el reglamento, o una interpretación sui generis del reglamento, como instrumento de control político no es una buena idea. En mi opinión, un concejal en el uso de la palabra no debería ser interrumpido, mientras intervenga con el tono y la corrección adecuados, salvo que se exceda en el tiempo establecido o utilice técnicas de filibusterismo parlamentario para impedir o dificultar el normal desarrollo de una sesión. Si se aparta del tema o utiliza argumentos débiles o equivocados en defensa de su postura es su problema, no el del alcalde o su equipo, La política local ya tiene bastantes problemas de amateurismo e improvisación como para restringir el uso de la palabra en el lugar establecido, precisamente, para hacer uso de ella. Enriquecer el debate no pasa, desde luego, por coartarlo.

Crisis sistémica y reorganización del capitalismo global (2008–2025)

Una revisión actualizada de la entrada del jueves, 14 de enero de 2010:  Reflexiones, desordenadas, sobre el ¿final? de la crisis. Formato y fuentes con la colaboración de Claude.ai.

Abstract

En esta entrada se analiza la crisis financiera global iniciada en 2008 como el inicio de una fase de dislocación estructural del capitalismo tardío. Se argumenta que, lejos de ser superada, esta crisis ha mutado en un proceso multidimensional de carácter sistémico que se ha manifestado en los ámbitos financiero, energético, climático y político. A través de una lectura intersistémica, se examinan las lógicas de acumulación financiera, los límites biofísicos de la transición energética, el papel de los Estados en la gestión del riesgo y la progresiva erosín de la legitimidad institucional. El artículo se inscribe en el debate contemporáneo sobre la sostenibilidad del orden económico global y la posibilidad de un giro civilizatorio.

1. Introducción

La crisis financiera de 2008 fue inicialmente interpretada como un colapso del sector hipotecario estadounidense, con efectos sobre el sistema bancario global. Sin embargo, sus consecuencias de largo plazo revelan una patología más profunda: el agotamiento de un modelo de acumulación basado en la financiarización de la economía, la explotación ilimitada de recursos naturales y la promesa de crecimiento permanente (Harvey, 2010; Latouche, 2007).

A partir de una perspectiva crítica interdisciplinar, este artículo sostiene que la crisis iniciada en 2008 no ha sido superada, sino que ha mutado en una condición de crisis permanente, marcada por desequilibrios estructurales y crisis de gobernanza.

2. Crisis financiera y continuidades estructurales

La respuesta política a la crisis de 2008 estuvo marcada por el rescate de grandes instituciones financieras mediante políticas monetarias expansivas, tipos de interés cercanos a cero y programas de adquisición de activos por parte de bancos centrales (Blyth, 2013). Aunque se evitó un colapso inmediato del sistema, se consolidó una dinámica de dependencia del capital especulativo respecto a las intervenciones estatales.

Este proceso aceleró la desconexión entre la economía financiera y la economía productiva, generando nuevas burbujas especulativas (Tooze, 2018). La economía global entró así en un "modo zombi" (Streeck, 2016), en el que el crecimiento se sostiene artificialmente mediante deuda, sin mejoras significativas en productividad ni bienestar social.

3. Límites energéticos y la transición bloqueada

La dimensión energética de la crisis es fundamental para comprender su persistencia. La dependencia de los combustibles fósiles no solo ha continuado, sino que se ha intensificado en contextos geopolíticos de alta tensión. A pesar del crecimiento de las energías renovables, las tasas de retorno energético de estas tecnologías son inferiores a las de los combustibles convencionales, y sus requerimientos materiales plantean serias limitaciones (Hall y Klitgaard, 2012).

El modelo de transición energética promovido por organismos multilaterales y Estados nacionales se ha visto atrapado entre la retórica del desarrollo sostenible y la lógica extractiva de la acumulación capitalista (Mitchell, 2011). Como resultado, no se ha producido una sustitución estructural de la matriz energética, sino una superposición de fuentes en un contexto de demanda creciente.

4. Crisis política y legitimidad institucional

En el plano político, la gestión de la crisis ha derivado en una creciente concentración del poder decisional en élites económicas y técnicas. La pandemia de COVID-19 reveló los límites de los sistemas democráticos para abordar crisis complejas, mostrando un sesgo autoritario en la toma de decisiones sanitarias y económicas (Agamben, 2021).

La percepción social de injusticia se ha intensificado ante la impunidad de los responsables de la crisis financiera, la regresión de derechos laborales y el deterioro de los servicios públicos (Piketty, 2020). Esto ha provocado una desafección creciente respecto a las instituciones representativas, la proliferación de discursos populistas y un vacío de alternativas sistémicas viables.

5. Conclusión: hacia una crisis civilizatoria

Las crisis financieras, energéticas y políticas no deben analizarse como eventos independientes, sino como expresiones convergentes de un agotamiento civilizatorio. El paradigma del crecimiento ilimitado en un mundo finito ha alcanzado sus límites estructurales (Meadows et al., 2004).

La crisis iniciada en 2008 no ha sido resuelta, sino desplazada, externalizada y diferida. La posibilidad de una transición ordenada hacia modelos económicos sostenibles exige una ruptura epistemológica y política con los principios fundacionales del capitalismo globalizado.

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Referencias

• Agamben, G. (2021). La pandemia como política. Madrid: Errata Naturae.

• Blyth, M. (2013). Austerity: The History of a Dangerous Idea. Oxford University Press.

• Hall, C. A. S., & Klitgaard, K. (2012). Energy and the Wealth of Nations: Understanding the Biophysical Economy. Springer.

• Harvey, D. (2010). The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. Oxford University Press.

• Latouche, S. (2007). Petit traité de la décroissance sereine. Paris: Mille et une nuits.

• Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, D. L. (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green Publishing.

• Mitchell, T. (2011). Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil. Verso Books.

• Piketty, T. (2020). Capital and Ideology. Harvard University Press.

• Streeck, W. (2016). How Will Capitalism End? Verso Books.

• Tooze, A. (2018). Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World. Viking.

No taxation without representation

 Según el artículo 134 apartados 3 y 4 de la Constitución Española, el gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

¿Qué significa “deberá presentar”? Pues precisamente eso. No hay matices. El gobierno debe presentar la Ley de Presupuestos y si no la presenta estará incumpliendo la Constitución. La “prórroga” está prevista para el caso de que los presupuestos “presentados” por el gobierno sean rechazados por las Cortes. Los constituyentes no contemplaron el supuesto de que el ejecutivo pudiese eludir la presentación del proyecto de ley, menos aún por periodos tan extensos, que en este caso abarcarán de dos a cuatro años.

El gobierno, por lo tanto, lleva dos años recaudando impuestos y aprobando gastos en virtud de una ley aprobada por una legislatura previa, un acto que, por su naturaleza, se sitúa al margen de la legalidad constitucional. Este uso prolongado de una ley presupuestaria caducada implica, de facto, la inobservancia del principio democrático que exige la renovación del consentimiento parlamentario para el ejercicio de la potestad tributaria. Dado el actual clima de polarización y el consecuente deterioro de la primacía de la ley, los ciudadanos se ven compelidos a afrontar estas exacciones fiscales, aun sabiendo que su legitimidad constitucional es cuestionable, bajo el riesgo de incurrir en sanciones por parte de la Hacienda Pública.

Siglos después de la aprobación de la Carta Magna que restringía el poder del Rey de recaudar impuestos sin el consentimiento del Parlamento, de que las cortes castellanas y aragonesas limitaran la capacidad recaudatoria del Rey y de que las colonias americanas se levantaran contra el parlamento británico al grito de ‘no taxation without representation’, el gobierno español recauda impuestos sin ni siquiera presentar una ley que los respalde.

¿Por qué pasa esto? Porque los mecanismos correctores previstos están desactivados. El Tribunal Constitucional, en su actual composición, no va a desautorizar al gobierno y la moción de censura constructiva requiere una mayoría imposible de alcanzar en estos momentos. La disolución automática, única salida posible a la actual situación, no fue prevista por los constituyentes, de manera que nos encontramos ante un bloqueo institucional que permite al gobierno incumplir la Constitución, pero que no exime a los ciudadanos de la obligación de pagar unos impuestos acordados por un parlamento que ya no existe. 

Pero todo esto no le importa a casi nadie. Mucha gente cree que lo importante es que gobiernen los ‘suyos’ y no van a poner eso en riesgo por unos presupuestos que no saben para que sirven o por una Constitución de la que la mayoría no ha oído hablar y muy pocos podrían citar algún artículo. El razonamiento anterior es aparentemente inatacable, pero eso da igual. Los partidarios del gobierno y sus detractores encontrarán argumentos en contra o a favor sin ningún problema. Y si no los encuentran pueden preguntar a alguna inteligencia artificial, que les dará una respuesta, impecablemente redactada, y con las citas y referencias que sean necesarias para sostener cualquier postura. Pero eso también dará igual porque, naturalmente, tampoco le interesará a casi nadie.

Conversaciones en el Café: Inteligencia artificial y capitalismo en el siglo XXI

En la mesa más apartada del viejo café discutíamos acerca de la viabilidad del modelo capitalista de sociedad, el único, dije al introducir el tema, que ha sobrevivido al convulso siglo XX. Alguien aventuró que el modelo chino también lo había hecho y de forma espectacular, para admitir, después de una breve disputa, que China es un país tan capitalista como Estados Unidos. Su economía funciona con lógica de mercado, aunque el país esté gobernado por un régimen de partido único que mantiene, por conveniencia política, la etiqueta comunista.

Un elemento clave del modelo en la actualidad es la omnipresencia de las redes sociales, cuya influencia podría matizarse —o intensificarse— con la eclosión de la inteligencia artificial generativa (IAG) que, se quiera o no, ya forma parte del debate. Además, dijo otro, las redes sociales, aunque hay quien las considera una alternativa política a los actuales sistemas de representación, son sobre todo recursos del sistema. Tanto es así, convine, que su supervivencia está condicionada a su rentabilidad económica y, en el caso de la IAG, a su consolidación como herramienta insustituible mediante la creación y mantenimiento de un público cautivo.

A alguien le pareció sorprendente la velocidad con la que se está produciendo la penetración de la IA, que no tiene comparación, dijo, con la de cualquier otra herramienta informática desplegada hasta la fecha. Eso puede atribuirse, convinimos, a que se trata de una tecnología cuya principal característica no es la inteligencia —algo que ya exhibían, desde hace tiempo, los sistemas dedicados al análisis de datos y la toma de decisiones en el ámbito industrial— sino el hecho de que habla y es, por tanto, capaz de comunicarse, en lenguaje natural y con fluidez, con cualquiera, independientemente de su formación, ideología o idioma.

Después se mencionó que hoy compiten más de veinte modelos de IAG por la captación de ese mercado cautivo. El procedimiento para imponerse, salvo por cuestiones de escala, accesibilidad y precio, podría ser similar al que utilizó Microsoft en los 80 y 90 para imponer primero DOS y luego Windows: una suscripción gratuita, complementada con mejoras considerables para los usuarios de pago, que acaba generando una dependencia creciente, capaz de enganchar y moldear el pensamiento de un público cada vez más amplio.

Claro que, se dijo, Windows y DOS eran, comparativamente, inofensivos. Su precio y su costo operacional eran muy inferiores y siempre existía la posibilidad —más bien la obligación— de tener una copia local a la que recurrir. Con la IA eso no existe. La infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar un modelo está al alcance de unas pocas grandes empresas. Las excepciones —como Llama o Mistral— existen, pero sus resultados son limitados. Con Windows uno tenía la aplicación. Ahora sólo tiene el acceso y no hay copia local a la que volver si tu proveedor corta el acceso al sistema. Windows era, en alguna medida, prescindible. En los años 80 una máquina de escribir y una calculadora podían salvarte el día. La IA generativa no tendrá alternativa en un futuro previsible y está contribuyendo, como pocas antes, a la expansión del poder corporativo de algunas empresas tecnológicas.

Finalmente convinimos en que la combinación de las redes sociales con la posibilidad que ofrece la IAG de asumir el papel de un erudito siendo un imbécil, o de crear con poco esfuerzo imágenes y sonidos que representen situaciones creíbles ha llevado nuestro gastado sistema y su representación virtual a los límites de la realidad. Posiblemente los haya sobrepasado con creces, y la ficción domine ya el escenario, pero el poder del dinero —el capital— real o imaginario, sigue siendo la clave de bóveda de todo el sistema.

Hablando, hablando, nos dieron las ocho de la tarde. Al salir pagamos con el móvil.

Enviado a ECA 31oct2025

El Inquilino (1957)

Tiempos (no tan) pasados

 

Desde la Ilustración hasta hoy

Imagen generada por AI

Durante los siglos XVIII y XIX, la ciencia fue, ante todo, una empresa del espíritu. Su meta no era inmediata ni comercial, sino intelectual y moral: comprender el orden del mundo y con ello mejorar la condición humana. Los científicos de la Ilustración se movían entre el laboratorio y la filosofía; querían entender antes que explotar. La ciencia, en aquel contexto, era una forma de emancipación: un modo de liberar a la razón del dogma y a la sociedad de la ignorancia.

Newton, Lavoisier, Faraday o Darwin no trabajaban ajenos al poder económico. Muy al contrario, dependían de él. Los príncipes ilustrados, las academias reales o las sociedades científicas fueron mecanismos de mecenazgo que canalizaban riqueza hacia el conocimiento. Pero lo hacían con una finalidad distinta de la actual: buscaban prestigio, progreso y orden, no rentabilidad directa. El dinero servía al saber; no lo gobernaba. La utilidad era una consecuencia natural de la comprensión, no su condición previa.

Con el siglo XX se produjo una inflexión silenciosa. La ciencia se profesionalizó y se integró en los grandes sistemas industriales, militares y estatales. La Segunda Guerra Mundial, la carrera nuclear y la expansión tecnológica transformaron el ideal del sabio en el del ingeniero del poder. El laboratorio pasó a ser parte de la infraestructura nacional, y el científico, un especialista al servicio de objetivos estratégicos. Desde entonces, el saber comenzó a medirse en términos de eficacia, y el progreso dejó de ser una convicción moral para convertirse en un cálculo económico.

Hoy esa tendencia alcanza su culminación. La ciencia contemporánea, absorbida por la lógica del mercado, ya no se mide por su verdad, sino por su rendimiento. Los proyectos deben justificar su existencia mediante retornos previsibles; los laboratorios compiten por financiación; las universidades adoptan métricas empresariales; y las grandes corporaciones tecnológicas monopolizan los medios y los fines de la investigación. En este contexto, la curiosidad libre —motor clásico del descubrimiento— se ve sustituida por la exigencia de aplicabilidad inmediata.

La Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica son símbolos perfectos de esta metamorfosis. La primera progresa a una velocidad dictada por el capital de riesgo, más que por el rigor epistemológico; la segunda se celebra como promesa de un poder de cálculo todavía inexistente, pero financieramente rentable en su sola expectativa. Ambas encarnan el paso de la ciencia como búsqueda de razones a la ciencia como instrumento de inversión.

Esto no significa que el conocimiento actual carezca de mérito: nunca se ha investigado con tanto talento ni con herramientas tan formidables. Pero el orden de las finalidades se ha invertido. El dinero, que antes sostenía la ciencia, hoy la dirige. El resultado es un saber más poderoso, pero también más dependiente y menos consciente de su propio sentido. La pregunta fundamental —¿por qué? — ha sido reemplazada por otra más inmediata —¿para qué sirve? —.

En esa deriva, la ciencia corre el riesgo de perder no solo su inocencia, sino su legitimidad moral. Cuando la verdad deja de ser un fin y se convierte en un subproducto del beneficio, el conocimiento se degrada en herramienta. Y el asombro, que era su origen, se sustituye por la estrategia.

Quizá haya llegado el momento de reconciliar la ciencia con el espíritu que la hizo nacer: una curiosidad guiada por la razón y no por el rédito, consciente de sus límites, pero libre en sus preguntas. Porque si la ciencia deja de buscar las razones de las cosas para perseguir únicamente el rendimiento, habrá renunciado, no solo a la verdad, sino a su propia razón de ser. 

Palomas en el hospital

 

El viernes pasado, más de un millar de personas se congregaron frente al Hospital de Barbastro en el marco de una plataforma ciudadana promovida por profesionales de la sanidad pública. La finalidad de dicha plataforma era manifestar su preocupación por la situación del centro hospitalario y reclamar medidas estructurales que permitan revertir su progresivo deterioro. Entre los asistentes se encontraban diversas autoridades locales y provinciales, incluyendo los alcaldes de Barbastro y Monzón, este último también presidente de la Diputación de Huesca. No obstante, la presencia de los responsables políticos fue presentada por ellos mismos como una participación estrictamente “ciudadana”, ajena a su papel institucional.

Este distanciamiento simbólico, si bien comprensible desde una óptica de prudencia política, resulta problemático en términos democráticos: revela una preocupante disociación entre representación política y responsabilidad efectiva. La ciudadanía convocada, al igual que sus representantes, se enfrentaba a un conflicto de carácter estructural que afecta no solo al sistema sanitario, sino al conjunto del tejido urbano y social de Barbastro.

El problema, en su formulación esencial, radica en la incapacidad de la ciudad y de su infraestructura para retener y atraer profesionales sanitarios. Las condiciones laborales y vitales que ofrece la ciudad resultan poco competitivas frente a otras ciudades hospitalarias, como Huesca o Zaragoza, o incluso frente a oportunidades en el extranjero. Este fenómeno, lejos de ser exclusivo del ámbito sanitario, responde a un proceso más amplio de descapitalización humana y funcional de las ciudades medias en la periferia del sistema urbano nacional.

Diversos indicadores apuntan a una pérdida sostenida de atractivo. El cierre continuado del comercio tradicional, la escasez o inadecuación del parque de viviendas, el deterioro del espacio público y la escasez de perspectivas laborales para las generaciones jóvenes configuran un panorama desalentador. A ello se suma un fenómeno simbólicamente revelador: la ocupación progresiva del centro urbano por colonias de palomas, que anidan en edificios abandonados y convierten las calles en espacios degradados, a la vez física y socialmente. Esta imagen, más allá de su valor simbólico, constituye una metáfora elocuente de la decadencia orgánica de ciertos espacios urbanos a los que el abandono está despojando de la vitalidad que en su día tuvieron.

La inercia institucional contribuye a agravar esta situación. Iniciativas orientadas a la recuperación del patrimonio inmobiliario o a la reactivación del tejido educativo y cultural —como la proyectada ampliación del centro de la UNED— no han contado con el impulso político ni con las facilidades administrativas que sí se observan en otras ciudades del entorno. El abandono de dichos proyectos refleja una lógica de mantenimiento pasivo contraria a cualquier planificación estratégica a largo plazo.

Pese a este panorama, la reciente movilización ciudadana frente al hospital constituye un indicio esperanzador. La presión social, especialmente en periodos preelectorales, conserva aún capacidad para activar mecanismos institucionales que, en contextos de menor visibilidad, permanecen bloqueados por la lentitud burocrática y la hipertrofia administrativa.

Sin embargo, es necesario reflexionar sobre un aspecto paradójico de esta movilización: su pretensión explícita de desvinculación respecto de cualquier partido político. Esta postura, aunque legítima y comprensible ante la creciente desafección ciudadana hacia las formaciones políticas, puede ser leída también como un síntoma de la fragilidad de la cultura democrática contemporánea. La renuncia simultánea de la ciudadanía organizada y de sus representantes políticos a actuar como tales cuestiona el principio mismo de la representación como mecanismo de articulación entre voluntad popular y acción pública.

Cabe recordar que el origen del Hospital de Barbastro se remonta a una movilización popular acontecida tras un trágico accidente en la década de 1970. Aquella demanda colectiva, expresada mediante pancartas que reclamaban un hospital comarcal en Barbastro o en Monzón, refleja una tradición de acción política desde la base que hoy resurge, aunque en condiciones mucho más complejas. La historia posterior, marcada por tensiones locales sobre la ubicación del centro, ilustra además cómo los logros colectivos pueden derivar en disputas territoriales cuando falta una visión integradora de lo público.

En conclusión, el caso del Hospital de Barbastro es revelador de una problemática más amplia que afecta a muchas ciudades intermedias: la pérdida progresiva de su papel funcional, la debilidad institucional, el declive de los servicios públicos y la desconexión entre ciudadanía y representación política. Afrontar este desafío exige no solo voluntad política e inversión, sino también una reconstrucción del vínculo cívico que permita resignificar lo público como espacio de vida y futuro compartidos.

Intoxicación y teoría del caos.

 El reciente episodio de intoxicación alimentaria en el Festival del Vino que ha afectado a cerca de 500 personas y ha interrumpido abruptamente una trayectoria de más de 25 años sin incidentes puede interpretarse como un caso paradigmático de lo que en matemáticas y física se conoce como teoría del caos.

La teoría del caos estudia sistemas dinámicos no lineales en los que las trayectorias a largo plazo dependen de manera muy sensible de las condiciones iniciales. A primera vista, un festival enológico no parece comparable a un sistema meteorológico o a un modelo poblacional; sin embargo, su funcionamiento también depende de un entramado de variables interrelacionadas: la logística, la cadena alimentaria, la climatología, el comportamiento de los asistentes y la percepción pública. Durante un cuarto de siglo, estas variables se han mantenido dentro de un rango de estabilidad que producía el mismo resultado: un festival de éxito y aceptación creciente.

Edward Lorenz formuló en los años sesenta la idea del efecto mariposa: una mínima variación en el estado inicial de un sistema caótico puede producir una evolución radicalmente distinta a largo plazo. En el caso del festival, el “aleteo” ha sido una contaminación en un producto aparentemente secundario —el tomate— y en los utensilios para manipularlo. Este detalle, insignificante frente a la magnitud del evento, desencadenó un colapso puntual susceptible de minar la confianza del público y de comprometer la continuidad del evento.

Los sistemas caóticos se caracterizan por su no linealidad: el efecto no es proporcional a la causa. La contaminación no afectó a todo el festival, pero es susceptible de producir un daño notable a su imagen y funcionamiento. Matemáticamente, podríamos hablar de un sistema que opera en el borde de la estabilidad: pequeñas perturbaciones superan ciertos umbrales críticos y conducen a bifurcaciones que transforman la dinámica global.

En el lenguaje del caos, el festival había encontrado durante 25 años un atractor estable: un conjunto de condiciones sociales, culturales y económicas que reproducían el éxito año tras año. El incidente de 2025 puede interpretarse como una perturbación que expulsa al sistema de ese atractor, obligándolo a buscar una nueva trayectoria. Tal vez se recupere —con mayor control sanitario y protocolos de confianza— o tal vez derive en una pérdida de reputación que reduzca la asistencia en futuras ediciones. El punto crucial es que, a partir de una mínima variación, el sistema ya no evoluciona de la misma manera.

El caso del Festival del Vino no es solo anecdótico. Nos recuerda que la estabilidad social e institucional es siempre provisional, y que los sistemas complejos —ya sean festivales, economías o ecosistemas— están sujetos a una fragilidad estructural. Una alteración mínima puede reconfigurar de manera profunda el devenir del conjunto. La teoría del caos, en este sentido, ofrece un marco analítico para comprender no solo fenómenos naturales, sino también acontecimientos sociales aparentemente fortuitos y por supuesto para no dar nada por supuesto. Ni siquiera la continuidad a medio plazo de lo que, en un claro abuso de lenguaje, hemos venido en llamar ‘civilización’. 

ECA 29 Agosto 2025